El Gobierno argentino solicitó formalmente a la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, que suspenda el fallo que lo obliga a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos litigantes Burford Capital y Eton Park, en el marco de la histórica demanda por la expropiación de la compañía petrolera en 2012. La administración de Javier Milei también adelantó que presentará una apelación formal en los próximos días.
La solicitud fue enviada por escrito al tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde se litiga el caso desde hace años, y subraya que el pedido de suspensión es “crucial” para evitar un daño irreparable mientras se sustancia la apelación. En el escrito, la Argentina remarcó que incluso el Gobierno de Estados Unidos apoyó la postura argentina, y manifestó su crítica ante la posibilidad de una ejecución inmediata del fallo.
Un conflicto de alto impacto económico y geopolítico
La decisión de Preska, conocida este lunes, ordenó a YPF entregar el paquete accionario estatal como compensación a los fondos querellantes, que alegan haber sido perjudicados durante el proceso de estatización iniciado en abril de 2012.
La sentencia fue estimada en USD 16.000 millones, cifra que el gobierno argentino considera “arbitraria” y sujeta a revisión legal, según fuentes de la Casa Rosada. Desde el Ejecutivo afirmaron que la sentencia es de “cumplimiento imposible” en sus términos actuales y anticiparon que, en caso de que Preska rechace la suspensión, acudirán directamente a la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito.
“No hay posibilidad alguna de acatar ese fallo mientras siga siendo solo una decisión de primera instancia”, sostuvo una fuente oficial.
Una estrategia defensiva sin negociación
Por el momento, el Gobierno descarta sentarse a negociar con Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos litigiosos del caso. La estrategia apunta a reducir el monto final de la sentencia, en caso de que la apelación no prospere totalmente, utilizando fundamentos jurídicos vinculados a la legislación argentina vigente al momento de la expropiación, la competencia del tribunal y la falta de legitimidad de los demandantes.
El especialista Sebastián Maril, director de Latam Advisors, confirmó que la República Argentina solicitó la suspensión del fallo, y explicó que el camino judicial continuará escalando en las próximas semanas.
Contexto: una disputa de más de una década
El caso se remonta a la estatización del 51% de las acciones de YPF, entonces en manos de Repsol, y la posterior omisión del Estado argentino de realizar una oferta pública de adquisición (OPA) como establecía el estatuto bursátil de la empresa. Esa omisión es la base de la demanda que, más de una década después, aún no encuentra un cierre judicial.
Mientras se define el destino de esta disputa internacional, YPF continúa operando como la principal compañía energética del país, con una participación de mercado superior al 55% y una fuerte presencia en Vaca Muerta.
