Con la vuelta de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. y una inversión militar sin precedentes en inteligencia artificial (IA), las grandes tecnológicas dejaron atrás sus reparos y abrazaron abiertamente la industria de la defensa. Google, Microsoft, Meta, Amazon y OpenAI ya no temen asociarse con el Pentágono, Israel y contratistas militares, acelerando una integración que borra las fronteras entre poder civil y aparato militar.
El giro ya no es sutil: Silicon Valley se está convirtiendo en una extensión directa del complejo militar-industrial. Lo que hace una década era motivo de conflicto interno —recordemos las renuncias en Google por el Proyecto Maven, vinculado al uso de IA en drones— hoy se presenta como una oportunidad estratégica de negocios, con contratos multimillonarios, designaciones oficiales en la reserva del Ejército y una narrativa pública que invoca la “seguridad nacional” para justificar cada paso.
Con Trump de nuevo en la Casa Blanca y la promesa de invertir un billón de dólares en la modernización militar en 2026, las grandes tecnológicas han encontrado un entorno político fértil para profundizar su alianza con las fuerzas armadas de EE.UU. y sus aliados estratégicos.
Tecnológicas con uniforme: el caso del “Destacamento 201”
La escena es simbólica y perturbadora: cuatro altos ejecutivos de empresas como Meta, OpenAI y Palantir fueron nombrados tenientes coroneles en la reserva del Ejército estadounidense. Entre ellos están Adam Bosworth (Meta) y Bob McGrew (OpenAI y Palantir), integrando el recientemente creado Cuerpo Ejecutivo de Innovación, una estructura que tiene como fin fusionar capacidades tecnológicas con operaciones militares.
La intención es clara: que los cerebros detrás de la inteligencia artificial civil lideren directamente su aplicación bélica.
IA para la guerra: contratos, censura y poder corporativo
Durante 2025, empresas como OpenAI, Google, Anthropic y xAI (de Elon Musk) ya cerraron contratos de hasta 200 millones de dólares con el Departamento de Defensa. OpenAI incluso modificó sus términos de uso para levantar la prohibición de aplicar IA en usos militares y de guerra, bajo la condición vaga de que sean “alineados con la seguridad nacional”.
Google eliminó de su código de conducta interno la referencia a “no desarrollar armas”. Microsoft, por su parte, reconoció públicamente que desde la invasión israelí a Gaza presta servicios avanzados de computación e IA al ejército israelí. Meta firmó acuerdos con Lockheed Martin, Booz Allen y la militar Anduril, y anunció en mayo el desarrollo conjunto de gafas de realidad mixta para soldados.
Detrás de estas decisiones hay otra narrativa: la de la carrera armamentista tecnológica entre EE.UU. y China, utilizada como argumento para acelerar desarrollos, evitar regulaciones y concentrar poder.
Protestas, despidos y contradicciones internas
Las consecuencias internas de esta militarización no son menores. Empleados de Google, Microsoft y Amazon han protagonizado protestas y huelgas por la firma de contratos militares, especialmente relacionados con Israel. Las manifestaciones contra el Proyecto Nimbus —contrato por 1.200 millones con el gobierno israelí— llevaron al despido de al menos 28 empleados.
Microsoft también despidió trabajadores que denunciaron públicamente su alianza con el aparato militar israelí. La reacción empresarial fue tajante: el negocio bélico no se discute puertas adentro.
¿Seguridad nacional o blindaje corporativo?
Para especialistas como Heidy Khlaaf del AI Now Institute, el argumento de la “seguridad nacional” es una coartada corporativa para evitar la rendición de cuentas. Permite blindar a las grandes tecnológicas frente a críticas éticas, regulatorias o ambientales, consolidando su posición como actores “demasiado importantes como para fracasar”.
Además, se cuestiona el hecho de que estas compañías civiles no cumplan con los estándares de ciberseguridad y transparencia exigidos a los sistemas militares tradicionales. Los grandes modelos de IA —como GPT-4 o LLaMA— son vulnerables a la manipulación mediante “envenenamiento de datos”, lo que podría convertirlos en vectores de riesgo estratégico en vez de soluciones confiables.
Los datos civiles como combustible bélico
Tal vez el aspecto más oscuro del asunto sea el uso de datos personales civiles, recolectados a través de servicios digitales, como insumo para sistemas militares. Estos datos, sin consentimiento expreso, permiten a los modelos identificar patrones, poblaciones y objetivos, alimentando tecnologías de vigilancia masiva, targeting automatizado y ciberarmas.
No es una exageración: la propia ONU, a través de su relatora especial para Palestina, Francesca Albanese, calificó esta simbiosis entre tecnología y guerra como parte de una “economía del genocidio”. Sus denuncias motivaron sanciones del gobierno estadounidense.
¿Qué implica esto para la industria tecnológica en América Latina?
Aunque esta militarización parece ajena al Sur Global, no lo es. Las decisiones de estas compañías moldean las normas de desarrollo, implementación y regulación de IA a escala global. Plataformas que se venden como “neutrales” pueden ya estar profundamente comprometidas con objetivos estratégicos del Pentágono o de aliados militares.
Y cuando esas tecnologías desembarcan en nuestras industrias, gobiernos o fuerzas de seguridad, lo hacen con lógicas de vigilancia y control embebidas, sin supervisión local. Más aún, bajo el nuevo esquema del Consorcio para la Seguridad del Pacífico (MSP), países como Argentina pueden quedar alineados indirectamente en esta arquitectura geopolítica y tecnológica.
