Argentina cuenta con 27 millones de toneladas de litio en recursos y 3.6 millones en reservas, lo que la convierte en el país con la mayor cantidad de recursos y la tercera con más reservas a nivel mundial.
Solo en 2024 la producción superó las 70.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), con exportaciones que ya representan más del 20% de las ventas externas mineras.
Sin embargo, la ecuación es simple: el país exporta carbonato e hidróxido de litio y luego importa baterías para autos eléctricos, notebooks y celulares. En el mercado internacional, una batería procesada puede costar hasta diez veces más por tonelada que la materia prima local.
Chile y México ya se adelantan en la carrera industrial
Mientras en Argentina los proyectos de agregado de valor siguen trabados, la región avanza. Chile, a través de CORFO, firmó convenios para instalar plantas de cátodos y precursores, asegurando el salto hacia la manufactura avanzada. México creó LitioMX y definió al recurso como estratégico, con un plan para cubrir toda la cadena de valor.
En cambio, en Argentina, la gigafábrica anunciada en 2021 junto a Y-TEC quedó reducida a un prototipo. El financiamiento insuficiente, la inestabilidad regulatoria y la competencia internacional terminaron por frenar la iniciativa.
Empleo, innovación y desarrollo en riesgo
El litio industrializado no solo multiplica el valor económico: genera empleo calificado y demanda de proveedores tecnológicos en áreas como química, electrónica y software de gestión energética.
«Si no generamos industria a partir del litio, vamos a repetir la historia del petróleo: exportar crudo barato e importar combustibles caros», advirtió un especialista en energía consultado por Agenda Industrial.
La paradoja es evidente: mientras el litio asegura divisas inmediatas, el país pierde la oportunidad de convertirse en un actor clave de la transición energética global.
Tres barreras que frenan la producción local de baterías
- Financiamiento: levantar una gigafábrica exige inversiones por encima de u$s 1.000 millones.
- Reglas claras: la ausencia de un marco normativo estable espanta a potenciales inversores tecnológicos y automotrices.
- Mercado interno: la baja demanda de autos eléctricos y sistemas de almacenamiento limita la escala necesaria para viabilizar la industria.
