El Gobierno decidió excluir a YPF de la lista de empresas sujetas a privatización como un guiño a las provincias petroleras que rechazaban esta idea y, por lo tanto, amenazaban con dejar al proyecto de Ley Ómnibus sin quorum.
Entre las modificaciones más relevantes que aceptó el Ejecutivo para ganar consensos en la aprobación de la normativa se destaca el capítulo 2 que incluía todas las compañías con participación estatal que se buscaban vender al capital privado.
Entre los cambios a la Ley Ómnibus que aceptó el Gobierno, se destaca la marcha atrás con la privatización de YPF.
La petrolera de bandera quedó afuera de ese paquete, mientras que el Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica quedaron en un punto medio donde se podrán buscar socios privados siempre y cuando el Estado mantenga el control mayoritario.
“Las empresas y sociedades listadas en el ANEXO II solo podrán ser privatizadas parcialmente, debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”, dice el nuevo texto.
Un truco
Según el ex subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, la modificación es “tan inocua como el truco del mago que mete al conejo en la galera para sacarlo y sorprender al público”.
El actual director de la consultora Paspartú sostiene que cada transformación de YPF requirió una ley que contenga reglas generales según el sector y algún incentivo a provincias: federalización de recursos naturales (como en el 92) o soberanía energética y participación en el Directorio más promesa de inversiones (como en 2012).
“Es necio o ilusorio pensar que la decisión de desprenderse de las acciones estatales no iba a requerir una ley especial para YPF y para el sector. El Gobierno ya había anunciado que su venta no sería inmediata sino después de su “ordenamiento y mejora de valor”, lo que puede llevar varios semestres (su CEO habla de 4 años). Esta ‘ofrenda’ a los legisladores ‘amigables’ deja en pie la declaración de sujetas a privatización de 40 empresas públicas que, de venderse, implicará grandes negocios privados y/o pérdida de capacidad de acción del Estado para ejecutar políticas públicas y controlar el mercado”, agregó.
La experiencia histórica marca que hay actividades como las de Enarsa o Cammesa que están lejos de despertar el interés de los privados por su naturaleza deficitaria y el riesgo que implican, más allá de su rol estratégico.
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