Esta semana volvió un libreto conocido: ONG ambientalistas y grupos antimineros alertan que la minería “contaminará el agua” en Mendoza. El problema es que el agua mendocina ya está contaminada, y no por la minería que no existe, sino por actividades que nadie se anima a discutir.
El falso debate: una minería que no está frente a un agua que ya sufre
La narrativa es eficaz, simple y emocional: si Mendoza habilita la minería metalífera, el agua “no servirá para nadie”. El problema es que ese escenario apocalíptico se discute sobre una base falsa. En Mendoza no hay minería metalífera en producción, pero sí hay cursos de agua con niveles preocupantes de contaminación.
¿De dónde viene esa contaminación real y medible? Principalmente de dos fuentes históricas: el uso intensivo de agroquímicos en la agricultura y los efluentes cloacales sin tratamiento adecuado que se descargan en ríos y canales. Son datos conocidos por organismos técnicos, universidades y entes de control. Sin embargo, no movilizan marchas ni campañas virales.
La minería es el enemigo perfecto: no está, no vota y no corta rutas. La contaminación existente, en cambio, exige inversiones, planificación y decisiones políticas incómodas.
Minería y agua: usar no es contaminar
Otro eje del discurso antimineros es el supuesto “consumo” de agua. Pero la minería moderna no consume agua, la usa. Y la usa en circuitos cerrados, con recirculación permanente y sin descargas al ambiente.
En proyectos bien diseñados, más del 70% u 80% del agua se reutiliza, y el resto se repone para mantener el sistema operativo. No se evapora, no desaparece, no se convierte en veneno. Además, la minería no utiliza agua potable para competir con el consumo humano, sino agua industrial o de fuentes específicas autorizadas.
Paradójicamente, sectores que hoy denuncian a la minería guardan silencio frente a sistemas de riego agrícola que pierden más del 40% del agua por infiltración o mala gestión, o frente a plantas cloacales colapsadas que descargan sin tratamiento terciario. Ahí no hay consignas épicas, ni hashtags.
Defender el agua no es prohibir todo: es exigir datos, controles y obras reales. El miedo sirve para viralizar consignas, no para sanear ríos ni construir desarrollo.
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— Daniel Díaz Escobar, director de AgendaIndustrial y Sector Minero
Ambientalismo de consigna y recaudación
En este escenario reaparece un actor habitual: Greenpeace. Como en otros conflictos industriales, la organización se sube a la ola antiminería y ahora también a la discusión por la posible modificación de la Ley de Glaciares.
No es casualidad. Greenpeace construyó un modelo global donde toda oposición a industrias estratégicas funciona como motor de visibilidad, adhesiones y, sobre todo, recaudación. No es una acusación, es su modelo de funcionamiento.
El problema no es que opinen. El problema es que simplifican debates complejos, ignoran datos técnicos y reemplazan ciencia por consignas. En Mendoza, como antes en Chubut o San Juan, la lógica es la misma: generar miedo, polarizar y presentar cualquier actividad productiva como una amenaza existencial.
Glaciares, minería y el mismo manual
La discusión por la Ley de Glaciares repite, una vez más, un patrón conocido. Desde comunicados ruidosos y campañas virales se instala la idea de que cualquier modificación normativa equivale automáticamente a “entregar los glaciares” o “habilitar su destrucción”. No hay matices, no hay debate técnico, no hay distinción entre un glaciar activo y un ambiente periglacial sin función hídrica estratégica. Todo se reduce a una consigna alarmista diseñada para generar rechazo inmediato.
Lo que nunca se explica —porque no conviene explicarlo— es que la ley vigente tiene problemas técnicos de origen, definiciones deliberadamente amplias y una aplicación discrecional que terminó bloqueando proyectos incluso en zonas donde no existen glaciares activos ni reservas críticas de agua. Esa ambigüedad no protege mejor el ambiente: paraliza inversiones, desalienta estudios serios y transforma a la política ambiental en un campo minado de interpretaciones ideológicas.
En ese escenario aparece, otra vez, Greenpeace. No desde la cordillera, no desde las cuencas afectadas, no desde Mendoza ni San Juan, sino desde el obelisco en el centro de Buenos Aires, con campañas diseñadas para redes sociales y titulares de alto impacto. La distancia geográfica no es un detalle menor: permite simplificar realidades complejas y convertir debates técnicos en relatos morales de buenos y malos.
Además, hay un elemento que rara vez se menciona: cada conflicto es también una oportunidad de recaudación. La oposición a la minería y ahora a la modificación de la Ley de Glaciares funciona como una campaña perfecta para pedir donaciones, sumar socios y reforzar presencia mediática. El miedo moviliza, y el miedo también financia. No es casualidad que Greenpeace se oponga sistemáticamente a casi cualquier actividad industrial estratégica, sin hacerse cargo jamás de cómo se reemplaza esa producción, ese empleo o esos recursos fiscales.
El resultado es siempre el mismo: un debate emocional, cargado de consignas absolutas, donde la ciencia queda relegada y donde cualquier intento de corrección técnica es presentado como un ataque ambiental. No se discute cómo proteger mejor los glaciares; se discute cómo impedir que se discuta. Y en ese juego, la parálisis productiva termina disfrazada de virtud moral.
El silencio incómodo de la CAEM
Mientras todo esto ocurre, hay una ausencia que empieza a ser llamativa: la de la CAEM. La misma cámara que felicitó públicamente a Mendoza por la aprobación de la DIA de San Jorge hoy guarda silencio frente a una ofensiva de desinformación que no apunta a una empresa, sino a toda la minería.
No se trata de hacer lobby, ni de militar un proyecto puntual. Se trata de algo mucho más básico: explicar. Explicar cómo funciona la minería moderna, cómo se gestiona el agua, qué dice la ciencia sobre glaciares, qué controles existen y cuáles no. El silencio no es neutral: favorece al que grita más fuerte.
Desinformación como política ambiental
La supuesta “lucha digna” contra la minería en Mendoza no está basada en datos, sino en ignorancia organizada. Y la ignorancia, cuando se transforma en política pública, termina teniendo consecuencias muy concretas: menos inversión, menos empleo, menos recursos para cuidar el ambiente de verdad.
Porque sin desarrollo no hay saneamiento, no hay cloacas nuevas, no hay plantas de tratamiento, no hay control ambiental serio. Defender el agua no es impedir todo, es gestionar mejor.
