El Gobierno avanza contrarreloj en una redefinición normativa largamente reclamada por San Juan y por toda la industria minera. La falta de criterios técnicos frenó inversiones millonarias desde 2010. Ahora, una aclaratoria busca devolver previsibilidad, activar proyectos de cobre y destrabar el impacto del RIGI en la cordillera.
Una ley que paralizó más de una década de inversiones
La gestión de Javier Milei puso en la primera línea de su agenda minera un tema que la industria arrastra desde hace años: la interpretación ambigua de la Ley de Glaciares (Ley 26.639). Aprobada en 2010 con un enfoque de máxima protección ambiental, la norma prohíbe actividades que afecten glaciares o permafrost, pero nunca definió con precisión técnica qué es un glaciar, qué es un ambiente periglacial, ni qué nivel de impacto es aceptable.
Ese vacío abrió un campo de litigios, dictámenes contradictorios y decisiones judiciales que alteraron el mapa minero desde entonces. Para provincias como San Juan —punta de lanza de la minería metalífera argentina— la incertidumbre terminó generando un efecto concreto: proyectos multimillonarios quedaron paralizados o avanzaron a mitad de velocidad, en un contexto global donde el cobre es el mineral más buscado para la transición energética.
San Juan al frente: una presión política que llegó al despacho presidencial
La discusión se reactivó cuando el gobernador Marcelo Orrego planteó el tema directamente en reuniones con el Presidente y su gabinete. La provincia, que alberga algunos de los mayores proyectos de cobre no desarrollados del continente, considera que la falta de reglamentación clara impide avanzar incluso en inversiones ya comprometidas.
Según fuentes del Gobierno provincial, la aclaratoria podría estar lista antes de fin de año, con el objetivo de tratarla en sesiones extraordinarias del Congreso. La estrategia del Ejecutivo nacional es ordenar el debate y devolvérselo a las provincias, que históricamente reclamaron ser autoridades de aplicación, una figura que hoy interpreta la Nación mediante organismos federales.
En palabras de Orrego:
“Si las provincias son las autoridades de aplicación, le daríamos claridad a la actividad minera y previsibilidad a las inversiones.”
Los proyectos que quedaron atrapados en la indefinición
San Juan no exagera. La falta de precisión técnica abrió la puerta a interpretaciones extremadamente restrictivas que afectaron a proyectos estratégicos como:
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Vicuña (Filo del Sol, Josemaría, Los Helados), uno de los clusters de cobre-oro más ambiciosos del continente.
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El Pachón, proyecto de Glencore con un CAPEX estimado cercano a los USD 9.000 millones.
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Los sistemas de inversión del RIGI, que requieren compatibilidad con legislación ambiental clara para acelerar aprobaciones.
El ministro de Minería sanjuanino, Juan Pablo Perea, lo sintetizó en una frase que reverberó en toda la industria:
“Hasta que no exista una clarificación sobre la legislación de glaciares, no se podrá pensar en que arranquen nuevos proyectos. Es algo que debe resolverse antes.”
En otras palabras: no es que la industria no quiera avanzar; es que legalmente no puede.
Qué busca exactamente la aclaratoria impulsada por el Gobierno
La Casa Rosada trabaja en un texto que apunte a cuatro objetivos centrales:
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Definir técnicamente qué constituye un glaciar y qué constituye ambiente periglacial, con criterios basados en estudios científicos y cartografía actualizada.
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Establecer niveles de impacto aceptables, diferenciando perturbaciones menores de afectaciones graves.
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Alinear las competencias entre Nación y provincias, devolviendo gobernanza territorial a las jurisdicciones productoras.
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Brindar previsibilidad para inversiones de largo plazo, una condición imprescindible para los proyectos de cobre que superan los USD 3.000–9.000 millones en CAPEX.
El Gobierno interpreta que sin esta aclaratoria no habrá nuevos proyectos de gran escala, y que el efecto podría extenderse incluso a inversiones asociadas del RIGI en infraestructura y logística cordillerana.
Un cambio que podría reconfigurar el mapa minero argentino
Si la aclaratoria avanza, el impacto será inmediato:
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San Juan recuperaría la capacidad de avanzar con su pipeline de cobre.
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Mendoza podría flexibilizar la interpretación para Potasio Río Colorado y otras iniciativas.
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Catamarca y Salta tendrían un precedente para evitar conflictos normativos en zonas de altura.
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El país podría volver a competir por inversiones globales que hoy migran a Chile, Perú o Australia.
La discusión sobre glaciares definió durante años el límite entre desarrollo y protección ambiental. La diferencia ahora es que, en un contexto de déficit fiscal, escasez de dólares y demanda global de cobre y oro, la Argentina no puede darse el lujo de bloquear oportunidades por falta de precisión legal.
¿el punto de inflexión que esperaba la minería argentina?
La aclaratoria de la Ley de Glaciares no elimina estándares ambientales: los redefine con rigor.
Si la Argentina consigue equilibrar protección y desarrollo, podría destrabar más de USD 20.000 millones en potencial minero solo en San Juan.
La pregunta que queda abierta es si el consenso político alcanzará para sostener la reforma en el Congreso.
La ventana está abierta. El mundo quiere cobre. La cordillera lo tiene.
