Editorial | Opinión
La audiencia pública por la Ley de Glaciares desnudó la grieta entre la ciencia y el relato. Con 100.000 inscriptos, la jornada viró hacia una puesta en escena ideológica que posterga la seguridad jurídica y el desarrollo de minerales críticos que el país necesita con urgencia.
Por Daniel Díaz Escobar
Director de AgendaIndustrial.com
90%
De las exposiciones se manifestaron en contra, pero el contenido viró hacia ataques generales al capitalismo y conflictos geopolíticos ajenos al recurso hídrico cordillerano.
El problema no fue la posición, sino el contenido. De las exposiciones presenciales, la gran mayoría se manifestó en contra de la reforma, pero el sustento técnico fue escaso. Se trajeron ejemplos de contaminación de todo tipo: derrames de petróleo en el mar, agrotóxicos en la pampa húmeda y pasivos ambientales de los años 90. Sucesos impactantes, sin duda, pero que nada tienen que ver con la minería moderna en altura ni con el ambiente periglacial en discusión.
El TEMA repetido hasta el hartazgo fue el de «le van a entregar los glaciares a las mineras». Una simplificación burda y falsa. La prohibición expresa de actividades sobre los glaciares propiamente dichos (el hielo visible) se mantiene en el proyecto. El nudo del conflicto está en el ambiente periglacial: esas extensas zonas de suelos congelados, permafrost y áreas de recarga hídrica que la ley actual protege de forma muy amplia y difusa, generando una inseguridad jurídica paralizante para proyectos que podrían desarrollarse con controles estrictos.
«El agua dulce de la Argentina no se protege con discursos importados, sino con ciencia aplicada e inversión hídrica real.»
En medio de ese mar de consignas emocionales, hubo excepciones que intentaron elevar el nivel. El hidrogeólogo Carlos Scatizza (Hidroar) y el presidente de CAEM, Roberto Cacciola, argumentaron desde un enfoque técnico. Plantearon que no es «ambiente o desarrollo», sino avanzar en ambos para garantizar soberanía en minerales críticos como el litio y el cobre. Sus intervenciones, sin embargo, quedaron sepultadas por el volumen de gritos y denuncias de «saqueo».
Dominó el show: pancartas y una narrativa que usa los glaciares como excusa para frenar cualquier forma de inversión privada. Esto no es defender el ambiente; es instrumentalizarlo. La pluralidad técnica —glaciólogos del IANIGLA, ingenieros especializados, abogados de derecho comparado— brilló por su ausencia o fue relegada al murmullo de fondo. Mientras tanto, las provincias mineras pierden oportunidades de empleo formal y recursos para financiar obras que realmente beneficien a la población.
Claves de la Editorial
- 🚩 Actualización: La ley de 2010 requiere una revisión técnica frente a la tecnología actual.
- 🚩 Inversión: La ambigüedad legal del ambiente periglacial frena miles de millones de dólares.
- 🚩 Federalismo: Las provincias deben recuperar su rol constitucional sobre los recursos naturales.
