Diario de minería, petróleo y campo.
El nuevo gobierno brasileño bajo el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva podría significar más restricciones de carácter ambiental.
El ex presidente y ex presidiario brasileño de izquierda Lula fue elegido este domingo para un tercer mandato presidencial, ganando sobre el titular de derecha Jair Bolsonaro.
A pesar de la presencia del gigante minero Vale en el país, la minería sólo representa el 2,4% del PIB de Brasil.
La semana pasada, el ex presidente Lula dio a conocer en una carta sus propuestas para el sector.
El documento esboza destinación de dinero en recursos naturales estratégicos, minería sostenible para la transición energética, cero deforestación y cero emisiones de carbono, pero sin establecer objetivos.
Lula también prometió acabar con la minería ilegal en la Amazonia. Entre 2015 y 2020, Brasil comercializó 229 toneladas de oro con indicios de ilegalidad, lo que equivale a casi la mitad del oro producido y exportado por el país.
Los mineros brasileños, sin embargo, esperan que el sector siga igual, ya que no logrará realizar cambios de fondo en cuanto a esquemas de producción. Por el contrario, pasan a ser propuestas de carácter partidario.
Se espera que empresas como Vale (NYSE: VALE), Anglo American (LON: AAL) y Rio Tinto (ASX: RIO) inviertan unos 40.000 millones de dólares en proyectos en Brasil hasta 2026, acuerdos cerrados durante el gobierno de Bolsonaro.
«Las dos posturas (de los candidatos), aunque son bastante diferentes, en una tendríamos una cierta continuidad de la política actual… y en la otra, sería algo que ya se ha observado«, dijo a Reuters el director de sostenibilidad y regulaciones de la asociación de la industria Ibram, Julio Nery.
«Por eso no esperamos una fuga de inversiones por la elección«, dijo Nery.
Ibram se ha manifestado anteriormente en contra de una posible propuesta de Lula de aumentar las regalías en proyectos mineros específicos.
Según la norma redactada por los especialistas en minería que trabajan para Lula, el gobierno cobraría una tasa de regalía mayor -conocida como «participación especial»- sobre los minerales de valor excepcionalmente alto.