Argentina enfrenta un desafío estructural para convertir su potencial en desarrollo económico concreto. El país cuenta con recursos estratégicos en minería, energía, agroindustria, infraestructura y economía del conocimiento, pero los cuellos de botella regulatorios atentan contra la concreción de proyectos que podrían generar empleo, divisas y desarrollo productivo a gran escala.
La buena noticia es que no se parte de cero. Hay diagnósticos consensuados, proyectos legislativos circulando y experiencias internacionales exitosas que pueden adaptarse a la realidad argentina. Lo que falta es decisión política, articulación interjurisdiccional y capacidad técnica para transformar esas intenciones en resultados.
El laberinto normativo argentino
Hoy, cualquier proyecto de gran escala que pretenda avanzar en Argentina debe recorrer un camino fragmentado entre normativas nacionales, provinciales y municipales, además de enfrentar procesos administrativos extensos, superposición de organismos y –frecuentemente– falta de coordinación entre las partes.
No se trata solo de burocracia: la ausencia de plazos claros y la incertidumbre jurídica afectan la confianza de los inversores. En minería, por ejemplo, hay proyectos que acumulan más de una década en evaluación. En energía e infraestructura, la demora en autorizaciones puede implicar perder financiamiento internacional o ventanas estratégicas de mercado.
El caso del RIGI: incentivo con trabas administrativas
El actual Gobierno nacional impulsa grandes inversiones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta pensada para atraer capitales por cientos o miles de millones de dólares. Sin embargo, esas inversiones, una vez inscriptas, deben atravesar un entramado de oficinas administrativas dispersas, con tiempos inciertos y escasa coordinación.
Esto genera una paradoja peligrosa: mientras se ofrecen beneficios fiscales y aduaneros para atraer inversiones estratégicas, la falta de una estructura administrativa ágil retrasa definiciones clave. Para muchas empresas, especialmente internacionales, la incertidumbre en los tiempos de respuesta es tan determinante como los beneficios impositivos ofrecidos.
La clave es entender que no alcanza con generar incentivos: es necesario ordenar el funcionamiento del Estado para que esos incentivos se traduzcan en proyectos concretos en el menor tiempo posible.
Propuestas sobre la mesa
Desde distintos sectores productivos se han planteado reformas técnicas específicas que permitirían reducir sensiblemente los tiempos de tramitación sin resignar controles ambientales o sociales.
Entre las iniciativas más relevantes se destacan:
📌 1. Ventanilla Única Nacional
Una propuesta concreta es crear una ventanilla única integral para proyectos estratégicos, que articule todos los trámites necesarios en un solo expediente. Esto requiere convenios entre Nación, provincias y municipios, garantizando que lo que hoy tarda años, pueda resolverse en meses.
📌 2. Ley de Proyectos Estratégicos
Se discute en ámbitos técnicos la posibilidad de sancionar una ley específica para proyectos de alto impacto, con:
- Plazos máximos para aprobaciones.
- Participación ciudadana temprana, obligatoria y vinculante.
- Estabilidad normativa durante la ejecución del proyecto.
📌 3. Certificación Temprana
Inspirado en experiencias como Chile y Perú, se plantea incorporar certificaciones ambientales y técnicas preliminares que permitan destrabar inversiones en etapas iniciales.
📌 4. Régimen de Previsibilidad Fiscal y Cambiaria
No hay desarrollo sin reglas claras. Por eso, sectores industriales proponen estabilidad fiscal por al menos 10 años y acceso garantizado a divisas para importaciones estratégicas vinculadas a los proyectos.
📌 5. Plataforma Pública de Seguimiento
La creación de plataformas digitales públicas donde se pueda consultar el estado del expediente, plazos vencidos y responsables administrativos sería un paso clave para transparencia y control ciudadano.
¿Qué hacen otros países?
- Chile: su Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) funciona con ventanilla única desde hace años.
- Perú: implementó certificaciones tempranas en minería, reduciendo a menos de la mitad los tiempos de aprobación.
- Canadá: desarrolló el sistema One Project, One Assessment para evitar superposiciones.
La Argentina no tiene que inventar la rueda. Tiene que adaptar buenas prácticas internacionales a su esquema federal.
El tiempo es ahora
La falta de agilidad en las condiciones regulatorias no es solo un problema administrativo: es un problema económico. En un contexto donde el mundo demanda minerales críticos, energía limpia, alimentos y tecnología, cada demora es una oportunidad perdida.
Agilizar los trámites, ordenar las competencias y establecer reglas claras es una decisión estratégica. Para Argentina, eso significa transformar recursos en producción, producción en empleo, y empleo en desarrollo.
El desafío está planteado. La agenda es técnica. La decisión es política.
