Sin objeciones del bloque “dialoguista”, el Gobierno avanza con la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina. El espacio de Provincias Unidas facilitó la falta de quórum en el Senado y allanó el camino para privatizar la empresa que opera las centrales Atucha I, II y Embalse.
En paralelo, el funcionario Demian Reidel blanqueó el verdadero interés oficial: capitalizar el conocimiento científico financiado por el Estado para beneficio privado.
El movimiento silencioso de Provincias Unidas
El bloque de gobernadores conocido como Provincias Unidas se convirtió en pieza clave del avance privatizador. Durante el plenario de las comisiones de Minería y Ciencia en el Senado, varios senadores ausentes —entre ellos Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), José María Carambia (Santa Cruz) y Eduardo Galaretto (Santa Fe)— dejaron sin quórum el intento de emitir un dictamen que frenara la venta de Nucleoeléctrica.
Todos representan provincias cuyos mandatarios —Gustavo Valdés, Claudio Vidal y Maximiliano Pullaro— integran el espacio. Esa maniobra política dejó al jefe del bloque opositor, José Mayans, sin herramientas para detener la operación. En paralelo, el Ejecutivo apura el proceso para desprenderse del 44% de las acciones de la compañía estatal que en el primer trimestre de 2025 registró un superávit de $17.234 millones, y que se proyecta cierre el año con $23.389 millones.
El “sincericidio” de Demian Reidel
El presidente de Nucleoeléctrica y exasesor del mandatario Javier Milei, Demian Reidel, defendió públicamente la privatización. En el foro Energía Summit 2025, afirmó:
“No es vender la compañía completa, y definitivamente no es vender los secretos, los planes ni las patentes.”
Sin embargo, su propio discurso reveló una intención más profunda: aprovechar los recursos humanos formados por el Estado para generar negocios privados.
“Tenemos capital humano de excelencia. El Balseiro y el INVAP producen gente top, entrenada en lo que necesitamos. Lo hicimos: se llama ACR-300, una patente de INVAP hecha por ingenieros argentinos. Ahora lo vamos a aprovechar”, dijo Reidel, en declaraciones que fueron tildadas de “sincericidio” por referentes del sector científico.
Un modelo en riesgo: 70 años de desarrollo público
Desde la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), trabajadores y científicos advierten que la privatización significaría desmantelar siete décadas de inversión estatal y conocimiento acumulado.
El secretario gremial de Luz y Fuerza Zárate, Cristian Riente, explicó que la ofensiva no es nueva:
“Esto data de la época de Menem y también lo intentó Macri. Pero ahora apretaron fuerte el acelerador. A las personas altamente capacitadas les ofrecen retiros voluntarios o las expulsan encubiertamente del sistema nuclear.”
El riesgo, advierten, es que el país pierda la capacidad de investigación y desarrollo autónomo en el área, clave para mantener soberanía energética y tecnológica.
De Menem al presente: un déjà vu energético
La historia se repite. En los años 90, el menemismo impulsó la privatización de sectores estratégicos como electricidad, gas y petróleo, dejando a las provincias con poco margen de control. Tres décadas después, el discurso liberal vuelve con fuerza bajo el paraguas de la “eficiencia”. Pero Nucleoeléctrica no es una empresa deficitaria: genera utilidades, produce energía limpia y sostiene cientos de empleos altamente calificados.
La diferencia es que hoy el capital humano formado por el Estado —Balseiro, INVAP, CNEA— es visto como una oportunidad de negocio, no como un bien público. Y ese cambio de mirada define la verdadera batalla política del sector nuclear argentino.
Un futuro atómico, ¿sin Argentina?
Si el proceso de venta se concreta, la participación estatal en la generación nuclear quedará reducida al 56%, con riesgo de perder control operativo y tecnológico. El desafío no es solo económico, sino geopolítico: mantener la capacidad de diseñar y operar reactores propios en un mundo donde la energía nuclear vuelve a ser estratégica por sus bajas emisiones y su rol en la transición energética.
La pregunta es si Argentina renunciará a su lugar como potencia tecnológica regional —reconocida por el CAREM, el RA-10 y los proyectos de exportación a países como Holanda y Egipto— para transformarse en un simple proveedor de mano de obra calificada para firmas extranjeras.
Del conocimiento público al negocio privado
El proceso privatizador en el sector nuclear va mucho más allá de una transacción accionaria: representa un cambio de paradigma. Argentina podría pasar de ser un país que desarrolla tecnología nuclear propia a otro que la terceriza.
La pregunta que queda flotando es incómoda pero necesaria:
¿Podrá una nación sostener su soberanía energética si entrega el conocimiento que la hizo potencia científica?
