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Los mineros chilenos, enfrentados a mayores impuestos, buscan permisos más rápidos y menores costes energéticos

Los mineros chilenos, enfrentados a mayores impuestos, buscan permisos más rápidos y menores costes energéticos

Los mineros chilenos, enfrentados a mayores impuestos, buscan permisos más rápidos y menores costes energéticos

Ahora que Chile ha aprobado un aumento del canon minero, los mineros del cobre están presionando para obtener incentivos que les permitan seguir invirtiendo en la producción del metal necesario para la revolución de las energías renovables, con medidas como recortes en los costes energéticos, agilización de la aprobación de permisos y otros incentivos.

A partir de 2024, los cánones mineros aumentarán hasta un rango del 8% al 26% del margen de explotación, frente al margen actual del 5% al 14%. También habrá un impuesto ad valorem del 1% basado en las ventas para los mineros que obtengan beneficios.

El Consejo Minero de Chile, que agrupa a grandes empresas privadas, estima que esto terminará por elevar la tasa impositiva promedio a 44,7%, superando el tope del rango de 38 a 44% de países competidores como Perú y Australia.

«Esperamos que esta desventaja competitiva se compense de alguna manera con otras acciones de política pública que incentiven la inversión«, dijo el jefe de estudios de la asociación, José Tomás Morel.

El elevado royalty es el último punto de conflicto entre la industria minera del primer productor mundial de cobre y el segundo de litio y el gobierno izquierdista de Gabriel Boric, que llegó al poder prometiendo que la industria minera del país ayudaría a pagar la ampliación de los programas sociales.

El cabildeo de la industria hizo que se recortara el plan original de subida de los cánones, y algunos mineros han dicho que seguirán invirtiendo.

«A pesar de ser un Gobierno fuertemente izquierdista, se comprometió con la industria y trató de entender y trabajar hacia un resultado que lograra un equilibrio entre las necesidades públicas y lo que se requería para mantener la competitividad de la industria y el país«, dijo Mark Henry, consejero delegado de BHP Group, el segundo operador de Chile, que inicialmente había dicho que el canon provocaría una revisión de su plan de inversión de 10.000 millones de dólares en Chile.

«BHP seguirá invirtiendo».

Otras grandes mineras se mostraron más tímidas, y algunos ejecutivos del sector se muestran escépticos de que la industria siga adelante con una inversión prevista estimada en 70.000 millones de dólares sin un estímulo adicional.

Con las envejecidas minas chilenas produciendo menos cobre, los analistas señalaron que se necesitaba más inversión minera para producir el aumento de ingresos deseado por el gobierno, incluso con el canon más alto.

Los expertos del sector siguen de cerca la decisión de la minera chilena Antofagasta de invertir 3.700 millones de dólares para ampliar su mina Centinela hacia finales de año.

Antofagasta no respondió a la petición de comentarios. En junio, su consejero delegado, Iván Arriagada, dijo a los medios locales que la empresa estaba reevaluando el proyecto porque el nuevo canon «sí impacta en la competitividad«.

«Algunos proyectos en el margen tendrán que ser reevaluados para determinar si son viables o no«, dijo Arriagada.

Freeport-McMoRan, uno de los mayores productores de cobre del mundo, ha dicho que dejará en suspenso sus decisiones de inversión en Chile debido a la incertidumbre política.

Boric ha prometido incentivos a la inversión. El Gobierno mantiene conversaciones con empresas mineras y otras partes interesadas. Los mineros aún no han facilitado una lista detallada de los incentivos que solicitan.

Morel afirmó que el gobierno debería acelerar y simplificar el proceso de concesión de permisos, en el que los proyectos necesitan cientos de permisos y cada uno de ellos tarda meses en aprobarse. También debería ayudar a los mineros a sortear las espinosas cuestiones medioambientales y de normativa indígena, que pueden dar lugar a largos procesos judiciales.

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Los costos energéticos son otro motivo de preocupación. La industria minera chilena consume alrededor del 15% de la producción total de energía del país, y la Comisión Chilena del Cobre afirma que la energía representa alrededor del 11% de los costes de los mineros. A la industria le gustaría que el gobierno aprobara una normativa que redujera los costes energéticos de los mineros.

Descenso de la producción

El aumento del canon minero formaba parte de un plan más amplio de reforma fiscal que el Congreso rechazó en marzo. El gobierno de Boric espera aumentar los ingresos totales del Estado por el cobre hasta el 0,45% del PIB, unos 1.350 millones de dólares al año, y utilizar los fondos para impulsar programas como el cuidado infantil, la seguridad, la sanidad y la educación.

Gustavo Lagos, profesor del departamento de minería de la Universidad Católica de Santiago, dijo que el nuevo royalty podría no alcanzar su objetivo, ya que la mayoría de los nuevos proyectos se centran en compensar la disminución de la producción en lugar de añadir oferta.

«Creo que va a haber inversión, lo que no creo es que la producción crezca más, va a ser difícil que superemos los 6 millones de toneladas (métricas) en Chile y eso es lo que finalmente determina los ingresos«, dijo Lagos.

La oferta de cobre de Chile ha caído debido a la declinación natural de las leyes minerales de sus yacimientos más antiguos, retrasos en la puesta en marcha de proyectos, accidentes y otros problemas. La producción en 2022 fue de 5,33 millones de toneladas métricas, por debajo del récord de 5,83 millones de 2018.

El Gobierno está manteniendo conversaciones con grupos empresariales y otros actores políticos para una segunda oportunidad de reforma fiscal, y los mineros esperan que esto posiblemente aumente sus posibilidades de obtener incentivos.

Un ejecutivo minero, que pidió no ser nombrado debido a la sensibilidad del tema, dijo que el gobierno podría comprometerse aún más para tratar de impulsar futuras inversiones.

«Los (proyectos) que no se lleven a cabo van a llegar a un punto en el que van a negociar con el Gobierno y decir ‘voy a hacer este proyecto, pero necesito otra garantía‘», dijo el ejecutivo.

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