El anuncio oficial de la creación de YPF Nuclear y la decisión de iniciar el desarrollo de minería de uranio en Chubut como parte del Plan Nuclear Argentino encendió las alarmas del histórico movimiento antiminero de la provincia. Las Asambleas Ambientalistas convocaron a una jornada de protestas para el próximo 4 de agosto en Rawson, Esquel y otras localidades, bajo el lema de siempre: «No hay licencia social».
Como desde hace dos décadas, los sectores que rechazan la actividad minera vuelven a movilizarse con consignas conocidas: falta de información, ausencia de estudios de impacto ambiental, riesgo para el agua y la salud. Pero hay algo que falta en este escenario: una alternativa concreta de desarrollo para una provincia que carga con una grave crisis fiscal, estancamiento productivo y miles de jóvenes emigrando en busca de oportunidades.
Un déjà vu esquelense, pero con la energía del siglo XXI
Las movilizaciones tendrán epicentro en Esquel —donde se instaló en 2003 el «No a la mina» como un dogma— y en Rawson, frente a la Legislatura, donde se espera presión para que no se modifique la Ley 5.001, que prohíbe la minería metalífera con uso de sustancias químicas.
Sin embargo, esta vez no se trata de oro ni de megaminería: se trata de uranio, un recurso estratégico que Argentina lo utiliza hace décadas en sus centrales nucleares, bajo los más altos estándares internacionales de seguridad y control. La diferencia es que ahora, por primera vez, YPF podría liderar la extracción del mineral en Chubut, en alianza con Nucleoeléctrica e INVAP, con el objetivo de abastecer futuros reactores modulares argentinos de 300 MW.
Y aca ocurre algo que tumba uno de los pilares históricos del discurso antiminero: esta vez no hay multinacionales extranjeras “llevándose nuestros recursos”. Todo lo contrario: es una empresa nacional, controlada por el Estado, la que toma la iniciativa para explotar un recurso estratégico con fines energéticos, científicos y tecnológicos.
¿Cómo sostener entonces el argumento de la “entrega”? ¿Cómo rechazar una política pública que apunta a recuperar la soberanía energética y nuclear con participación de empresas nacionales?
Los datos que no están en las marchas
Argentina no solo posee uno de los mayores complejos nucleares de América Latina (Atucha I, Atucha II y Embalse), sino que también exporta tecnología nuclear, produce radioisótopos para medicina y diseña sus propios reactores. La minería de uranio no es una novedad peligrosa, sino una pieza clave de una industria tecnológica de alto valor agregado.
En Chubut, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) controla más de 25.000 hectáreas con potencial uranífero, incluyendo Cerro Solo, considerado uno de los yacimientos más importantes de América del Sur. Durante años, se realizaron estudios ambientales y ensayos sin incidentes. Hoy, el gobierno nacional y el provincial discuten cómo transferir esos activos a una nueva gestión bajo estándares industriales modernos, con la participación de una empresa que cotiza en bolsa y está sujeta a auditorías.
¿Y el futuro de Chubut?
Mientras tanto, la provincia enfrenta una economía deprimida, sin nuevas industrias y con el turismo invernal nuevamente en crisis. En Esquel, La Hoya está vacía; en la Meseta, pueblos enteros agonizan sin empleo estable. ¿Cuál es entonces la propuesta concreta de quienes dicen “no” a todo?
Hasta ahora, las asambleas no han propuesto ningún modelo productivo viable que reemplace lo que la minería (o la energía nuclear) podrían generar: empleo calificado, divisas, obra pública, transferencia tecnológica. Solo exigen consultas eternas y frenan cualquier intento de inversión, sin asumir el costo de su negativa.
¿Quién decide el destino de los recursos naturales? ¿Una minoría movilizada o una estrategia nacional de desarrollo? ¿El país puede renunciar a sus reservas de uranio mientras el mundo las demanda más que nunca?
La calle habla, pero también debe escuchar
El 4 de agosto, como en tantas otras fechas simbólicas, habrá marchas. Pero lo que está en juego esta vez no es solo una mina, sino la posibilidad de que Argentina recupere su liderazgo nuclear en un mundo donde la transición energética necesita fuentes firmes, limpias y autónomas.
La licencia social no puede ser un cheque en blanco para el inmovilismo. La minería, como toda actividad humana, debe tener controles, diálogo y planificación. Pero también requiere decisión política y una ciudadanía dispuesta a pensar en términos de futuro.
Esta vez, los argumentos de siempre ya no alcanzan: cuando el Estado impulsa un proyecto con sus propias empresas, lo que se discute no es la “entrega de recursos”, sino la voluntad de crecer o seguir paralizados.
