Revés judicial para el ambientalismo: sin amparo, la minería avanza en Mendoza

La resolución judicial se apoya en un punto central que atraviesa todo el debate minero en Mendoza desde hace más de una década: la diferencia entre exploración y explotación. La magistrada fue explícita al señalar que los proyectos aprobados no habilitan producción minera ni extracción a escala industrial, sino tareas iniciales de exploración, con bajo impacto, controles progresivos y supervisión estatal permanente. En otras palabras, no hay minas operando, sino estudios técnicos para determinar si existe o no un recurso económicamente viable.

El fallo desmonta uno de los ejes históricos del discurso ambientalista: la idea de que cualquier actividad minera implica, por definición, un daño ambiental irreversible. Para la Justicia, esa afirmación genérica no alcanza. La sentencia sostiene que no se acreditaron irregularidades sustanciales en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que contó con dictámenes técnicos, instancias administrativas y aprobación legislativa. El desacuerdo con las conclusiones de los organismos especializados, remarca la jueza, no equivale a ilegalidad.

Otro aspecto clave del rechazo al amparo fue la falta de precisión en la denuncia del daño. El tribunal cuestionó que se atacara en bloque a los 34 proyectos del Malargüe Distrito Minero Occidental sin individualizar impactos concretos, localizados y verificables. Cada proyecto, señala el fallo, tiene su propio expediente, su propia ubicación geográfica y su propia evaluación técnica. Pretender anularlos en conjunto, con argumentos generales, fue considerado un defecto grave de la demanda. Entre los proyectos mencionados aparece, por ejemplo, El Perdido, impulsado por la canadiense Kobrea, que ya anunció inversiones millonarias para avanzar en la exploración de cobre.

La sentencia también cuestiona la legitimación activa del abogado Sosa como coactor, al entender que no logró demostrar una afectación directa o indirecta que le permitiera litigar en nombre del interés colectivo. Este punto no es menor: marca un límite a la judicialización permanente de la política minera y establece que el interés ambiental, para ser defendido en tribunales, debe estar debidamente acreditado y no basarse solo en posturas ideológicas o preventivas extremas.

Desde una mirada institucional, el fallo refuerza la idea de que el Estado provincial cuenta con herramientas suficientes para controlar esta etapa inicial del desarrollo minero. La jueza validó el rol de la Unidad de Gestión Ambiental, encargada de monitorear los proyectos, actualizar condiciones, exigir informes periódicos y, llegado el caso, frenar actividades si se detectan incumplimientos. La exploración, además, se concibe como un proceso escalonado, donde cada fase requiere nuevas autorizaciones y evaluaciones.

En el trasfondo de esta decisión aparece un dato que atraviesa a toda la economía regional: la necesidad de diversificar la matriz productiva. Malargüe, históricamente asociada al petróleo y al turismo, enfrenta desde hace años el agotamiento de pozos maduros y una fuerte estacionalidad económica. La minería aparece, para el gobierno provincial y para buena parte del sector privado, como una oportunidad de generar empleo calificado, inversión en infraestructura y encadenamientos industriales, especialmente en cobre, un mineral estratégico para la transición energética global.

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Mientras tanto, las organizaciones ambientalistas ya anticiparon que analizarán nuevas vías judiciales, incluyendo presentaciones ante la Justicia Federal o incluso la Corte Suprema. Sin embargo, el fallo mendocino deja un precedente difícil de revertir: la exploración minera, cuando cumple con los procedimientos legales y cuenta con aval legislativo, no puede ser bloqueada preventivamente solo por desconfianza o rechazo conceptual a la actividad.

Para el Gobierno de Mendoza, la resolución llega como un alivio y un respaldo político. No se trata solo de un expediente judicial ganado, sino de una señal hacia el mercado: hay previsibilidad jurídica para invertir. En un país donde la inseguridad legal es uno de los principales frenos a los proyectos de minería, energía y petróleo, este tipo de decisiones pesan tanto como una mejora en los precios internacionales.

El inicio de 2026 encuentra así a Malargüe en una posición inédita en los últimos años. Con los permisos vigentes, el aval judicial y anuncios de inversión sobre la mesa, las primeras perforaciones de exploración comienzan a asomar como una realidad concreta. La discusión de fondo, sin embargo, sigue abierta: cómo compatibilizar desarrollo, control ambiental y licencia social en una provincia marcada por conflictos pasados. La Justicia ya habló. Ahora, la pregunta es si la política, las empresas y la sociedad estarán a la altura del desafío.