El Gobierno activó el proceso para vender el 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa que opera las centrales nucleares del país. La decisión abre un debate estratégico: ¿más eficiencia con privados o pérdida de soberanía en un sector sensible de la energía? La operación se enmarca en la búsqueda de financiamiento para extender la vida útil de Atucha I y avanzar en infraestructura clave.
¿Qué es Nucleoeléctrica Argentina y por qué es estratégica?
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) es la operadora de las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II (ambas en Lima, Buenos Aires) y Embalse (en Córdoba). Estas plantas aportan entre el 7% y el 8% de la energía eléctrica nacional, con una estabilidad que complementa fuentes térmicas y renovables.
La compañía tiene un rol técnico y geopolítico determinante: controla la producción de electricidad de base, desarrolla ingeniería nuclear avanzada, sostiene mano de obra altamente calificada y actúa en cooperación con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Desde mediados del siglo XX, la Argentina construyó una capacidad única en la región para diseñar reactores, producir radioisótopos medicinales y exportar tecnología nuclear. Por eso, cualquier movimiento sobre NASA no solo es contable: es estratégico.
Qué implica la privatización parcial anunciada por el Gobierno
El esquema oficial prevé la venta del 44% del paquete accionario a través de una licitación pública nacional e internacional.
Hoy la estructura societaria es:
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79% Estado Nacional
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20% Comisión Nacional de Energía Atómica
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1% Energía Argentina S.A (ENARSA)
La nueva resolución instruye a ENARSA a transferir sus acciones a la Secretaría de Energía para consolidar la tenencia estatal previa a la licitación. El Estado planea conservar el 51% para mantener el control formal, mientras que el 5% se destinará a un Programa de Propiedad Participada para trabajadores, un mecanismo que recuerda privatizaciones de los años 90.
El argumento oficial: incorporar capital privado para sostener operaciones, invertir en mantenimiento y avanzar en grandes obras. La discusión de fondo: ¿se suma eficiencia o se abre una puerta a la pérdida de autonomía estratégica?
Los proyectos en disputa: Atucha I y el almacenamiento de combustible gastado
Entre las motivaciones centrales para avanzar en este proceso se encuentra la necesidad de conseguir financiamiento para dos proyectos clave:
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Extensión de Vida de Atucha I, que permitiría prolongar su operación por 20 años más.
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Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II), infraestructura indispensable para la gestión segura de residuos nucleares.
Ambos proyectos requieren inversiones de cientos de millones de dólares y tienen impacto directo sobre la seguridad energética.
El debate técnico indica que los países que manejan ciclos nucleares robustos lo hacen con fuerte presencia estatal (Francia, Corea del Sur, China, Canadá). La privatización de operaciones en esta industria es inusual por razones de seguridad, transferencia tecnológica y régimen de inspecciones internacionales.
Trabajo técnico, especialización y un mercado global en disputa
La industria nuclear demanda ingeniería avanzada, laboratorios certificados, protocolos civiles y militares, y cuadros técnicos con décadas de formación. NASA emplea a miles de profesionales con experiencia en diseño de reactores, operación de turbinas, química de materiales y monitoreo radiológico.
La apertura parcial al capital privado genera interrogantes en la comunidad profesional:
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¿Se garantizará el mantenimiento de estándares técnicos?
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¿Habrá fuga de especialistas clave ante incertidumbres laborales?
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¿Se privilegiará la rentabilidad sobre la soberanía en planificación energética?
En paralelo, países con desarrollo nuclear buscan posicionarse en cadenas globales de enriquecimiento, radiofármacos y pequeños reactores modulares (SMR). La Argentina, con INVAP como actor central, tiene capacidades exportadoras reales. La gobernanza de NASA influye en este tablero.
Soberanía, inversión y un dilema que recién empieza
El Gobierno apuesta a que la participación privada genere eficiencia y financiamiento para sostener proyectos críticos. Sin embargo, en un sector donde la seguridad energética y la autonomía tecnológica son factores geopolíticos, la frontera entre inversión y dependencia es fina.
La discusión pública será intensa. Los trabajadores, la CNEA, la industria nuclear regional, provincias, y actores internacionales miran de cerca.
No se trata solo de quién administra las centrales: se redefine el lugar de la Argentina en el mapa nuclear global.
Claves
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NASA opera el 8% de la energía del país.
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El Estado conservará 51% pero el 44% irá a licitación internacional.
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El Gobierno busca financiamiento para obras de largo plazo.
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El sector nuclear es estratégico y altamente sensible.
