El Gobierno nacional aprobó la adhesión del proyecto Carbonatos Profundos al RIGI y consolidó una de las apuestas mineras más relevantes de los últimos años.
La iniciativa, liderada por Minas Argentinas, apunta a reactivar el histórico distrito Gualcamayo con una fuerte inversión, proveedores locales y reglas de estabilidad a largo plazo.
Un aval estratégico del Estado para la minería metalífera
El Ministerio de Economía formalizó la aprobación del proyecto minero Carbonatos Profundos (DCP) dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, un paso clave que confirma el alineamiento del Gobierno con la minería como sector estratégico para la economía real. La iniciativa es impulsada por Minas Argentinas SA y se desarrollará en la provincia de San Juan, uno de los principales polos mineros del país.
La decisión quedó plasmada en la Resolución 6/2026, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, luego del análisis técnico y la recomendación favorable del Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El proyecto se encuadra dentro del sector minería, específicamente en minerales de primera y segunda categoría del Código de Minería, excluyendo potasio y litio.
Con una inversión comprometida que supera los US$ 519 millones, Carbonatos Profundos se convierte en uno de los proyectos metalíferos más importantes en ingresar al esquema RIGI desde su puesta en marcha, reforzando el mensaje oficial de previsibilidad, escala y largo plazo para el capital productivo.
US$ 519,6 millones – Carbonatos Profundos – San Juan
Gualcamayo, oro profundo y un nuevo ciclo productivo
El proyecto será ejecutado a través del vehículo especial Minas Argentinas SA Sucursal Dedicada RIGI I – Nuevo Gualcamayo (MASA-SD) y tiene un alcance integral: exploración avanzada de las concesiones Gualcamayo 1 y 2, evaluación de factibilidad del yacimiento de oro y plata Carbonatos Profundos, y la construcción, puesta en marcha y operación de una planta de tratamiento de minerales.
Según la documentación aprobada, la inversión en activos computables asciende a US$ 519,6 millones, muy por encima del umbral mínimo exigido por el régimen. El cronograma prevé que, durante los primeros dos años, la empresa deberá acreditar al menos el 40% del total comprometido, con un desembolso inicial de US$ 90,6 millones. La fecha límite para cumplir con la inversión mínima total fue fijada para el 31 de diciembre de 2028.
Desde una mirada histórica, el aval al proyecto representa un intento concreto de reimpulsar el distrito Gualcamayo, uno de los yacimientos auríferos más relevantes de San Juan, ahora con foco en mineralización profunda y tecnologías de mayor complejidad. En términos regionales, la magnitud de la inversión coloca a la provincia en línea con proyectos metalíferos de escala similares a los desarrollados en Chile y Perú.
CARBONATOS PROFUNDOS – CLAVES
- Inversión: US$ 519,6 millones
- Provincia: San Juan
- Minerales: Oro y plata
- Proveedor local: 69% del gasto total
- Cronograma: 40% primeros 2 años – total antes 31/12/2028
Proveedores locales, beneficios fiscales y reglas claras
Uno de los puntos más destacados del proyecto aprobado es su fuerte anclaje en la economía local. De acuerdo con la presentación realizada ante el RIGI, el 69% del gasto total en bienes, servicios y obras de infraestructura durante las etapas de construcción y operación será destinado a proveedores locales, más del triple del mínimo exigido por la normativa.
En materia de incentivos, la resolución habilita la importación de determinados bienes bajo el régimen de franquicia aduanera previsto en la Ley 27.742 y el acceso a beneficios tributarios y cambiarios, pilares centrales del RIGI. En este punto, el Banco Central de la República Argentina informó que no formuló observaciones respecto de los aspectos cambiarios del proyecto, despejando uno de los principales interrogantes que suele rodear a las grandes inversiones mineras.
Asimismo, la empresa manifestó su adhesión a los mecanismos de resolución de controversias previstos por el régimen, incluyendo el Panel RIGI y el arbitraje internacional bajo el reglamento del CIADI, opción que fue validada por la Procuración del Tesoro de la Nación. Este punto no es menor: brinda garantías jurídicas adicionales y reduce el riesgo país percibido por los inversores.
La fiscalización del cumplimiento de los compromisos asumidos quedará a cargo de la Secretaría de Minería del Ministerio de Economía, reforzando el rol del Estado como auditor del régimen.
69% del gasto total – más del triple del mínimo RIGI
El RIGI como termómetro del rumbo minero
La incorporación de Carbonatos Profundos al RIGI confirma que el régimen empieza a traccionar proyectos de minería metalífera de gran escala, más allá del litio y la energía. Para el Gobierno, se trata de una herramienta central para atraer capitales de largo plazo; para las provincias, una oportunidad de empleo, infraestructura y desarrollo de proveedores; y para el sector, una señal concreta de estabilidad normativa.
El desafío hacia adelante será transformar estas aprobaciones en obras efectivas, producción sostenida y encadenamientos locales reales. En ese equilibrio entre inversión, control y licencia social se jugará buena parte del futuro de la minería argentina.
