Tierra del Fuego modificó la ley que había prohibido por completo la salmonicultura y dio un giro estratégico en su política productiva. Mantiene la protección del Canal Beagle, pero habilita la actividad en otros cuerpos de agua, reabriendo un debate clave sobre desarrollo, empleo y ambiente en el extremo sur del país.
Un cambio de paradigma tras tres años de prohibición total
La reforma de la Ley Provincial N°1355 marca un punto de inflexión en Tierra del Fuego. En 2021, en medio de una fuerte presión ambientalista, la provincia había establecido una prohibición absoluta a la cría de salmónidos en aguas jurisdiccionales, tanto lacustres como marítimas. Aquella decisión fue celebrada como un hito ambiental, pero también dejó a la provincia fuera de una actividad que en países vecinos genera miles de empleos y exportaciones.
Con la sanción de la Ley de Acuicultura Sostenible, el gobierno fueguino introduce una corrección quirúrgica: no habilita la salmonicultura sin controles, pero tampoco mantiene un veto generalizado que clausure cualquier desarrollo. El mensaje es claro: pasar de la prohibición por defecto a la regulación basada en criterios técnicos.
Canal Beagle: la línea roja ambiental que se mantiene
Uno de los puntos centrales de la reforma es la ratificación de la prohibición absoluta en el Canal Beagle, además de otros ambientes sensibles como la Laguna Esmeralda y el Lago Fagnano. Esta decisión busca preservar áreas de alto valor ambiental y turístico, evitando impactos sobre ecosistemas emblemáticos y sobre una actividad que emplea a más de 16.000 fueguinos.
La norma intenta desactivar uno de los principales temores del debate público: la instalación de salmoneras en zonas icónicas. No se trata de habilitar cualquier modelo intensivo, sino de segmentar el territorio y definir dónde no se toca y dónde puede discutirse el desarrollo.
Lo que sigue prohibido
- • Canal Beagle
- • Lago Fagnano
- • Laguna Esmeralda
- • Ambientes de alto valor ecológico y turístico
Qué se habilita: acuicultura regulada y tecnología bajo control
Fuera de las zonas protegidas, la ley habilita el desarrollo de proyectos acuícolas bajo un esquema regulatorio más exigente que el promedio histórico argentino. Todos los emprendimientos deberán contar con Evaluación Ambiental Estratégica y estudios de impacto específicos, además de promover tecnologías como los Sistemas de Recirculación de Agua (RAS), que reducen la presión sobre los cuerpos naturales.
El objetivo declarado es doble: atraer inversiones privadas y reducir la dependencia de importaciones. Hoy Argentina importa más de 5.000 toneladas anuales de salmón desde Chile, una paradoja productiva que expone el costo económico de la prohibición total.
El trasfondo político: desarrollo versus veto permanente
La votación fue ajustada —ocho votos a favor y siete en contra— y anticipa judicializaciones. Pero el debate de fondo excede la coyuntura legislativa: qué modelo de desarrollo quiere Tierra del Fuego en un contexto de empleo estatal saturado y turismo con límites estructurales.
El gobernador Gustavo Melella defendió la reforma como una herramienta para diversificar la matriz productiva y generar empleo privado con reglas claras. El dato político no es menor: aun desde la oposición nacional, converge con una lógica que empieza a atravesar minería, energía y recursos naturales en todo el país.
Chile como espejo incómodo
Chile es uno de los mayores productores mundiales de salmón. Genera empleo, exportaciones y también dejó lecciones tras décadas de errores ambientales. El debate no es copiar ese modelo, sino construir uno propio: regulado, con control estatal efectivo y adaptación local.
La prohibición total fue políticamente eficaz, pero económicamente estéril. La regulación inteligente abre la posibilidad de capturar valor sin resignar control ambiental, siempre que el Estado cumpla su rol.
Lo que viene: reglas, zonas y credibilidad
La reforma obliga ahora al Poder Ejecutivo fueguino a definir zonas aptas, procedimientos claros de autorización y criterios de uso del agua. También se crea un Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola, orientado a investigación y mejora productiva.
El desafío será convertir la ley en gestión: evitar discrecionalidades, sostener controles y demostrar que desarrollo productivo y cuidado ambiental no son conceptos incompatibles.
