Un fallo sin precedentes sacude nuevamente a la Argentina. La jueza Loretta Preska, del tribunal del segundo distrito de Nueva York, ordenó al Estado argentino ceder el 51% de las acciones Clase D de YPF en favor de los fondos Burford Capital y Eton Park, como parte del resarcimiento por la expropiación de la petrolera ocurrida en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La medida judicial responde a una presentación realizada por los fondos litigantes para ejecutar la sentencia que en 2023 condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones, fallo que permanece impago.
Una transferencia bajo custodia y con plazos
Según la resolución, Argentina deberá transferir las acciones a una cuenta de custodia en The Bank of New York Mellon (BNYM) dentro de los próximos 14 días. Una vez completado el depósito, BNYM deberá traspasar la propiedad a los demandantes o a quienes estos designen, en un plazo de un día hábil.
En su argumentación, Preska sostuvo que las acciones “son libremente transferibles y asignables según la ley de Nueva York”, y que la sentencia es ejecutable contra cualquier propiedad que pueda ser cedida. También afirmó que las acciones de YPF fueron utilizadas para actividades comerciales en Estados Unidos, como la cotización en la Bolsa de Nueva York (NYSE), el registro ante la SEC y la colocación de deuda en el mercado norteamericano.
La inmunidad soberana, sin efecto
Preska citó la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) para justificar su decisión. “La propiedad de un Estado extranjero utilizada para una actividad comercial en los Estados Unidos no será inmune a la ejecución”, indicó la jueza, reforzando la idea de que el Estado argentino renunció a su inmunidad en los términos del derecho comercial internacional al participar activamente en esos mercados.
También desestimó los argumentos sobre la intransferibilidad de las acciones que estipula la Ley de Expropiación de YPF (Ley 26.741, artículo 10), al sostener que las «constancias de acciones» emitidas por Argentina acreditan que son plenamente transferibles bajo la ley del estado de Nueva York.
Alternativas y advertencias
El fallo deja a la Argentina ante una encrucijada: puede cumplir el fallo mediante la transferencia, modificar la ley local, o llegar a un acuerdo económico. Incluso reconoce que, de existir conflicto normativo, el interés de EE.UU. en la ejecución de sentencias judiciales pesa más que las restricciones legales impuestas por el país sudamericano.
La decisión judicial puede ser apelada, aunque en marzo Preska ya había rechazado el pedido argentino para investigar los términos y condiciones en los que se concretó la nacionalización de YPF.
Impacto inmediato
La noticia provocó una caída del 5% en las acciones de YPF en Wall Street, y un descenso del 4,5% en la bolsa local. El golpe financiero se suma a un complejo contexto macroeconómico y político, donde el gobierno de Javier Milei busca impulsar la inversión extranjera en energía, litio y petróleo a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Este nuevo revés judicial podría tensionar aún más el clima con los inversores y agravar la situación patrimonial del Estado en relación con activos estratégicos.
