La empresa estatal que opera las centrales nucleares argentinas atraviesa su mayor crisis interna en años.
Licitaciones bajo sospecha, disputas de poder y un clima que se volvió explosivo.
Un conflicto que estalla en la cúpula de la empresa nuclear
Lo que durante meses circuló como un murmullo interno terminó por estallar en la cúpula de Nucleoeléctrica Argentina. El Directorio resolvió limitar funciones y apartar de manera temporal a dos gerentes clave: el gerente general Marcelo Famá y el gerente de Coordinación Administrativa Hernán Pantuso, ambos identificados dentro de la empresa como hombres de máxima confianza del presidente de la compañía, Demián Reidel.
La decisión se tomó luego de una denuncia elevada por el Comité de Integridad, que advirtió presuntas irregularidades en una licitación del servicio de limpieza para las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. Según documentación interna, el proceso habría excluido a la mayoría de los oferentes y convalidado valores muy superiores a los precios de referencia utilizados por el propio Estado.
El episodio dejó al descubierto una fractura profunda dentro de la empresa: cuadros técnicos históricos frente a una conducción política que reordenó el organigrama, concentró poder decisorio y avanzó sobre áreas sensibles. “Hay una rebelión interna”, reconocen incluso fuentes cercanas al propio Gobierno.
La licitación bajo la lupa
El núcleo del escándalo se concentra en una licitación por el servicio de limpieza. La denuncia original fue presentada por el gerente de planta de Atucha, Juan Pablo Nolazco, quien alertó que el proceso habría dejado fuera a diez oferentes, habilitando únicamente la continuidad de una firma con una propuesta hasta un 140% superior a los valores de referencia de la Sindicatura General de la Nación.
Empresas del sector denunciaron formalmente que se incorporaron requisitos inéditos y restrictivos —como una antigüedad mínima de ocho años y una dotación de entre 300 y 600 empleados— que en la práctica cerraron la competencia. Desde sectores técnicos aseguran que existieron presiones internas para acelerar dictámenes y elevar el expediente al Directorio sin revisiones profundas.
Pantuso, uno de los funcionarios apartados, rechazó las acusaciones y sostuvo que los valores de referencia “carecen de trazabilidad” y no reflejan los costos reales del servicio. Sin embargo, el daño institucional ya estaba hecho: el Directorio frenó la adjudicación y ordenó una investigación.
El conflicto se agravó aún más cuando el sindicato ATE-Zárate presentó una nueva denuncia, esta vez vinculada a una contratación de tecnología informática cuyo presupuesto habría pasado de USD 600.000 a USD 7 millones, sin explicaciones técnicas públicas suficientes.
CLAVES DEL ESCÁNDALO NUCLEAR
- • Denuncias por sobreprecios en licitaciones sensibles
- • Dos gerentes clave apartados por el Directorio
- • Directorio dividido y liderazgo debilitado
- • Nueva denuncia por contratación IT millonaria
- • Crisis en pleno proceso de privatización parcial
Directorio fracturado y crisis de liderazgo
La reunión que resolvió los desplazamientos dejó una imagen inédita: votaciones divididas, abstenciones tácticas y la retirada intempestiva del propio presidente de la compañía tras perder una pulseada clave. Para la Gerencia General, el Directorio impuso a un funcionario de carrera, ajeno al círculo presidencial, con el objetivo explícito de descomprimir el conflicto.
El episodio debilitó políticamente a Reidel y puso en discusión el rediseño organizacional impulsado desde su llegada: nuevas gerencias, concentración de firmas críticas y control de contrataciones. “El clima interno no da para más”, admiten desde dentro.
Todo ocurre en un momento especialmente delicado: la empresa avanza en un esquema de privatización parcial. La crisis no solo erosiona la gobernabilidad, sino que enfría el interés de potenciales inversores que observan con preocupación la falta de previsibilidad institucional.
Control, transparencia o parálisis
La crisis abre una etapa decisiva. Si la investigación avanza con rigor, puede convertirse en una señal de fortalecimiento institucional. Si deriva en una interna prolongada, el costo será alto: proyectos demorados, pérdida de confianza y un golpe directo a la estrategia nuclear argentina.
El desafío es claro: ordenar la empresa, garantizar controles reales y evitar que las disputas políticas comprometan uno de los sectores más sensibles y estratégicos de la matriz energética nacional.
