El desarrollo del Distrito Vicuña, en plena Cordillera de los Andes y con epicentro en San Juan, es sin dudas uno de los hitos más prometedores de la minería argentina en décadas. Conformado por los proyectos Josemaría y Filo del Sol, y operado por la sociedad binacional Vicuña Corp. —una alianza 50/50 entre las gigantes Lundin Mining y BHP—, se perfila como un motor estratégico para el cobre, la plata y el oro en la región.
Pero a medida que avanza, también crecen las tensiones en torno a la mano de obra calificada y el rol de los profesionales argentinos. En particular, ingenieros y técnicos locales han encendido las alarmas frente a la creciente contratación de personal chileno —y de otros países—, en puestos clave del proyecto, especialmente en su etapa de planificación y desarrollo inicial.
La voz de los ingenieros
Francisco Almenzar, presidente del histórico Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (Cadim), fue contundente: “Actualmente no hay ningún ingeniero de minas argentino trabajando en Josemaría; Vicuña ni siquiera los entrevista”. Aunque aclaró que no se trata de una postura xenófoba, señaló que hay molestia porque se desestima el expertise de profesionales formados en Argentina, muchos de ellos con décadas de experiencia en la cordillera sanjuanina.
El reclamo apunta, entre otras cosas, a que los profesionales extranjeros ingresan con visa de turista, sin que medie revalidación de títulos ni registro profesional en Argentina. “Nosotros queremos saber con quién estamos trabajando. No se puede ejercer una profesión en este país sin cumplir la ley”, enfatizó Almenzar.
¿Cuotas de empleo local?
El Sindicato Jerárquico Minero (Asijemin), que representa al 25% de los trabajadores del sector, también alzó la voz. Marcelo Mena, su secretario general nacional, pidió una participación mínima del 70% de trabajadores locales en el proyecto, especialmente de provincias cordilleranas como San Juan, La Rioja y Catamarca. “Esto no es xenofobia. Queremos que los trabajadores tributen acá y que los recursos generen empleo real donde se extraen”, argumentó.
Según Mena, durante la etapa de exploración en Filo del Sol, llegaron a contabilizarse hasta 250 trabajadores chilenos, contra casi ningún argentino, lo que provocó una profunda incomodidad entre técnicos y operarios locales.
Una tensión binacional con historia
Mario Capello, exsubsecretario de Desarrollo Minero de la Nación y actual integrante del Grupo Sarmiento, coincide en que la contratación de extranjeros sin revalidación es un problema de vieja data. “Queremos que haya sinergia, no antinomias”, sostiene. Pero aclara: “Las empresas deben cumplir con las leyes argentinas: revalidar títulos, inscribirse en los colegios profesionales y respetar el talento local”.
También relativizó la necesidad de imponer cuotas obligatorias: “Las empresas suelen buscar mano de obra local. Pero si no la encuentran, es lógico que recurran a expertos de afuera”. El punto, explicó, es garantizar que el proceso sea transparente y equitativo.
Un modelo de desarrollo, en debate
Lo que emerge en este nuevo capítulo de la minería argentina no es sólo una disputa laboral. Es una discusión profunda sobre el modelo de desarrollo minero: ¿será inclusivo con las comunidades y profesionales locales? ¿O reproducirá la lógica de enclave, donde los recursos salen y el conocimiento queda en manos de corporaciones extranjeras?
Vicuña Corp. aún no ha emitido un comunicado oficial al respecto, pero desde distintas organizaciones mineras ya se habla de solicitar reuniones formales con la empresa y con autoridades nacionales y provinciales para que se establezcan mecanismos de control y participación laboral real.
Claves del conflicto:
- Proyecto: Vicuña Corp. (BHP + Lundin Mining) con los yacimientos Josemaría y Filo del Sol.
- Ubicación: Cordillera frontal, San Juan – zona limítrofe con Chile.
- Reclamo principal: Falta de contratación de ingenieros y técnicos argentinos.
- Pedido gremial: Revalidación de títulos, cumplimiento de leyes migratorias y laboralización formal de extranjeros.
- Propuesta sindical: 70% de la plantilla con trabajadores provinciales, 30% restante para el resto del país y extranjeros.
