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Gustavo Petro busca reformar el código de minería de Colombia

Gustavo Petro busca reformar el código de minería de Colombia

Gustavo Petro busca reformar el código minero de Colombia

El presidente Gustavo Petro propuso el fin de semana una reforma del código minero colombiano, que fue expedido inicialmente en 2001.

Durante un cabildo celebrado en la localidad de Dabeiba, en el departamento de Antioquia (noroeste), Petro dijo que es urgente una actualización porque el código actual permite la exploración minera en zonas que albergan importantes recursos de agua dulce y tierras agrícolas.

Hay que reformarlo, no nos sirve (…) El Estado no debe seguir priorizando a las grandes multinacionales mineras. El Estado debe priorizar al pequeño minero tradicional, a la pequeña minería tradicional y, sobre todo, apoyar el esfuerzo minero que indudablemente se necesita, porque esta no es una guerra contra la minería sino contra las formas en que actualmente se realiza la minería en Colombia“, dijo.

Para sacar adelante la reforma, Petro sugirió organizar una gran convención minera nacional en la que los pequeños mineros puedan exponer sus ideas sobre el contenido del código minero actualizado.

El presidente también hizo un llamamiento a los pueblos indígenas que viven en zonas afectadas por la actividad industrial para que se acerquen al gobierno en busca de recursos y tomen la iniciativa de revitalizar las selvas colombianas y conservar las fuentes de agua dulce.

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Enfoque en la minería


No es la primera vez que el nuevo gobierno pone sus ojos en la industria minera.

Ya en septiembre, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, dijo que Colombia podría exigir a las empresas mineras la obtención de licencias ambientales para la exploración, con el fin de proteger el medio ambiente, aumentar el control estatal y evitar conflictos entre las comunidades y las empresas extractivas.

El anuncio tuvo lugar en un momento en el que las empresas mineras y de petróleo y gas ya hacían sonar la alarma por una propuesta de reforma fiscal de 5.600 millones de dólares que implicaba un aumento del impuesto sobre la renta de las industrias extractivas en un 5% y el incremento de un impuesto a la exportación hasta el 20% para el petróleo y el carbón vendidos por encima de ciertos precios límite.

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