Argentina atraviesa una de las mayores contracciones de empleo formal y actividad empresarial de las últimas décadas. Entre noviembre de 2023 y junio de 2025, bajo la gestión de Javier Milei, desaparecieron más de 15.300 empresas y se destruyeron casi 220.000 puestos de trabajo registrados, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) analizados por el CEPA.
Una contracción prolongada del empleo formal
El número de empleadores asegurados cayó de 511.337 a 496.035, lo que implica la desaparición de 15.302 unidades productivas en apenas 19 meses. En paralelo, los trabajadores cubiertos por el sistema descendieron de 9.840.290 a 9.621.034, lo que equivale a una pérdida neta de 219.256 empleos formales.
La SRT define como “unidad productiva” a toda empresa, entidad u organismo que ocupa al menos a una persona para la generación de bienes o servicios. La caída no distingue sectores ni tamaños: afecta tanto a grandes corporaciones como a pymes industriales y de servicios, en un contexto de estancamiento económico, tasas de interés reales positivas y una recuperación interrumpida tras la recesión de 2024.
Las grandes empresas lideran la pérdida de empleo
De acuerdo con el informe del CEPA, el 72% de los trabajadores despedidos pertenecían a compañías con más de 500 empleados, mientras que las firmas de menor tamaño concentraron el 28% restante. En términos porcentuales, las grandes empresas redujeron su personal en 3,54%, contra una baja de 1,32% en las pequeñas y medianas.
Este dato resulta clave: la contracción del empleo formal no se limitó a los emprendimientos más vulnerables, sino que alcanzó a sectores industriales consolidados, como la automotriz, la metalmecánica y la construcción pesada.
Sectores más golpeados
La pérdida de empleo formal se concentró en cuatro grandes ramas de actividad:
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Administración pública, defensa y seguridad social: -89.794 puestos.
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Construcción: -81.463 empleos.
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Transporte y almacenamiento: -53.101 puestos.
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Industria manufacturera: -43.063 trabajadores registrados.
En términos relativos, la construcción fue el sector más afectado, con una caída del 17,1% en la cantidad de trabajadores registrados. Además, en el caso de los empleadores, el transporte y almacenamiento lideró la contracción con 4.159 empresas menos, seguido por los servicios inmobiliarios, el comercio, los servicios profesionales y la propia construcción.
Factores macroeconómicos detrás del derrumbe
La pérdida de empresas y empleos está estrechamente vinculada con la caída general de la actividad económica. Según el EMAE del INDEC, en junio la economía retrocedió 0,7% mensual, mientras que en julio la industria manufacturera cayó 2,3% y la construcción 1,8%.
Otros indicadores refuerzan el deterioro:
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La molienda de soja cayó 6,4% en julio.
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La recaudación del IVA bajó 1,4%.
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En agosto, los patentamientos de autos retrocedieron 2,8%, la producción automotriz 6,1% y los despachos de cemento 5,6%.
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Según ADIMRA, la metalurgia mostró una variación interanual negativa del 6,1% y una baja mensual del 2,3%.
Estos datos confirman que el ajuste económico y la apertura comercial provocaron una desaceleración profunda, afectando tanto la producción como el consumo interno.
Un entramado productivo en retroceso
La desaparición de más de 15.000 empresas en menos de dos años evidencia un proceso de desindustrialización silenciosa. Gran parte de esos cierres corresponden a pymes industriales, metalúrgicas y de servicios, que no lograron sostenerse ante la caída del mercado interno, el aumento de los costos financieros y la falta de crédito productivo.
El impacto social también es severo: la pérdida de 220.000 empleos formales implica menor recaudación previsional, caída del consumo y mayor presión sobre el trabajo informal, que ya supera el 43% de los ocupados.
Economistas del CEPA advierten que, de no revertirse la tendencia, “el país podría enfrentar un vaciamiento productivo similar al de la crisis de los 90, con pérdida de capacidad instalada y un entramado empresarial diezmado”.
Entre la recesión y la incertidumbre
Sin señales de reactivación y con un contexto financiero adverso, los próximos meses aparecen cargados de incertidumbre. La contracción de la construcción y la industria manufacturera anticipa nuevas caídas en el empleo y en la inversión, mientras el consumo interno continúa en retroceso.
El desafío del Gobierno será encontrar un equilibrio entre la estabilidad macroeconómica y la preservación del aparato productivo. Por ahora, los números reflejan que la recesión se ha instalado como norma y no como excepción.
