El plan de privatizaciones impulsado por el presidente Javier Milei fue presentado desde el inicio de su gestión como uno de los pilares del “shock libertario” para reducir el tamaño del Estado y atraer inversiones.
Sin embargo, tras más de un año y medio de gobierno, los resultados concretos son escasos y las empresas efectivamente privatizadas se pueden contar con los dedos de una mano. Entre anuncios rimbombantes, decretos, resistencias políticas y falta de oferentes, el proceso de desestatización parece avanzar más en el discurso que en los hechos.
Una privatización concreta, algunas reconversiones
Hasta ahora, la única privatización concretada en forma plena es la de IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona), vendida en enero de 2025 al fondo estadounidense Arc Energy. La operación incluyó el 85 % del capital accionario por 27 millones de dólares, con el compromiso adicional de hacerse cargo de una deuda cercana a los 576 millones. IMPSA, con sede en Mendoza, es proveedora de soluciones en energía hidroeléctrica y nuclear, y su traspaso al sector privado fue presentado como un “modelo a replicar”.
Otras dos compañías estatales fueron reconvertidas con vistas a una futura privatización:
- Banco Nación, transformado por decreto en sociedad anónima, aunque el Estado aún conserva el 99,9 % del capital. Esta maniobra apunta a facilitar una eventual apertura a capital privado. En paralelo, el Gobierno anunció el cierre de 60 sucursales en todo el país, una señal clara del achicamiento de su estructura operativa.
- Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), reconvertida en “Carboeléctrica S.A.” mediante otro DNU. Este paso legal busca allanar el camino hacia una privatización, aunque todavía sin avances visibles en esa dirección.
Ley Bases: mucho ruido, pocos hechos
La Ley de Bases, aprobada en junio de 2024, autorizó la privatización total o parcial de ocho empresas públicas. Fue presentada como un “hito histórico” por el oficialismo. Sin embargo, un año después de su aprobación, ninguna de esas empresas ha sido efectivamente vendida.
El listado incluye a:
- AySA, Enarsa, Intercargo, Trenes Argentinos (SOFSE), Belgrano Cargas, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina y YCRT.
En todos los casos, restan pasos fundamentales: apertura de licitaciones, publicación de pliegos, recepción de ofertas. El camino está trazado, pero todavía no hay resultados concretos.
Aerolíneas, Télam, Correo y ahora FADEA: casos emblemáticos
Uno de los casos más simbólicos es el de Aerolíneas Argentinas. El presidente Milei reiteró en múltiples ocasiones su intención de privatizarla, pero hasta el momento no ha habido avances operativos ni presentación de interesados. Las fuertes resistencias gremiales y la carga financiera de la compañía continúan bloqueando el proceso.
En cambio, otras empresas fueron directamente disueltas o desactivadas sin pasar por el proceso de venta. Es el caso de Télam, que fue cerrada en marzo, y de la Administración General de Puertos, cuyas funciones fueron absorbidas por el Ministerio de Economía.
Respecto al Correo Argentino, el Gobierno mantiene firme su intención de privatizarlo o concesionarlo. El ministro Federico Sturzenegger indicó que la empresa “se privatizará, se concesionará o se transferirá a sus empleados”. Esta iniciativa se enmarca en una política más amplia de desregulación del servicio postal. Aunque todavía no se ha definido el mecanismo, la decisión política está clara.
En ese mismo sentido, FADEA (Fábrica Argentina de Aviones), con sede en Córdoba, vuelve a entrar en la nómina de estatales a privatizar. En paralelo a un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) tramitado ante el Ministerio de Trabajo provincial, el Gobierno activó un esquema de suspensiones rotativas para sus 720 empleados, cubriendo solo el 80 % de los salarios durante 90 días. Mientras se evalúa una posible alianza con la emiratí Global Aerospace Logistics (GAL), gigante del mantenimiento aéreo, el Ejecutivo no descarta buscar directamente compradores privados o transferir el control de FADEA a la provincia de Córdoba.
Un proceso con más narrativa que resultados
Si bien el Gobierno insiste en que las privatizaciones son claves para reducir el déficit fiscal y promover la eficiencia del sector público, lo cierto es que los avances reales son limitados. Las causas son múltiples:
- Desinterés privado en empresas poco rentables o con deudas significativas.
- Fuerte resistencia sindical y política, sobre todo en sectores sensibles como energía, transporte y comunicaciones.
- Marco legal y estructural complejo, que dificulta la venta directa.
Mientras tanto, los sectores industriales y financieros, tanto nacionales como extranjeros, siguen de cerca el proceso, con una mezcla de expectativa y cautela. El “plan motosierra” necesita resultados concretos para no convertirse en una narrativa sin ejecución.
¿Qué viene?
De cara al segundo semestre de 2025, el Gobierno enfrenta el desafío de pasar del anuncio a la implementación. Empresas como Enarsa, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica, AySA y ahora también FADEA requieren decisiones políticas, herramientas técnicas y voluntad de los inversores. La velocidad y profundidad con la que se avance marcará el éxito o el fracaso de esta etapa.
Por ahora, la revolución privatizadora está lejos de materializarse, y muchas de las promesas hechas con bombos y platillos se diluyen en la complejidad del Estado real.
