Mientras Argentina importa uranio para alimentar sus centrales nucleares, en Chubut el debate sobre su potencial sigue siendo empujado más por voceros empresariales que por actores con experiencia en energía nuclear. El problema no es sólo técnico o político: es también comunicacional. Quienes intentan instalar el tema carecen de la preparación necesaria para informar con rigor a la sociedad.
Voceros sin respaldo técnico
Los voceros actuales del debate por el uranio en Chubut no parecen ser los adecuados. Gerardo Cladera, presidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (CAPEM), volvió a tomar la palabra para hablar ahora de minería de uranio, pese a su historial como vocero del cuestionado proyecto Navidad, de Pan American Silver, del que dejó de hablar tras el estallido social de diciembre de 2021. Su responsabilidad en la estrategia de comunicación minera durante aquel proceso fallido es central, y sin embargo hoy reaparece con afirmaciones incorrectas que sólo contribuyen a confundir a la sociedad. Entre ellas, sostiene que la lixiviación in situ sería viable en Chubut, algo que ha sido desmentido categóricamente por especialistas.
Cladera ha sugerido públicamente que la minería de uranio podría desarrollarse en Chubut mediante técnicas como la lixiviación in situ, pero su afirmación fue categóricamente desmentida por especialistas con trayectoria en el área.
Nilda Marveggio, Especialista en Uranio y ex integrante de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), fue contundente:
“Para Cerro Solo, la lixiviación in situ no es viable”, afirmó.
Y explicó que ya en los años 90 la CNEA, con apoyo de expertos internacionales y del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), realizó estudios exhaustivos sobre las condiciones geológicas del yacimiento.
Además, Marveggio apuntó a la barrera legal que hoy impide avanzar sobre cualquier modalidad extractiva posible en Cerro Solo o yacimientos similares.
“Por el tipo de uranio que tenemos, no sería factible explotarlo de acuerdo a lo que establece la ley”, lamentó.
“Es la única forma de extracción que tenemos disponible para Cerro Solo”, agregó, en alusión a la minería a cielo abierto.
La ley a la que se refiere es la Ley 5001 de Chubut (renumerada, pero vigente), que en su primer artículo prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio provincial. Su artículo segundo establecía que en 120 días debía realizarse una zonificación minera para definir excepciones y delimitar qué áreas podrían habilitarse para distintos métodos de extracción. Esa zonificación, sin embargo, nunca se llevó a cabo.
Uranio: Una oportunidad desaprovechada
El resultado de esta combinación de desinformación, ausencia de planificación estatal y bloqueo legal es que Argentina sigue importando uranio cuando podría autoabastecerse, o incluso exportar.
«Según la CNEA, Argentina importa actualmente 100% del uranio enriquecido para sus centrales nucleares (Atucha I, II y Embalse), con un costo anual aproximado de US$ 30 millones (Fuente: Memoria CNEA 2023).
La reactivación de Sierra Pintada (Mendoza) permitiría cubrir el 100% de la demanda nacional de uranio natural (220 toneladas/año) y ahorraría divisas. Además, el yacimiento Cerro Solo (Chubut) -con recursos medidos de 4.420 toneladas- podría generar excedentes exportables, pero su desarrollo está limitado por la Ley 5001 de Chubut que prohíbe la minería de uranio.
En caso de habilitarse estos proyectos, la CNEA estima que Argentina podría:
- Eliminar las importaciones de uranio natural (US$ 30M/año)
- Generar hasta US$ 80 millones anuales por exportaciones (proyección basada en precios internacionales y capacidad de producción – Foro Nuclear Argentino, 2021)
Nota: Los proyectos Laguna Salada, Los Adobes y Meseta Central no cuentan con estudios de factibilidad publicados ni permisos ambientales aprobados.
Potencial real, conducción ausente
Chubut tiene el uranio. Argentina tiene la tecnología nuclear. Lo que falta es una conducción institucional con seriedad técnica, que recupere el rol de organismos como la CNEA, y un marco normativo que se construya con participación ciudadana, transparencia y evidencia científica.
Mientras tanto, dejar el debate en manos de actores empresariales que ni exploran uranio ni comprenden la regulación nuclear internacional, no solo atrasa: también degrada una oportunidad estratégica que podría fortalecer la matriz energética del país y posicionar a Argentina como proveedor global en un mundo que busca fuentes bajas en carbono.
