Mientras el Gobierno impulsa el RIGI y busca atraer grandes capitales, el caso Atómico 3 y Atómico 29 expone los vacíos regulatorios y el silencio de actores clave del sector minero. ¿Qué confianza puede generar un país donde las reglas no se hacen cumplir?
Argentina busca posicionarse como destino clave para inversiones en sectores estratégicos como minería, energía e infraestructura. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las giras internacionales, las exposiciones y los discursos de promoción productiva coinciden en una narrativa: el país necesita capital, tecnología y empleo privado. Sin embargo, detrás de ese relato se esconde una realidad mucho más incómoda: el propio sistema institucional que debería garantizar esas inversiones está siendo desbordado por la informalidad, la pasividad y, en algunos casos, la complicidad.
Un ejemplo reciente y paradigmático es el caso de Atómico 3 y Atomico 29, una firma que afirma haber creado la tokenizacion de metales, supuestamente respaldado por reservas de litio en San Juan. Sin embargo, como viene revelando AgendaIndustrial.com en una serie de investigaciones, la empresa no posee títulos mineros en esa provincia, no está habilitada por la CNV, ni figura como operador autorizado en ningún registro oficial de explotación o comercialización de litio. A pesar de ello, sigue realizando eventos, captando fondos privados y promoviendo un activo inexistente, sin ninguna consecuencia legal visible hasta ahora.
El daño que no se ve (pero se siente)
Para el público general, este puede parecer un hecho anecdótico o marginal. Pero para los inversores reales —fondos, compañías globales, bancos de inversión— este tipo de situaciones envía una señal clara: en Argentina se puede mentir sin consecuencias.
Mientras países como Chile, Perú o Canadá refuerzan sus estándares de reporte técnico, regulaciones ambientales y transparencia institucional, Argentina deja circular emprendimientos sin control ni respaldo oficial, arriesgando su reputación en mercados donde la confianza es más importante que los discursos.
El silencio del sector
Lo más llamativo no es solo la falta de acción estatal. La ausencia de posicionamientos por parte de cámaras empresarias, asociaciones mineras, y hasta actores provinciales clave resulta alarmante. ¿Dónde están los comunicados de repudio de la CAEM, las advertencias de las Secretarias de Minería, o incluso los pronunciamientos de los funcionarios responsables de atraer inversiones?
El silencio parece tener dos razones: evitar el conflicto con otros actores políticos, y un cálculo erróneo de que “cuanto menos se diga, más rápido se olvida”. Pero el costo es altísimo. Cada caso de pseudoempresa minera que circula libremente socava el trabajo de cientos de compañías serias, proveedores, ingenieros y técnicos que están construyendo proyectos reales con estándares internacionales.
¿Incentivos sin reglas?
El Gobierno apuesta fuerte al RIGI como marco de atracción para inversiones millonarias. Pero sin una institucionalidad robusta que sancione las irregularidades, prometer estabilidad regulatoria es apenas un enunciado vacío. La minería, el petróleo, la energía renovable y la industria requieren mucho más que beneficios fiscales: necesitan confianza jurídica, respaldo técnico y una comunidad de actores que defienda la seriedad del sistema.
En lugar de blindar el sector ante los oportunistas, hoy parece que se lo deja expuesto a ellos. Y eso, a mediano plazo, termina alejando a los inversores que sí pueden aportar desarrollo genuino.
