La empresa canadiense The Metals Company (TMC) ha dado un paso clave en su ambicioso plan para extraer minerales del lecho marino.
La compañía, cotizada en Nasdaq, presentó formalmente solicitudes de exploración y explotación comercial ante el gobierno estadounidense, en lo que podría convertirse en uno de los proyectos mineros más controvertidos de la década.
El paquete de solicitudes incluye dos licencias de exploración que abarcan 199.895 kilómetros cuadrados y un permiso de recuperación comercial para 25.160 kilómetros cuadrados en la Zona Clarion-Clipperton, una región del Océano Pacífico entre Hawái y México conocida por sus ricos yacimientos de nódulos polimetálicos.
Este movimiento se produce apenas días después de que el gobierno de Estados Unidos, mediante orden ejecutiva, acelerara los trámites para la minería en aguas profundas. La administración considera estratégico el acceso a estos minerales críticos -esenciales para baterías, energías renovables y aplicaciones de defensa- para reducir la dependencia de cadenas de suministro extranjeras, particularmente de China.
Según los cálculos de TMC, las áreas solicitadas contienen recursos indicados y medidos que superan los 1.630 millones de toneladas métricas húmedas de nódulos, con un potencial estimado de 15,5 millones de toneladas de níquel, 12,8 millones de toneladas de cobre, 2 millones de toneladas de cobalto y 345 millones de toneladas de manganeso.
Sin embargo, el proyecto enfrenta una creciente oposición de científicos y ambientalistas, quienes advierten sobre los riesgos ecológicos de la minería en aguas profundas, uno de los últimos ecosistemas prácticamente inexplorados del planeta. Organizaciones como Greenpeace y el Instituto de Derecho Ambiental han expresado preocupación por la falta de estudios exhaustivos sobre los impactos a largo plazo de estas operaciones en la biodiversidad marina.
La controversia se extiende también al ámbito regulatorio. Mientras TMC opera actualmente en la zona bajo contratos de exploración con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (organismo de la ONU), su decisión de solicitar permisos bajo la legislación estadounidense -país que no es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar- podría sentar un peligroso precedente para el marco regulatorio internacional.
Ante las críticas, TMC ha defendido su tecnología de extracción, asegurando que su sistema de recolección solo altera los tres centímetros superiores del lecho marino y que se compromete a dejar intacto al menos el 30% de las áreas de contrato. No obstante, muchos expertos consideran insuficientes estas medidas y reclaman una moratoria global hasta contar con mayor evidencia científica.
El caso de TMC refleja el creciente dilema entre la transición energética -que demanda cantidades sin precedentes de minerales críticos- y la protección de ecosistemas vulnerables. Mientras los gobiernos buscan asegurar sus cadenas de suministro, la comunidad científica urge a encontrar un equilibrio entre el desarrollo industrial y la sostenibilidad ambiental.
La decisión final sobre las solicitudes de TMC, que ahora están en manos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de EE.UU., podría marcar un punto de inflexión en el desarrollo de esta incipiente industria y sus implicaciones globales.
