El Gobierno presentó dos escritos en Nueva York y prepara una apelación para frenar la ejecución del fallo que ordena transferir el 51% de la compañía a fondos demandantes.
El Estado argentino profundizó su estrategia judicial en Estados Unidos para evitar la ejecución del fallo que obliga a transferir el 51% de las acciones de YPF S.A. a los fondos Burford Capital, Eton Park y Bainbridge. Esta semana, la defensa presentó dos escritos ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en los que argumenta que cumplir con la sentencia representaría un daño irreparable a la soberanía nacional y violaría la legislación argentina vigente.
La ofensiva legal ocurre en el marco de la causa que ya acumula un fallo condenatorio por US$16.100 millones, tras la decisión de la jueza Loretta Preska, quien entendió que el Estado argentino incumplió el estatuto societario de YPF durante la expropiación de 2012.
Tres argumentos clave para frenar la entrega de acciones
La Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, destacó tres pilares fundamentales en su defensa:
- Un caso sin precedentes: El Estado sostiene que no se trata de un litigio comercial típico, sino de una demanda excepcional con implicancias jurídicas complejas, en la que incluso el propio gobierno de EE.UU. manifestó diferencias con el fallo.
- Daño irreparable: Según el escrito, acatar la orden implicaría quebrantar la Ley 26.741 de expropiación de YPF, que prohíbe vender las acciones sin aprobación previa del Congreso argentino. La entrega del paquete mayoritario significaría una pérdida irreversible del control estatal sobre la principal compañía energética del país.
- Interés público y falta de perjuicio inmediato: La defensa argumenta que los demandantes no sufrirán daños si se suspende la ejecución, pero sí podrían verse afectados otros actores, como provincias accionistas y bonistas internacionales. También podría activarse una serie de cláusulas contractuales perjudiciales para YPF y su operatoria.
Apelación en curso y tensión política
La Procuración confirmó que en los próximos días presentará la apelación formal ante la Corte del Segundo Circuito, con sede en Manhattan, y solicitará la suspensión del fallo hasta que se resuelva la instancia superior.
La disputa judicial se vio además cruzada por tensiones políticas internas. Los demandantes citaron declaraciones del exministro de Economía y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien calificó el fallo como un “disparate jurídico” y vinculó la decisión al contexto político de “vientos de privatización”. Desde el Ejecutivo nacional respondieron que esas afirmaciones «entorpecen» la posición legal argentina en el proceso.
Un conflicto con impacto estructural
El caso no solo pone en juego el control sobre la mayor petrolera del país, sino también el rumbo energético y la reputación financiera de Argentina. YPF es un actor estratégico en la producción de hidrocarburos, el desarrollo de Vaca Muerta, el abastecimiento del mercado interno y los proyectos de transición energética.
“Este no es un caso más. Afecta la soberanía energética, la seguridad jurídica del país y podría sentar un precedente riesgoso para futuras expropiaciones o estatizaciones”, advirtió un analista legal consultado por Agenda Industrial.
El desenlace judicial podría extenderse varios meses, pero lo que está en juego excede lo patrimonial: se trata de una puja entre jurisdicciones, sistemas legales y visiones sobre el rol del Estado en sectores estratégicos.
