El gobierno desmantela Vialidad Nacional pero sigue cobrando el impuesto al combustible destinado al mantenimiento de rutas.
La pregunta es simple, pero inquietante: si Vialidad Nacional deja de existir, ¿quién va a mantener las rutas? Y una más incómoda aún: ¿por qué seguimos pagando un impuesto al combustible que, supuestamente, financia ese mantenimiento?
En medio del fuerte ajuste del Estado, el gobierno nacional avanzó con la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad como organismo descentralizado. La medida se encuadra en la política de desguace del sector público, pero deja abiertos interrogantes fundamentales sobre el sistema vial argentino y su financiamiento.
Un impuesto vigente que ya no tiene destino claro
Cada vez que un argentino carga nafta o gasoil en una estación de servicio, una parte del precio va al llamado «Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono» (ICLC). Este tributo, vigente desde 1998, fue creado con la finalidad específica de financiar la conservación, mantenimiento y mejora de la red vial nacional. Se trata de una suma fija por litro cargado, actualizada periódicamente.
La ley es clara: el objetivo del impuesto es garantizar rutas transitables, seguras y en buen estado. Pero si Vialidad Nacional —el organismo que históricamente ejecutó ese mandato— deja de operar, ¿qué ocurre con esos fondos?
Privatización encubierta o vaciamiento estatal
Aunque el gobierno no lo ha explicitado, todo indica que el mantenimiento de rutas será transferido a concesionarias privadas, o bien a las provincias, sin garantizar los recursos necesarios. Esto abre un debate clave sobre la equidad territorial: ¿cómo harán provincias sin recursos para sostener sus rutas nacionales?
Además, no hay anuncios oficiales sobre la derogación o redirección del impuesto a los combustibles, lo que podría configurar un caso de recaudación sin contraprestación.
Preguntas sin respuesta
- ¿El gobierno nacional seguirá cobrando el impuesto al combustible mientras transfiere o terceriza la responsabilidad del mantenimiento vial?
- ¿Se eliminará el tributo o se usará con otro fin no declarado?
- ¿Qué pasará con las rutas nacionales en regiones clave para la producción y la exportación, como la Patagonia, el NOA o la región centro?
Consecuencias para la industria y la logística
La incertidumbre no es menor. En un país que depende del transporte por camión para más del 90% de su carga, el estado de las rutas no es un lujo, sino una necesidad económica. Deterioro vial implica más accidentes, mayor gasto logístico, y pérdida de competitividad para industrias que ya operan con márgenes ajustados.
¿Habrá un plan para mantener corredores estratégicos como el de Vaca Muerta, los puertos agroexportadores o los proyectos mineros en regiones de difícil acceso? ¿O se dejará librado al mercado o la voluntad de cada provincia?
¿Reforma fiscal o nueva trampa?
En tiempos de transparencia fiscal, el ciudadano debería saber a dónde va cada peso que paga. Si el impuesto al combustible sigue vigente pero su fin original desaparece, estaríamos ante una contradicción legal y política de fondo.
El gobierno habla de eficiencia, pero eliminar funciones sin redefinir los recursos ni explicar el nuevo modelo de gestión vial no es eficiencia, es improvisación.
