Mientras Argentina se enfrasca en un debate «ético» sobre la explotación minera, miles de familias en el Noroeste y la Patagonia luchan por subsistir en pueblos que parecen detenidos en el tiempo, ironías del destino, asentados sobre una fortuna geológica intacta.
¿Es realmente más ecológico mantener el oro bajo tierra a costa del desarraigo y la dependencia de generaciones enteras? La transición energética global exige litio, cobre, oro y plata, pero aca abrazamos un romanticismo de la pobreza «digna». Vecinos como Chile, Perú e incluso Bolivia aprovechan con pragmatismo recursos que Argentina, con un purismo incomprensible, parece relegar.
«Sin minería no hay contaminación», reza un simplista mantra. Pero, ¿quién pone la lupa sobre el verdadero y devastador impacto ambiental de la pobreza? El argumento de un «ambiente intacto» se desmorona al observar cómo la actividad minera formal en San Juan, con ejemplos concretos como Veladero y Gualcamayo, no solo dinamiza economías locales, sino que sostiene comunidades enteras. Imaginen el sombrío panorama si estas fuentes de empleo desaparecieran: pueblos fantasma, economías al borde del abismo y un aumento inevitable de la pobreza, caldo de cultivo para problemáticas ambientales informales y descontroladas. Porque, seamos claros, mientras la minería responsable se somete a rigurosos controles ambientales, la miseria no conoce de regulaciones a la hora de impactar su entorno.
«Sin minería no hay contaminación», dicen. Pero nadie habla del verdadero impacto ambiental de la pobreza.
«El agua vale más que el oro»: ¿Seguro?
La sentencia de que «el agua vale más que el oro» suena noble, pero la lupa de la realidad revela matices incómodos. En Chile, la minería moderna ha dado cátedra de eficiencia hídrica, implementando tecnologías de recirculación que, sorpresivamente, consumen menos agua que extensos cultivos como la soja.
En contraste, Argentina sangra un 40% de su agua potable por tuberías rotas y una infraestructura vetusta, un problema endémico que nada tiene que ver con la minería.
Protesta antiminera en Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Y la ironía no termina ahí: una mina de litio en Salta utiliza agua salmuera, inutilizable para consumo o riego, mientras el Riachuelo, en el corazón de nuestra metrópolis, sigue siendo una vergonzosa cloaca a cielo abierto. ¿No deberíamos enfocar nuestra preocupación en las prioridades de inversión y la gestión de recursos, en lugar de caer en simplismos binarios?
El doble estándar de los «ambientalistas de boutique»
Resulta paradójico observar el discurso de ciertos «ambientalistas» que levantan fervientemente la bandera contra la extracción de oro, mientras disfrutan de las comodidades de la vida moderna, desde sus teléfonos celulares hasta sus computadoras portátiles. ¿Acaso olvidan que cada uno de estos dispositivos electrónicos depende intrínsecamente de una variedad de minerales, incluyendo metales preciosos? La misma paradoja se repite con quienes demonizan el litio, pero aplauden la llegada de los autos eléctricos, cuyo corazón energético late gracias a baterías que contienen, en promedio, 12 kilogramos de este «satánico» elemento.
Este doble estándar se evidencia aún más cuando el llamado a la «defensa de la tierra» se realiza cómodamente desde departamentos en barrios como Palermo, a kilómetros de las realidades y necesidades de las comunidades que viven en las zonas donde se encuentran estos recursos. Esta desconexión entre el discurso y las prácticas cotidianas plantea interrogantes sobre la coherencia y la genuinidad de ciertas posturas ambientalistas.
El peor contaminante es la pobreza
La retórica ambientalista dominante en Argentina a menudo barre bajo la alfombra una verdad incómoda: la pobreza es el más corrosivo de los contaminantes. Un niño en Chubut, inhalando el humo tóxico de la leña para calentarse, personifica esta realidad. Los estudios son contundentes: la exposición continua a este humo artesanal es un pasaporte directo a enfermedades respiratorias crónicas y agudas, un precio demasiado alto por la inacción. Este impacto en la salud, silencioso pero devastador, contrasta con la minería formal, que está obligada a invertir en costosos estudios de impacto ambiental y medidas de mitigación.
La diferencia es aún más marcada al observar la minería ilegal, como la extracción de oro en el Amazonas, donde el mercurio, un neurotóxico potente, se vierte directamente a los ríos sin ningún tipo de control, causando daños ecológicos y de salud irreparables.
La experiencia de Noruega, un país con una industria minera activa, extensos bosques y, a la vez, el aire más limpio del mundo, desmiente la falsa dicotomía entre desarrollo extractivo y cuidado ambiental. En Argentina, en cambio, un prohibicionismo ideológico coexiste con la proliferación de villas miseria junto a basurales a cielo abierto, verdaderos focos de contaminación que afectan directamente la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables.
Esta realidad nos obliga a reconsiderar dónde se encuentran los verdaderos focos de contaminación y cuál es el costo humano y ambiental de la inacción y la falta de desarrollo formal y regulado.
¿Qué futuro elegimos?
Dejar nuestros recursos minerales inertes bajo tierra no es un acto de ecología; es, lisa y llanamente, hipotecar el futuro de Argentina, condenándola a ser un museo de la pobreza. Países con visión de futuro extraen, regulan y reinvierten inteligentemente sus ganancias – Chile, con su cobre, financia la educación de sus ciudadanos. Nosotros, en cambio, parecemos deleitarnos en un debate estéril de consignas, mientras importamos aquello que nuestra tierra generosamente nos ofrece.
«¿Prefieren un país ‘libre de minería’ pero lleno de pobres? Argentina ya lo está logrando. Felicitaciones.»
El verdadero ambientalismo no se mide en un «no es no» categórico, sino en un «sí, pero hagámoslo bien». La pregunta final es: ¿estamos dispuestos a pagar el precio de nuestra inacción, o vamos a seguir culpando a la minería, que no se desarrolla, de todos nuestros males?
