Ante la reciente circulación de información sobre un supuesto decreto presidencial que buscaría reducir las áreas protegidas por la Ley de Protección Ambiental de Glaciares y Ambiente Periglacial, la Cámara Minera de San Juan ha salido al cruce para aclarar su postura.
Ricardo Martínez, presidente de la entidad, enfatizó que la clave reside en la reglamentación de la normativa, no en su modificación o derogación, buscando así brindar certeza jurídica a las inversiones y actividades económicas.
Un decreto no modifica una Ley: La postura de la cámara
En diálogo con «Acento en la Noticia» de LV5 Radio Sarmiento, Martínez puso en duda la veracidad de la información sobre un decreto que alteraría la ley. «Un decreto, entiendo, no modifica una ley», sentenció. La preocupación de la Cámara radica en la imprecisión técnica de la ley original de 2010, que, a pesar de su buen objetivo, ha generado intentos fallidos en la confección de inventarios y múltiples causas judiciales. La principal falencia, según Martínez, es la ausencia de una reglamentación formal y precisa que defina los alcances de las prohibiciones.
Reglamentar para trabajar: Un beneficio para múltiples sectores
Martínez subrayó que la falta de una reglamentación coherente impacta no solo en la minería, sino también en otras actividades vitales, como el desarrollo de infraestructura vial (mencionando el camino de Agua Negra). La propuesta del sector es clara: reglamentar la ley de forma práctica para que se pueda operar en estos ambientes, siempre bajo estrictos criterios de sostenibilidad.
La postura de la Cámara Minera es inquebrantable: «La minería, como cualquier actividad económica, no puede estar en contra de la defensa de estas áreas». Aclaran que están a favor de la investigación y la definición técnica precisa para la aplicación de una ley que «todos defendemos». Martínez fue categórico: «No se está queriendo modificar la ley, ni la minería está pidiendo que modifique la ley. No queremos que se derogue ni un artículo de la ley. Lo que queremos es que se reglamente de forma tal de que se pueda realizar actividad donde no haya geoformas glaciales que aporten agua al sistema hídrico regional». Esta es la definición que, según él, busca el sector productivo para poder avanzar.
Certeza jurídica y la realidad del inventario de glaciares
La industria minera requiere certeza jurídica para atraer capitales e inversiones a la Argentina. Martínez lamentó que, a 15 años de su promulgación, la Ley de Glaciares carezca de definiciones claras.
Respecto al inventario de glaciares, el presidente de la Cámara Minera consideró que «se hizo a medias o se hizo incompleto», limitándose a un nivel uno que definió sectores, pero dejando en la «nebulosa» la definición de ambiente periglacial. Los estudios de niveles dos y tres son esenciales, y es la iniciativa privada, a través de los proyectos mineros, la que ha avanzado en este conocimiento en zonas de interés en la cordillera argentina. Martínez criticó la falta de inversión estatal en estos estudios más complejos, que se basan en imágenes satelitales a menudo desactualizadas.
Derribando mitos: La minería y el agua
Frente a la preocupación pública sobre un posible avance de la minería sobre glaciares y su impacto en el agua, Martínez fue enfático: «No se puede hacer minería en un ambiente donde esté demostrado que hay glaciares con contribución hídrica al sistema local. Eso es imposible». Es inviable, aseguró, planificar una mina «arriba, encima, debajo de un glaciar».
El titular de la Cámara Minera reconoció que, desde la promulgación de esta ley, los glaciares han experimentado una merma significativa por factores climáticos, como la sequía. Especialistas coinciden en el retroceso glacial, con formas que antes se creían activas y que ahora no contribuyen agua al sistema hídrico. Si bien la información pública no ha completado el monitoreo necesario, las empresas mineras, en sus propios proyectos, han continuado evaluando y monitoreando con sensores, midiendo temperatura y flujo de agua, y contribuyendo esta información a los organismos estatales.
Martínez calificó de «fantasmas» las ideas que atribuyen a la minería la pérdida de agua o la emergencia hídrica en San Juan. Se remitió a «realidades y concreciones» basadas en estudios serios, inventarios y mediciones, citando como ejemplo la merma del caudal del Río San Juan a lo largo del siglo, un curso de agua sin proyectos mineros activos.
Transparencia y control para un desarrollo responsable
Finalmente, el presidente de la Cámara Minera destacó la necesidad de que la información y los informes de control sean públicos y transparentes, no solo desde la industria, sino, principalmente, desde las entidades de control.
La entrevista dejó en claro la postura de la Cámara Minera de San Juan: un apoyo irrestricto a la Ley de Glaciares, un rechazo absoluto a su modificación o derogación, y un firme pedido de reglamentación técnica y jurídica que permita un desarrollo económico responsable, previsible y transparente para el sector minero y otras actividades en Argentina.
