La reciente filtración sobre la inminente modificación de la Ley de Glaciares por parte del gobierno de Javier Milei ha encendido las alarmas en ciertos sectores, desatando una previsible oleada de críticas por parte de quienes se autodenominan «ambientalistas».
El abogado Lucas Micheloud ha calificado la medida como una «regresión ambiental significativa», apuntando directamente a la influencia de la minera Barrick Gold detrás de este movimiento. Sin embargo, ¿es esta una preocupación genuina por el ambiente o una manifestación más del ya conocido «eco-lobby» que suele obstaculizar el desarrollo productivo del país?
Desde el fin de semana, la noticia de que el gobierno libertario avanzaría con un decreto para alterar la Ley de Glaciares –sancionada en 2010– ha generado un coro de voces críticas. Micheloud, en diálogo con Radio Altos, no dudó en cargar las tintas: «Es una regresión ambiental significativa», afirmó. Según sus declaraciones, el decreto permitiría la actividad minera en zonas periglaciares, lo que reduciría drásticamente las áreas protegidas. «Es uno de los ecosistemas más frágiles que tiene nuestro país, por lo tanto, avanzar contra esta legislación, que fue un avance significativo allá por el 2010, es penoso, muy lamentable», agregó, en lo que parece ser una retórica ya familiar para quienes siguen de cerca los debates sobre el desarrollo productivo.
La Sombra de Barrick Gold: ¿Narrativa Oportunista o Realidad?
Micheloud insistió en que la sanción de la Ley de Glaciares hace 15 años fue un proceso arduo, marcado por un «muchísimo lobby minero» que intentó evitar su aprobación. Sin embargo, en el presente, la narrativa se invierte: ahora es la minera canadiense Barrick Gold la que, según el letrado, ha montado un «plan» sistemático para lograr la derogación de la norma. Micheloud no dudó en afirmar que la empresa incluso solicitó ante la Corte Suprema la inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares, y que el intento más reciente de modificarla fue a través de la Ley Ómnibus, capítulo que finalmente fue retirado. «Ahora aparece este decreto, sin consenso del Congreso, con el que se pretenden imponer a la fuerza, de forma violenta, los cambios», cuestionó.
La acusación de Micheloud es tajante: «No hay dudas que detrás del decreto que prepara el gobierno de Milei está Barrick Gold». Esta afirmación, que se ha vuelto un mantra en ciertos círculos, sugiere una manipulación corporativa a espaldas del interés público. No obstante, ¿hasta qué punto estas acusaciones son un reflejo de una preocupación legítima por la protección del ambiente o una estrategia para frenar inversiones y proyectos que, si bien extractivos, son cruciales para el desarrollo económico de un país en crisis?
Democracia ambiental y desarrollo productivo: ¿Antagonistas irreconciliables?
Para Micheloud, la modificación vía decreto «vulnera también la democracia ambiental porque es una ley que contó con mucho apoyo social, con legitimación social y ahora se la modificará a través de un decretazo, a pedido de una corporación minera transnacional». Concluyó que esto «vulnera sin lugar a duda la transparencia, la democracia, sin perjuicio de las afectaciones que esto provocará sobre todo en la precordillera y en la cordillera de los Andes».
Este discurso, que apela a la «democracia ambiental» y la «legitimación social», plantea una cuestión fundamental: ¿Es posible compatibilizar la protección de ecosistemas sensibles como los glaciares con el desarrollo de una actividad económica vital como la minería? ¿O estamos frente a un escenario donde ciertos grupos, bajo la bandera ambientalista, buscan imponer sus agendas, frenando el crecimiento y la generación de empleo en nombre de una pureza ecológica que, en la práctica, puede ser inalcanzable o, peor aún,conde intereses menos transparentes? La discusión sobre la Ley de Glaciares y la influencia de las mineras no es solo un debate ambiental; es un reflejo de la tensión entre diferentes visiones sobre el futuro económico y productivo de Argentina.
