El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció que presentará un escrito como amicus curiae en apoyo al reclamo de la Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF.
La presentación se realizará ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en el expediente que busca revertir la orden de entregar el 51% de las acciones de la petrolera al fondo Burford Capital.
La decisión fue formalizada este martes y el documento será firmado por David E. Farber, asistente del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. De este modo, Washington se alinea —por segunda vez en esta causa— con la posición argentina respecto al respeto de la inmunidad soberana de los Estados.
Un respaldo clave en un tramo sensible del litigio
La intervención del gobierno estadounidense se da pocos días después de que la Cámara suspendiera de manera provisional la entrega de las acciones de YPF. Esa medida había sido ordenada por la jueza Loretta Preska como parte del cumplimiento de la sentencia por US$ 16.100 millones dictada en 2023, fallo que Argentina apeló.
Según explicó el analista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, “el respaldo del DOJ apunta a influir en la Corte de Apelaciones para que frene la ejecución del fallo mientras se resuelve la apelación de fondo”. Sin embargo, aclaró que el apoyo no implica, al menos por ahora, una postura sobre la validez del fallo ni sobre el monto de la sentencia.
Estrategia diplomática y jurídica
La presentación del Departamento de Justicia se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno argentino, que busca sumar apoyos internacionales a su defensa legal. Cancillería y la Procuración del Tesoro trabajan en conjunto para que otros países también se presenten como amicus curiae ante el tribunal estadounidense. Según trascendió, podrían sumarse Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania, entre otros.
No es la primera vez que EE.UU. respalda a la Argentina en este juicio. En octubre de 2024, bajo la administración de Joe Biden, el fiscal Damian Williams ya había recomendado a la jueza Preska que no ordenara la entrega de acciones por considerar que violaría la ley de inmunidad soberana de los Estados.
A pesar de ese respaldo, Preska —de reconocida afinidad conservadora y cercana al Partido Republicano— desoyó la recomendación y ordenó el traspaso accionario, una medida que ahora fue suspendida por la Cámara.
La causa por la expropiación de YPF continúa su recorrido judicial en dos niveles: la apelación del fallo que obliga a pagar una indemnización millonaria, y el litigio por la ejecución inmediata de parte de esa condena, mediante la entrega de acciones. El respaldo del gobierno estadounidense, aunque no vinculante, podría tener un peso significativo en la decisión final de la Corte de Apelaciones.
