El bloque Bloquista se adelantó al Ejecutivo y presentó un proyecto para regular la participación local en la minería, con el foco puesto en el impacto directo en el departamento Iglesia.
Iniciativa Legislativa
Bloque Bloquista
Los diputados Luis Rueda, Gustavo Deguer y Federico Rizo impulsan un Régimen de Desarrollo Local Minero para actualizar el marco normativo ante el avance del Distrito Vicuña.
En una movida política que sorprendió a la Legislatura sanjuanina, el bloque Bloquista presentó un ambicioso proyecto de ley para regular la actividad minera en la provincia. La iniciativa busca establecer metas de referencia estrictas para la contratación de mano de obra y la selección de proveedores, adelantándose a la propuesta que se esperaba por parte del Gobierno provincial.
El argumento central de los legisladores, con fuerte presencia territorial en el departamento de **Iglesia**, es la necesidad de garantizar que el derrame económico de proyectos de escala mundial como **Vicuña (Josemaría y Filo del Sol)** quede efectivamente en manos de los sanjuaninos. Sostienen que la normativa vigente ha quedado «insuficiente» frente a la nueva escala que está tomando el sector en la provincia.
Empleo Local
Proveedores
Prioridad Territorial
Control, monitoreo y prioridad de precios
El proyecto no se limita a fijar porcentajes. Plantea la creación de un **Registro Provincial de Proveedores Mineros** y obliga a las compañías a presentar planes de desarrollo de proveedores y empleo local con actualizaciones periódicas. Estos planes no serán meras formalidades: estarán sujetos a evaluación, monitoreo y auditorías estatales frecuentes.
Un punto disruptivo de la propuesta es la introducción de una **regla de comparabilidad de precios**. Esta cláusula obligaría a las mineras a priorizar a las empresas locales cuando sus ofertas sean técnicamente equivalentes y competitivas frente a firmas foráneas, eliminando la desventaja por escala que suelen tener las PyMEs provinciales.
CADENA DE IMPACTO LEGISLATIVO
Sanciones y fiscalización
Para asegurar el cumplimiento, la ley establece la presentación de declaraciones juradas periódicas y otorga facultades de auditoría directa al Estado provincial. Aquellas empresas que no alcancen las metas de referencia o incumplan con el desarrollo de proveedores locales enfrentarán un régimen de infracciones y sanciones severas, buscando que la ley sea operativa y no solo declarativa.
La movida bloquista pone presión sobre el resto de las fuerzas políticas en un año donde la «minería responsable» y el «compre local» se han vuelto ejes centrales del discurso público tras la adhesión de la provincia al RIGI nacional.
