La Casa Rosada impulsa una nueva reglamentación de la Ley 26.639 sin pasar por el Congreso. El objetivo: redefinir los alcances del ambiente periglacial y dar luz verde a inversiones en minería y energía.
El Gobierno nacional trabaja en una reforma clave para el desarrollo minero y energético del país: una readecuación reglamentaria de la Ley de Glaciares que permitiría ampliar la superficie disponible para la exploración y explotación de recursos en zonas actualmente restringidas. A diferencia de intentos anteriores, esta vez se busca avanzar por vía administrativa, a través de un decreto, sin necesidad de aprobación legislativa.
La estrategia apunta a modificar la reglamentación vigente de la Ley 26.639, que protege los glaciares y el ambiente periglacial, una zona que abarca buena parte del territorio cordillerano argentino donde se ubican algunos de los principales proyectos de cobre, oro, plata, litio e hidrocarburos no convencionales.
¿Qué cambia con la nueva reglamentación?
Según fuentes del Ejecutivo, el objetivo es “dar seguridad jurídica a las inversiones estratégicas” que hoy están condicionadas por la interpretación restrictiva de lo que se considera “ambiente periglacial”. La actual definición, adoptada durante la reglamentación original de la ley en 2011, bloquea la actividad extractiva en áreas que, según expertos del sector, no presentan riesgo hídrico relevante ni contienen cuerpos de hielo permanentes.
La nueva reglamentación busca redefinir los criterios técnicos sobre qué constituye una zona efectivamente protegida, priorizando áreas con función hídrica crítica y excluyendo zonas periglaciares marginales sin presencia de glaciares activos.
¿Quiénes participan del rediseño?
El rediseño normativo está siendo coordinado por el Ministerio de Economía, que lidera Luis Caputo, en conjunto con:
- La Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti.
- El área de Coordinación de Energía y Minería, a cargo de Daniel González.
- La Secretaría Legal y Técnica, bajo el mando de María Ibarzabal.
El borrador, que aún se encuentra en elaboración, apunta a armonizar la legislación ambiental con los planes de desarrollo productivo impulsados por gobernadores de provincias mineras como San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy.
Un antecedente con freno político e internacional
Este mismo intento de reforma ya había sido incluido en el primer borrador de la Ley Bases a comienzos de 2024, pero fue retirado tras no reunir los consensos necesarios en el Congreso. La presión de organizaciones sociales y el rechazo de relatores de derechos humanos de la ONU también jugaron un rol determinante.
El 5 de febrero de 2024, cinco relatores especiales del sistema de Naciones Unidas advirtieron que la propuesta era “regresiva” en materia ambiental y podía poner en riesgo el trabajo de defensores de derechos humanos y comunidades locales. Aquel pronunciamiento internacional tuvo peso político y forzó al Gobierno a dar marcha atrás.
Hoy, sin necesidad de pasar por el Congreso y con el respaldo explícito de las provincias productoras, la Casa Rosada encuentra una vía alternativa para avanzar con los cambios.
Señales a los mercados: atraer inversión y acelerar obras
La revisión del régimen glaciar se inscribe en una estrategia más amplia: agilizar las condiciones regulatorias para proyectos de alto impacto económico. Con una macroeconomía aún en tensión y la necesidad de mostrar señales de dinamismo ante inversores locales e internacionales, el Ejecutivo considera prioritaria la flexibilización normativa para sectores estratégicos.
Las reformas también buscan acelerar la evaluación ambiental de proyectos de gran escala, como el cobre en San Juan (Los Azules, El Pachón, Josemaría), el litio en Catamarca, Salta y Jujuy, y el shale en Vaca Muerta, zonas donde la normativa glaciar actual representa un cuello de botella o fuente de litigios.
¿Qué puede esperarse?
La modificación por decreto de la reglamentación de la Ley de Glaciares abriría una nueva etapa para la minería y la energía en la Argentina. Sin embargo, también podría escalar la tensión con sectores ambientalistas, ONGs internacionales y comunidades locales, especialmente si no se articula con una política integral de gestión hídrica y sostenibilidad.
