El potencial productivo frente a temores infundados: ¿una oportunidad desaprovechada?
Argentina presenta un escenario minero profundamente fragmentado. Mientras algunas provincias han apostado por el desarrollo del sector como motor de crecimiento económico, otras han optado por su prohibición o restricción, influenciadas por narrativas ambientalistas que, en muchos casos, carecen de sustento técnico-científico. Este mosaico de posturas genera desigualdades estructurales en términos de empleo, ingresos fiscales, infraestructura y oportunidades de inversión.
¿Por qué algunas provincias dicen sí y otras no a la minería?
La raíz de esta dicotomía se encuentra, principalmente, en percepciones sobre el impacto ambiental, especialmente en lo que respecta al uso y posible contaminación del agua. Si bien la preocupación por el ambiente es legítima, muchos de los argumentos utilizados para restringir la actividad minera se apoyan en generalizaciones o temores que no se corresponden con la evidencia empírica de la minería moderna, que hoy se desarrolla bajo estrictos estándares ambientales y marcos regulatorios robustos.
Provincias como San Juan o Santa Cruz han demostrado que es posible llevar adelante una minería responsable, con control estatal, monitoreo social y beneficios tangibles para las comunidades. Si esas condiciones se replican en otras jurisdicciones con similares características geológicas, ¿por qué no extender el modelo?
En contraste, aquellas provincias que han optado por la prohibición han desaprovechado una oportunidad concreta de diversificación productiva, generación de empleo calificado e incremento en la recaudación pública.
Casos testigo: Santa Cruz vs. Chubut, una Patagonia dividida
En la región patagónica, el contraste entre Santa Cruz y Chubut es paradigmático.
Santa Cruz se ha consolidado como uno de los bastiones de la minería metalífera en Argentina, con proyectos activos de oro y plata que generan miles de empleos y aportan significativamente a las arcas públicas. Gracias a una estrategia sostenida, basada en control ambiental, diálogo social e inversión en infraestructura, la minería se ha transformado en un pilar clave de su desarrollo económico.
En cambio, Chubut ha optado por una senda restrictiva desde la sanción de la Ley 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro. Aunque la provincia cuenta con importantes reservas minerales, la actividad se mantiene paralizada por la presión social y el temor a eventuales impactos ambientales. Esta decisión política ha limitado el desarrollo económico y ha contribuido a que zonas con alto potencial sigan marginadas, con dificultades estructurales para generar empleo e ingresos sostenibles.
Mendoza y San Juan: Desigualdades en Cuyo con origen político
En la región de Cuyo también se observa un fuerte contraste.
San Juan ha convertido a la minería en uno de sus principales motores económicos. Con marcos regulatorios modernos, incentivos a la inversión y políticas públicas claras, ha logrado atraer capitales, generar empleo e infraestructura, y consolidar un entorno favorable para el desarrollo minero. La actividad genera divisas, impulsa cadenas de valor y financia obras clave para la población.
Por el contrario, Mendoza, a pesar de su potencial geológico, ha limitado fuertemente el desarrollo del sector tras la aprobación de la Ley 7722. Esta norma, que restringe el uso de insumos críticos para la minería metalífera, responde a una demanda social centrada en la protección del agua, aunque estudios técnicos demuestran que la minería moderna puede coexistir con el uso racional de los recursos hídricos. Como resultado, Mendoza ha resignado oportunidades de crecimiento en el sector y continúa dependiendo fuertemente de la agricultura, la vitivinicultura y el turismo, sin lograr una verdadera diversificación económica.
Minería y pobreza: ¿correlación o causalidad?
Los datos socioeconómicos muestran un patrón claro: las provincias que han desarrollado la minería de forma sostenida tienden a exhibir mejores indicadores de empleo, recaudación y calidad de infraestructura. Si bien la minería no es una panacea contra la pobreza, ha demostrado ser un catalizador poderoso cuando se inserta en un modelo de desarrollo sustentable.
Los beneficios incluyen:
- Creación de empleo formal y bien remunerado.
- Incremento de la recaudación fiscal a través de regalías e impuestos.
- Inversiones en caminos, energía, escuelas y hospitales financiadas con recursos mineros.
- Estímulo al desarrollo de proveedores locales y economías regionales.
En contrapartida, las provincias que han renunciado a esta actividad enfrentan dificultades estructurales para generar alternativas económicas de igual escala y capacidad de transformación territorial.
Hacia una discusión racional y basada en evidencia
La discusión sobre la minería en Argentina sigue marcada por prejuicios, ideologías y temores que, en muchos casos, no se condicen con la realidad tecnológica ni con las experiencias exitosas en varias jurisdicciones del país. Lo que está en juego no es sólo un modelo productivo, sino la posibilidad de que las provincias más postergadas encuentren una vía concreta de desarrollo.
La minería moderna, regulada, controlada y socialmente consensuada, puede ser una herramienta clave para reducir desigualdades, generar empleo y dinamizar economías regionales. Es hora de dejar de lado los falsos dilemas y avanzar hacia una conversación basada en datos, evidencia y responsabilidad compartida entre Estado, empresas y comunidades.
