Mientras el Gobierno nacional y Nucleoeléctrica Argentina avanzan con el proyecto Atucha III y la extensión de vida de Atucha I, una pregunta clave permanece ausente del debate público: ¿de dónde saldrá el uranio necesario para alimentar el crecimiento del parque nuclear argentino?
Hoy, la Argentina importa el 100% del uranio que utiliza, a pesar de contar con reservas reconocidas y tecnología para su procesamiento. Proyectos como Cerro Solo (Chubut), Sierra Pintada (Mendoza) y Meseta Central (también en Chubut) siguen paralizados por limitaciones normativas, conflictos ambientales y falta de decisión política.
Un recurso estratégico… que no se explota
Argentina fue uno de los primeros países de América Latina en desarrollar el ciclo completo del combustible nuclear. Cuenta con empresas estatales como CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) y Dioxitek, que producen dióxido de uranio. Sin embargo, no existe minería activa de uranio desde 1997, cuando se cerró el complejo San Rafael.
El yacimiento Cerro Solo, en la cuenca de San Jorge (Chubut), es considerado uno de los más avanzados en términos técnicos:
- Recursos estimados: más de 10.000 toneladas de uranio.
- Operado por: la propia CNEA.
- Estado: listo para pasar a etapa de factibilidad, pero bloqueado por la Ley 5.001, que prohíbe en Chubut la minería metalífera a cielo abierto y el uso de sustancias químicas.
Otro caso emblemático es Sierra Pintada, en Mendoza. Allí la CNEA también busca reactivar una mina clausurada en los 90. Si bien la provincia tiene un marco legal que habilita la actividad con controles, los intentos por reiniciar la operación han enfrentado resistencia social y obstáculos judiciales.
Chubut: una pulseada que se mantiene
En la Meseta Central de Chubut, proyectos como Laguna Salada (U3O8 Corp) y otros más pequeños también permanecen en stand-by. El conflicto entre el desarrollo minero y los sectores ambientalistas se agudizó en 2021, cuando se derogó una ley que habilitaba la zonificación minera tras un fuerte estallido social. Desde entonces, ni el gobierno provincial ni el nacional han reactivado el debate.
Incluso la CNEA ha mantenido un perfil bajo en Chubut. “El potencial está, pero no hay voluntad política ni condiciones normativas para avanzar”, reconocen fuentes cercanas al organismo.
La paradoja del ciclo cerrado
Argentina invierte millones en nuevas centrales, capacita ingenieros nucleares y sostiene una industria exportadora de reactores como INVAP. Sin embargo, depende de importaciones de uranio de Kazajistán, Canadá o Rusia para operar sus propias plantas.
Esta dependencia contradice la lógica del ciclo cerrado del combustible nuclear, que ha sido política de Estado durante décadas.
Además, el uranio está volviendo a posicionarse como insumo crítico a nivel global, impulsado por la transición energética y la revalorización de la energía nuclear como fuente libre de emisiones. La Agencia Internacional de Energía proyecta un aumento de la demanda de uranio del 40% hacia 2040.
¿Y ahora qué?
El Gobierno actual ha expresado respaldo a la energía nuclear como parte de la matriz energética diversificada, pero no ha dado señales concretas sobre el desarrollo minero asociado. Tampoco hay incentivos fiscales específicos para exploración de uranio, ni planes para modernizar la normativa ambiental que regule la actividad con transparencia.
En este contexto, expertos advierten:
“Sin minería de uranio, la autonomía energética es una ilusión. Hay que salir del tabú y discutir con datos, no con consignas”.
