El Gobierno oficializó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), empresa clave en la matriz energética nacional. Aunque la CNEA conservará su participación accionaria, la decisión reabre el debate sobre soberanía nuclear y dependencia financiera.
La decisión oficial: privatización con control en riesgo
El decreto publicado en el Boletín Oficial habilita la venta del 44% del capital accionario de Nucleoeléctrica, operadora de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. El Estado retendrá el 51%, con un esquema repartido entre la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Aunque se asegura que la mayoría seguirá en manos públicas, la apertura al capital extranjero a través de una licitación internacional significa, en los hechos, condicionar la política nuclear argentina a los intereses del mercado.
La CNEA, un bastión que no se rinde
A diferencia de borradores previos, el decreto finalmente reconoce la importancia de la CNEA y elimina la obligación de vender su 20% accionario. Esta decisión no es menor: la CNEA no es un socio financiero, sino el cerebro científico y tecnológico de la energía nuclear en Argentina, con más de siete décadas de historia en formación de recursos humanos, investigación y desarrollo. Su permanencia en el paquete accionario garantiza, al menos en parte, que las decisiones estratégicas no quedarán libradas únicamente a criterios comerciales.
Un investigador de la propia CNEA lo sintetiza así: “Si la CNEA se desprendiera de sus acciones, Argentina perdería el anclaje institucional que asegura que la energía nuclear siga siendo un proyecto de Estado y no solo de mercado”.
Riesgos de la apertura al capital privado
El Gobierno justifica la privatización parcial como una forma de “diversificar riesgos” y “atraer inversiones”, señalando que Nucleoeléctrica recibió $700 millones en transferencias de capital en 2023. Sin embargo, especialistas advierten que el verdadero riesgo es ceder información sensible, tecnología crítica y capacidad de decisión a actores externos.
La energía nuclear, a diferencia de otros sectores energéticos, no es solo una fuente de electricidad: es una herramienta geopolítica, con implicancias en defensa, soberanía y seguridad internacional. Abrir la puerta al capital extranjero en una compañía que gestiona las centrales nucleares del país equivale, según los críticos, a “poner las llaves del reactor en manos ajenas”.
Proyectos estratégicos bajo presión
Nucleoeléctrica tiene en carpeta obras vitales: la extensión de vida de Atucha I (para 2027), el Almacenamiento en Seco de Combustible Gastado II y el futuro desarrollo de una cuarta central nuclear. Todos requieren financiamiento a gran escala, pero también estabilidad en la conducción estratégica.
La pregunta es clara: ¿se garantizará la continuidad de estos proyectos con el ingreso de capitales privados cuyo horizonte es la rentabilidad a corto plazo? La historia de los noventa muestra que cuando se privilegia la lógica financiera sobre la política de Estado, los proyectos de largo plazo terminan paralizados o desmantelados.
Soberanía energética en juego
El Gobierno insiste en que mantendrá el control accionario. Pero el verdadero control no se mide solo en porcentaje de acciones, sino en capacidad de decisión autónoma. La presencia de la CNEA como accionista es un freno a la privatización total, pero el esquema mixto abre un camino que puede debilitar la política nuclear nacional.
Argentina fue pionera en América Latina con la construcción de Atucha I en los años setenta, y hoy integra el reducido grupo de países capaces de diseñar y fabricar reactores de investigación y producción de radioisótopos. Ceder espacio en Nucleoeléctrica significa retroceder en un camino que costó décadas de inversión pública, conocimiento científico y soberanía tecnológica.
¿Inversión o dependencia?
El dilema es evidente: mientras el Gobierno plantea que la privatización atraerá dólares para proyectos estratégicos, los críticos ven una entrega de soberanía en nombre del déficit fiscal. La energía nuclear no es un mercado más; es una política de Estado que define el lugar de Argentina en el mundo.
La CNEA, al conservar su participación, marca un límite. La pregunta es si ese límite será suficiente para evitar que, en nombre de la eficiencia, se repita la historia de los noventa: privatizaciones que al final dejaron al país más dependiente y más débil.
Claves
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Decreto oficializa la venta del 44% de Nucleoeléctrica.
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El Estado mantiene mayoría, pero se abre a licitación internacional.
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La CNEA conserva su 20% y seguirá como actor clave.
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Riesgos: pérdida de control estratégico, entrega de información y dependencia externa.
