Fue promovido como el “verdadero outsider” para liderar la Secretaría de Minería. Pero apenas un año y seis meses después, Pablo Rutigliano, presidente de la denominada «Cámara Latinoamericana del Litio», no solo denunció al gobierno de Javier Milei por permitir una “subfacturación sistemática” del litio argentino, sino que también exige medidas judiciales contra funcionarios nacionales y provinciales.
Paradójicamente, denuncia esto mientras sigue promocionando un token digital respaldado en supuestas reservas de litio que, según documentos oficiales, no existen.
La historia de Pablo Rutigliano es una muestra descarnada del doble juego en el mundo del litio argentino. A fines de 2023, era impulsado desde los entornos más cercanos al presidente como un candidato técnico, disruptivo, sin vínculos con la “casta” y alineado con las ideas del nuevo gobierno. Se lo presentaba como el único capaz de “transparentar” el negocio del litio, y su designación como secretario de Minería era una posibilidad concreta. Pero el entusiasmo libertario duró poco.
En mayo de este año, Rutigliano presentó ante la Justicia Federal una denuncia explosiva: acusó a las principales empresas productoras de litio —entre ellas Minera del Altiplano, Sales de Jujuy y Exar— de subfacturar exportaciones por más de 400 millones de dólares en lo que va de 2024 y 2025. Y fue más allá: pidió investigar a funcionarios de la Secretaría de Minería, la AFIP y las provincias litíferas por supuesta omisión de control. En otras palabras, denunció al mismo aparato estatal que hasta hace poco quería conducir.
Pero hay un dato que Rutigliano no incluye en su informe: él mismo es CEO de Atómico 3, una empresa que emite tokens digitales atados a reservas de litio en San Juan. Reservas que, de acuerdo a información oficial de la Secretaría de Minería y el catastro provincial, no poseen ni titularidad ni derechos mineros registrados. A pesar de ello, según registros y otras fuentes, ya habría recaudado más de un millón de dólares con ese proyecto. La contradicción es evidente: el denunciante del “vaciamiento” también opera en los márgenes más opacos del negocio que critica.
La denuncia presentada por Rutigliano se apoya en un informe técnico-económico que compara los valores FOB declarados por las empresas exportadoras argentinas con los precios de referencia en los mercados internacionales, como la Bolsa de Shanghái y la London Metal Exchange. Mientras el precio internacional del carbonato de litio grado batería promedió los 15.157 dólares por tonelada en 2024, las exportaciones argentinas se declararon en apenas 8.889 dólares.
La llamada Cámara Latinoamericana del Litio —presidida por Rutigliano— estima que esta diferencia generó pérdidas por más de 400 millones de dólares entre enero y abril. La denuncia apunta directamente a las empresas Minera del Altiplano (Livent), Sales de Jujuy (Allkem), Exar (Ganfeng/Pluspetrol) y Puna Mining, a quienes acusa de integrar un “esquema sistemático de subfacturación” en connivencia con organismos estatales que deberían fiscalizarlas.
El documento solicita la citación a indagatoria de los directivos de esas compañías, el requerimiento de documentación contable y societaria, y medidas cautelares que eviten la fuga de divisas. También exige investigar a funcionarios públicos, incluyendo autoridades de la Secretaría de Minería de la Nación, la AFIP (ARCA) y gobiernos provinciales por su presunta complicidad u omisión.
Lo paradójico es que, mientras denuncia este supuesto “saqueo sistemático” del litio argentino, Rutigliano opera su «propio negocio en el mismo sector», desde un costado incluso más opaco. Atómico 3, la empresa que preside, ofrece a través de su plataforma digital un token supuestamente respaldado por reservas de litio ubicadas en la zona de Mogna, San Juan. Sin embargo, según pudo verificar este medio con fuentes oficiales de la Secretaría de Minería y el catastro provincial, esa empresa no posee derechos mineros registrados ni titularidad sobre yacimientos de litio.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) tiene un papel clave en la supervisión de cualquier instrumento financiero ofrecido al público, y sin embargo, ha permanecido inactiva ante la emisión y comercialización del token digital que Atómico 3 ofrece como respaldo en reservas de litio inexistentes. Esta ausencia de control permite que se venda al mercado una innovación financiera que, en realidad, es puro humo: una estafa encubierta que pone en riesgo a pequeños inversores y deslegitima el sector. Paradójicamente, Rutigliano denuncia irregularidades estatales y empresariales en el sector del litio mientras su propia iniciativa financiera se sostiene sobre una base fraudulenta que el organismo regulador no fiscaliza. Esto evidencia no solo la falta de regulación, sino la fragilidad del mercado argentino ante proyectos que prometen riqueza pero solo generan desconfianza y pérdidas.
Rutigliano denuncia irregularidades estatales y empresariales en el sector del litio mientras su propia iniciativa financiera se sostiene sobre una base fraudulenta que el organismo regulador no fiscaliza.
Mientras tanto, desde el gobierno de Javier Milei —al que hasta hace poco se mostraba alineado— nadie ha respondido a las graves acusaciones formuladas por su ex candidato. Ni la Secretaría de Minería, ni la AFIP emitieron comentarios sobre la denuncia, ni sobre la contradicción que representa que un denunciante del “saqueo” también intente capitalizar el litio mediante mecanismos financieros no regulados.
