El Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero y puso sobre la mesa un tema tan sensible como estratégico: la posible modificación de la Ley de Glaciares.
La discusión reabre un debate estructural que cruza ambiente, minería, energía y el modelo de desarrollo productivo argentino.
Febrero legislativo: extraordinarias con agenda económica y minera
Mediante el Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo convocó al Honorable Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero de 2026. La norma lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete Manuel Adorni, y habilita el tratamiento de un conjunto acotado de proyectos considerados prioritarios por el Ejecutivo.
Entre esos temas aparece uno que vuelve a encender luces rojas —y verdes— en el sector productivo: el Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, es decir, una modificación de la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares.
La sola inclusión del tema en la agenda legislativa extraordinaria confirma que el Gobierno decidió avanzar sobre una de las normas ambientales más controvertidas de las últimas dos décadas, con impacto directo sobre la minería metalífera, la exploración de cobre y oro, y la inversión en zonas cordilleranas.
Qué se discute realmente cuando se habla de la Ley de Glaciares
Sancionada en 2010, la Ley 26.639 estableció presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglacial, prohibiendo actividades que pudieran afectarlos, entre ellas la minería, la exploración hidrocarburífera y determinadas obras de infraestructura. Desde su origen, la norma fue presentada como un hito ambiental, pero también cuestionada por su redacción amplia y por la superposición de competencias con las provincias.
El punto neurálgico del debate siempre fue el ambiente periglacial, una categoría definida de manera difusa que, en la práctica, extendió restricciones sobre amplias zonas cordilleranas sin inventario preciso ni criterios técnicos homogéneos. Para el sector minero y para varios gobiernos provinciales, esa indefinición funcionó como un freno estructural a proyectos de inversión, incluso en áreas sin glaciares propiamente dichos.
La iniciativa que ahora ingresará al Congreso no plantea —al menos en su formulación original— una derogación de la ley, sino una “adecuación” del régimen. Traducido: revisar definiciones, precisar alcances y compatibilizar la protección ambiental con actividades productivas estratégicas como la minería y la energía.
LEY ACTUAL (2010)
Definición difusa
→ Inseguridad jurídica y judicialización
PROPUESTA ADECUACIÓN
Criterios técnicos
→ Compatibilizar protección + desarrollo
Minería, provincias y el reclamo histórico de previsibilidad
La reaparición de la Ley de Glaciares en la agenda legislativa ocurre en un contexto muy distinto al de 2010. Hoy, la Argentina busca posicionarse como proveedor global de minerales críticos —cobre, litio, oro— en plena transición energética, con proyectos de escala mundial y competencia directa con Chile, Perú y Canadá.
Desde hace años, provincias mineras como San Juan, Catamarca y Salta sostienen que la actual redacción de la ley genera inseguridad jurídica, judicialización permanente y desalienta inversiones de largo plazo. No se trata solo de minería: infraestructura eléctrica, caminos, obras hídricas y proyectos de energía también quedan condicionados por interpretaciones expansivas del ambiente periglacial.
El debate, entonces, no es ambiente versus minería, sino cómo proteger los glaciares reales sin bloquear el desarrollo productivo, el empleo y las exportaciones. Un dilema que atraviesa de lleno a la industria, la política fiscal y la inserción internacional del país.
Un Congreso con agenda cargada y señales políticas
La Ley de Glaciares no llega sola a las extraordinarias. El temario incluye también la reforma de modernización laboral y el proyecto para aprobar el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea, dos iniciativas con fuerte impacto económico y político.
En ese marco, la discusión ambiental adquiere un carácter estratégico: difícilmente la Argentina pueda avanzar en exportaciones, acuerdos comerciales y atracción de inversiones si mantiene un marco normativo percibido como imprevisible o contradictorio. Al mismo tiempo, cualquier modificación a la Ley de Glaciares será observada con lupa por organizaciones ambientales, la oposición política y la opinión pública.
El oficialismo apuesta a instalar el debate en términos de racionalidad técnica y federalismo, mientras que sus críticos anticipan una resistencia fuerte, tanto dentro como fuera del Congreso.
Claves del debate
* No es derogación: se discute una adecuación de la Ley 26.639.
* Eje técnico: redefinición de “ambiente periglacial”.
* Impacto directo: minería, energía e infraestructura.
* Fondo político: inversión, empleo y desarrollo federal.
Lo que viene: febrero como termómetro del modelo productivo
Las sesiones extraordinarias de febrero funcionarán como un test político clave. Si el Congreso avanza en la adecuación de la Ley de Glaciares, el Gobierno habrá dado una señal contundente al sector productivo y a los inversores. Si el debate se empantana o se judicializa, volverá a quedar en evidencia uno de los principales cuellos de botella del desarrollo argentino.
Más allá del resultado, la discusión ya está instalada: la Argentina deberá decidir si mantiene un esquema normativo pensado para la confrontación o si construye reglas ambientales claras, técnicas y compatibles con una minería moderna, responsable y generadora de empleo. En ese cruce entre glaciares, Congreso y desarrollo, febrero puede marcar mucho más que una sesión extraordinaria.
