Un amparo colectivo contra el proyecto PSJ Cobre Mendocino reactiva un dilema sistémico: ¿pueden las inversiones de largo plazo sobrevivir a un ciclo de litigiosidad permanente?
En la República Argentina, el camino entre el descubrimiento de un recurso natural y su extracción suele estar empedrado de expedientes.
El amparo: ¿Rigor científico o veto político?
El gobernador Alfredo Cornejo ha hecho de la minería sustentable el «buque insignia» de su segunda gestión, buscando romper la inercia de una Mendoza dependiente de la vitivinicultura y un petróleo en declive. Sin embargo, un documento de 113 fojas presentado ante la Justicia amenaza con resetear el cronómetro.
La demanda, impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Civil “El Suri”, junto a asambleas del agua, no solo cuestiona al proyecto en sí, sino la validez de la Ley 9.684. Los demandantes sostienen que el Poder Legislativo incurrió en un «voluntarismo político» al aprobar la DIA, alegando que se priorizaron los plazos institucionales por sobre el rigor técnico. El argumento de fondo es peligroso para la estabilidad jurídica: sugiere que una ley aprobada por amplia mayoría puede ser nula si un sector de la sociedad civil considera que la ciencia aplicada fue insuficiente.
Cuando la Justicia se convierte en planificador económico
Los argumentos: El peso de la «mochila» técnica
El núcleo del conflicto reside en la validez temporal de la información. El amparo sostiene que el Estado provincial permitió avanzar con el proyecto utilizando datos de 2007 y 2008, ignorando casi dos décadas de cambios ambientales drásticos.
Los tres ejes del reclamo judicial:
* La obsolescencia de los datos: Los demandantes afirman que no se puede evaluar un proyecto en 2025 bajo la lógica hídrica de 2007. La crisis hídrica estructural de Mendoza y el cambio climático son variables que, según el amparo, no fueron debidamente integradas.
* El Principio de Prevención: Sostienen que la autorización es «condicionada». Es decir, que se permitió empezar mientras se terminan estudios esenciales, lo que para las ONG viola el criterio de evitar el daño antes de que se produzca.
* El Acuerdo de Escazú y la Segmentación: Se acusa al Gobierno de presentar el proyecto de forma «parcializada», dificultando una visión integral del impacto acumulativo sobre la cuenca, lo que vulneraría el acceso a la información pública.
EJES DEL AMPARO CONTRA PSJ COBRE MENDOCINO
- Obsolescencia: Datos de 2007-2008 en contexto 2025
- Prevención: Autorización «condicionada» viola principio
- Escazú: Segmentación impide visión integral
- Consecuencia: Posible nulidad de Ley 9.684
La Justicia como árbitro del desarrollo
Este escenario expone una dinámica creciente en Argentina: la judicialización de la política productiva. Cuando los debates en la Legislatura y las audiencias públicas no arrojan el resultado deseado por ciertos grupos, el sistema judicial se convierte en una instancia de «veto permanente».
Este fenómeno transforma a los jueces en los verdaderos planificadores económicos de la provincia. Sin embargo, hay una asimetría de responsabilidades: mientras el poder político debe responder por la falta de empleo, la caída del PBI y la pobreza, el Poder Judicial puede paralizar un proyecto durante años sin asumir los costos sociales de esa inacción.
POLÍTICA
RESPONSABLE
Empleo, PBI, pobreza
JUSTICIA
PARALIZA
Sin costos sociales
El costo de la incertidumbre: ¿Quién invierte a 15 años?
PSJ Cobre Mendocino no es un improvisado. Ha sido rechazado, rediseñado para cumplir con la Ley 7.722 (eliminando el uso de sustancias químicas prohibidas) y sometido a un control legislativo riguroso. Aun así, hoy se encuentra en un limbo.
“El riesgo no es solo para el cobre. El mensaje para cualquier inversor en energía, infraestructura o industria es que cumplir con la ley en Mendoza es una condición necesaria, pero no suficiente”, señalan analistas del sector.
En un mercado global donde el capital huye de la incertidumbre, Mendoza compite con jurisdicciones como San Juan o el norte chileno, donde las reglas de juego, aunque estrictas, son predecibles. La judicialización recurrente refuerza la percepción de Argentina como un destino de «alto riesgo institucional».
El dilema institucional: ¿Ciencia o Tribunales?
Mendoza se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la necesidad imperiosa de cobre para la transición energética global (electrificación, IA, autos eléctricos). Por el otro, un sistema de control que parece no tener un punto de cierre definitivo.
El debate ya no es solo ambiental. Es sobre la capacidad del Estado para decidir. Si cada paso técnico debe ser validado por una sentencia judicial, la gestión pública se vuelve impracticable. La pregunta que la política mendocina aún no ha podido responder es: ¿cuánta evidencia técnica es suficiente para cerrar la etapa de discusión y abrir la de ejecución?
El peso de la firma
PSJ Cobre Mendocino es el «test ácido» para el modelo de desarrollo de Cornejo. Si el proyecto logra superar la instancia judicial, Mendoza habrá demostrado que sus instituciones pueden procesar el conflicto y transformarlo en política de Estado. Si el expediente se transforma en una parálisis de años, la provincia seguirá atrapada en una paradoja: tener el tesoro en la montaña pero vivir con los bolsillos vacíos, víctima de una burocracia judicial que confunde el control con la prohibición.
“La judicialización recurrente no protege el ambiente: perpetúa la pobreza”.
Mendoza necesita instituciones que controlen, no que paralicen. Porque el verdadero riesgo no es la mina. Es la inacción.
