El Gobierno nacional habilitó la venta del 100% de las acciones de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, centrales que aportan el 20% de la generación hidráulica del país. Neuquén y Río Negro denuncian exclusión y alertan sobre el control de los recursos hídricos.
Privatización a toda marcha: el giro energético más fuerte desde los 90
El Ministerio de Economía aprobó la Resolución 1569/2025, que oficializa la venta total de las cuatro sociedades hidroeléctricas creadas en 2024 por Energía Argentina (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA).
Las firmas, que administraban de forma transitoria los complejos de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, serán transferidas al capital privado mediante un Concurso Público Nacional e Internacional sin precio mínimo.
El proceso incluye un período de concesión inicial de 30 años, prorrogable, bajo el compromiso de pagar un canon al Estado y cumplir normas ambientales y de mantenimiento.
El objetivo del Gobierno es culminar el traspaso antes de fin de 2025, de modo que las nuevas concesiones entren en vigor en el primer trimestre de 2026.
De Enarsa al desguace: el camino hacia la fragmentación
El actual proceso es parte del esquema iniciado con el Decreto 286/2025, que autorizó la privatización total de Enarsa mediante la separación de sus activos por unidad de negocio.
Cada segmento —gas, petróleo, térmica e hidráulica— fue transformado en una sociedad anónima independiente, con un 98% de participación estatal de Enarsa y 2% de NASA.
La Circular Modificatoria N°4 ajustó los pliegos del concurso, actualizando los plazos y condiciones de adjudicación. La decisión refuerza la política de “fragmentar para vender” que caracteriza a la administración Milei, inspirada en los procesos de reforma estructural de los años 90.
El marco legal utilizado, la Ley 23.696 de Reforma del Estado (1989), es la misma que permitió la ola de privatizaciones impulsadas por Carlos Menem.
Las represas en venta: energía, caudales y poder
Las centrales en cuestión —Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila— se ubican sobre los ríos Limay y Neuquén, en la región del Comahue.
Construidas entre las décadas del 70 y 80, fueron concesionadas a privados en los 90, y tras el vencimiento de los contratos entre 2023 y 2024, volvieron al Estado nacional.
Juntas, generan uno de cada cinco megavatios de origen hidráulico del país y son claves en la regulación de los principales embalses argentinos, que abastecen agua para riego, consumo urbano y turismo.
Por eso, su privatización no es sólo un tema energético: también involucra soberanía hídrica, planificación territorial y control ambiental.
Tensiones con las provincias: reclamos de Neuquén y Río Negro
La decisión de avanzar con la venta sin incluir a los gobiernos provinciales generó fricciones políticas y reclamos de federalismo.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, afirmó que la reversión de las concesiones “debía ser una oportunidad para construir un esquema federal de administración de los recursos hídricos”, y lamentó que el Ejecutivo “haya decidido avanzar de manera unilateral”.
Desde Río Negro, funcionarios del área de energía advirtieron que el proceso “afecta los intereses provinciales”, dado que las represas están emplazadas en su territorio y regulan ríos que abastecen a comunidades y sistemas de riego.
El reclamo común es que las provincias hidroeléctricas queden marginadas del control y del canon derivado de la explotación, en un contexto donde la energía hidráulica representa un recurso estratégico y ambientalmente sensible.
Críticas técnicas y advertencias económicas
Economistas y exfuncionarios del área energética cuestionaron la velocidad y opacidad del proceso.
El exsubsecretario de Energía, Federico Basualdo, advirtió que “los pliegos dolarizan los ingresos que recibirán las empresas y los ajustan por inflación norteamericana”, lo que podría derivar en contratos imposibles de sostener ante una eventual devaluación.
“El riesgo es que termine en litigios internacionales cuando Argentina no pueda cumplir con las condiciones pactadas”, explicó.
Para Basualdo, la venta implica “un beneficio coyuntural y una pérdida estructural”, ya que “se cede control sobre los principales embalses del país a cambio de ingresos transitorios”.
El contraste con la posición provincial y sindical refuerza una pregunta de fondo: ¿qué proyecto energético y de país hay detrás de esta decisión?
Un modelo de los 90 en versión 2025
La estrategia del Ejecutivo reproduce la lógica de la privatización de activos energéticos de los años noventa, con la promesa de “eficiencia y modernización”.
Sin embargo, el contexto es otro: el país enfrenta una transición energética global, presión ambiental creciente y la necesidad de planificar infraestructura ante el cambio climático.
Las represas del Comahue, además de generar energía limpia, controlan el flujo de los ríos Limay y Neuquén, vitales para las provincias patagónicas.
La falta de estudios públicos sobre impacto ambiental y seguridad estructural abre interrogantes sobre el alcance real de las cláusulas de protección que el Gobierno asegura haber incluido en los contratos.
El verdadero poder está en el agua
Más allá del negocio energético, lo que está en disputa es el control político y económico de los ríos patagónicos, que alimentan a represas, ciudades, campos y circuitos turísticos.
La venta del paquete hidroeléctrico del Comahue marca un punto de inflexión en la política energética argentina: entre la necesidad de divisas y la preservación de los bienes estratégicos, el agua vuelve a estar en el centro del debate nacional.
