En una decisión cargada de implicancias geopolíticas y económicas, el gobierno de Estados Unidos autorizó nuevamente a Chevron Corp. a reanudar la producción de petróleo en Venezuela, aunque bajo una condición clave: ninguna regalía o impuesto podrá beneficiar directamente al régimen de Nicolás Maduro.
La medida —confirmada en off por fuentes oficiales y adelantada por The Wall Street Journal— se produce tras semanas de negociaciones entre Washington y Caracas, que incluyeron acuerdos humanitarios, deportaciones y liberación de presos, en un contexto de reconfiguración de relaciones hemisféricas.
Chevron, que opera en Venezuela desde hace casi un siglo, había sido forzada a suspender parcialmente sus actividades en mayo pasado, cuando la Casa Blanca revocó su licencia como parte de las presiones contra el gobierno bolivariano. Ahora, se le restituye esa capacidad, aunque con controles financieros extremos y sin posibilidad de tributar al Estado venezolano.
Una licencia para producir, pero sin financiar al chavismo
Según fuentes del sector energético y diplomático, la nueva licencia autoriza a Chevron a bombear crudo y exportarlo, pero establece mecanismos para bloquear cualquier flujo de dinero hacia las arcas del Estado venezolano o Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la empresa estatal controlada por Maduro.
La compañía estadounidense opera a través de joint ventures con PDVSA, y antes de la suspensión de mayo su producción rondaba los 240.000 barriles diarios, lo que representaba el 25% del total nacional.
“Chevron realiza sus operaciones en cumplimiento de todas las leyes y marcos regulatorios aplicables, incluyendo los regímenes de sanciones impuestos por el gobierno de EE.UU.”, señaló su vocero, Bill Turenne.
El trasfondo: presos, petróleo y presión sobre China
La decisión de Washington forma parte de un intercambio político más amplio, que incluyó la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela y la repatriación de 250 venezolanos desde El Salvador. También se reanudaron los vuelos directos de deportación desde EE.UU. hacia Caracas, algo inédito desde 2019.
Dentro de la administración Trump, las posturas fueron diversas: Marco Rubio encabezó el ala dura que pedía mantener las sanciones, mientras que el enviado especial Ric Grenell impulsó una vía más pragmática. Fue Grenell quien, tras asumir, viajó a Caracas y negoció una relación transaccional con garantías económicas y humanitarias.
Un factor clave fue el temor a que el vacío dejado por Chevron beneficie a China, el otro gran comprador de crudo venezolano. Estados Unidos importa alrededor de 250.000 barriles por día de ese país, y su ausencia se traduce en menor control de precios globales y mayor peso geopolítico de Pekín en Sudamérica.
Impacto en el mercado petrolero
Apenas conocida la medida, los futuros del crudo recortaron ganancias ante la expectativa de un aumento en la oferta global. El Brent se movió apenas un 0,1% al alza, cerrando en US$68,57 por barril, mientras el mercado procesa la noticia.
Aunque la escala de Chevron en Venezuela no es suficiente para alterar por sí sola el equilibrio del mercado, su retorno representa una señal: las sanciones energéticas ya no son inamovibles, y los intereses estratégicos pueden redefinir alianzas incluso en contextos de alta polarización.
Un salvavidas para Caracas… sin efectivo
En términos reales, Venezuela necesita desesperadamente dólares, y Chevron es, para muchos analistas, el último eslabón internacional que sostiene la infraestructura petrolera nacional. Su rol, sin embargo, será ahora más limitado: solo podrá operar con inversión directa propia y sin generar ingresos para el gobierno chavista.
“La reactivación de Chevron no significa una normalización, sino una excepción: es una válvula de control norteamericano sobre un país donde el petróleo sigue siendo el principal activo político”, analizó una fuente diplomática en Washington.
