Después de años de judicialización, amparos y medidas dilatorias, la minería en Mendoza recibió una señal política y jurídica de alto impacto.
La Justicia provincial rechazó todas las cautelares contra la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino, confirmando la vigencia de un proyecto aprobado por ley y reabriendo el debate sobre desarrollo, inversión y límites del ambientalismo judicial.
Un fallo que marca un punto de inflexión
El Tribunal de Gestión Asociada–Primero de Mendoza desestimó de manera integral las medidas cautelares que buscaban frenar la ejecución de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino. La resolución mantuvo la plena vigencia del acto administrativo y dejó en claro que no se verificaron los requisitos excepcionales que exige la suspensión de una decisión estatal respaldada por el Poder Legislativo.
Las presentaciones habían sido impulsadas por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), particulares y organizaciones vinculadas a comunidades originarias. Sin embargo, el tribunal fue categórico: no se acreditó daño concreto, grave ni irreversible, ni se aportó sustento técnico suficiente que justifique una paralización preventiva.
El juez sostuvo que los riesgos invocados eran “meramente conjeturales” o “hipotéticos”, y advirtió que suspender una DIA avalada por ley provincial constituye una decisión extraordinaria, solo admisible cuando la ilegitimidad del acto resulta manifiesta y la urgencia impostergable. Ninguno de esos extremos se verificó en este caso.
La resolución también recordó un principio central del derecho administrativo argentino: los actos estatales gozan de presunción de legitimidad, presunción que en este caso se ve reforzada por la ratificación legislativa mediante la Ley Provincial N.º 9684.
DIA PSJ Cobre Mendocino plenamente vigente
Principio precautorio: límites claros a la parálisis permanente
Uno de los ejes más relevantes del fallo fue la interpretación del principio precautorio, una herramienta frecuentemente utilizada para intentar frenar proyectos de minería, energía o infraestructura.
El tribunal aclaró que dicho principio no implica la paralización automática de actividades lícitas, ni habilita la suspensión de proyectos basándose únicamente en temores abstractos. Para que proceda una cautelar, el riesgo ambiental alegado debe contar con respaldo objetivo, evidencia científica razonable y verosimilitud técnica, criterios que no fueron cumplidos por los demandantes.
En línea con jurisprudencia de la Corte Suprema, el juez afirmó que la mera invocación de un peligro potencial no alcanza para bloquear una política pública, especialmente cuando esta ha atravesado procedimientos formales de evaluación ambiental y control institucional.
Este punto no es menor: el fallo fija límites claros al uso expansivo del ambientalismo judicial como mecanismo de veto indirecto a proyectos estratégicos.
CLAVES DEL FALLO
- Cautelares: Rechazo total
- Presunción: Legalidad acto estatal
- Precautorio: Límites sin evidencia técnica
- Legislativo: Rol ratificado (Ley 9684)
- Señal: Previsibilidad inversión
No paraliza actividades sin evidencia concreta
Ambiente, desarrollo y legalidad: el equilibrio que exige la Constitución
La sentencia puso especial énfasis en el artículo 41 de la Constitución Nacional, recordando que el derecho a un ambiente sano se inscribe dentro del concepto de desarrollo sustentable, no como una negación del desarrollo productivo.
“El desafío es armonizar la protección ambiental con la dimensión social y económica de las actividades productivas”, señaló el magistrado, advirtiendo contra dos extremos igualmente dañinos: el ambientalismo declamativo sin sustento técnico y el productivismo inmune a control.
En ese marco, el tribunal remarcó que la vía cautelar no es el ámbito adecuado para discutir el fondo de la cuestión, como la eventual constitucionalidad de la ley que avala la DIA. Ese análisis deberá realizarse en la sentencia definitiva, luego de la producción de prueba y el debate de fondo.
Mientras tanto, la Declaración de Impacto Ambiental permanece plenamente vigente.
Cierre | PSJ Cobre Mendocino y el mensaje al país
El fallo que mantiene en pie a PSJ Cobre Mendocino va mucho más allá de un expediente puntual. Envía una señal clara al sistema productivo argentino: la judicialización preventiva no puede reemplazar a la política pública ni a los procedimientos institucionales.
En un contexto de caída de inversiones, agotamiento de yacimientos maduros y necesidad urgente de divisas, la minería vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de desarrollo. Mendoza, históricamente condicionada por disputas ideológicas, empieza a mostrar que es posible discutir minería con reglas, controles y legalidad.
La pregunta ya no es si los proyectos deben evaluarse —eso es incuestionable—, sino si el país está dispuesto a seguir bloqueando su propio desarrollo en nombre de riesgos hipotéticos.
