Diario de minería, petróleo y campo.
El reciente informe publicado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) ha puesto de manifiesto una tendencia preocupante en el sector agropecuario del país: el Estado se está quedando con un porcentaje cada vez mayor de la renta que generan los productores agrícolas de soja, maíz, girasol y trigo.
Según el informe, en marzo de 2023 el Estado se ha quedado con el 79% de la renta que generó en promedio un productor agrícola, lo que representa un aumento del 14,3% en comparación con el mismo mes del año anterior.
Este incremento se ha producido debido a la intensa sequía que ha afectado la producción agrícola, lo que ha generado una caída en los rendimientos y en los precios internacionales de los cultivos.
El impuesto con mayor peso es el derecho de exportación, que actúa sobre el precio bruto y no reconoce las caídas en la rentabilidad, lo que ha llevado a un aumento en la participación de los impuestos sobre la renta.
La situación es especialmente grave en el caso de la soja, donde los impuestos se llevarán casi la totalidad de la escasa renta que genere el cultivo esta campaña.
En general, los impuestos nacionales no coparticipables representan el 76,4% del total recaudado por hectárea en promedio, mientras que solo el 16,3% es coparticipable y regresa a las provincias que lo produjeron.
Este hecho pone de manifiesto dos grandes problemas del sistema impositivo argentino: en primer lugar, el federalismo fiscal, ya que una caída tan profunda de los rendimientos hace desaparecer un impuesto coparticipable como el impuesto a las ganancias, mientras que persisten impuestos que no se coparticipan, como los derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos.
En segundo lugar, el problema de no contar con una cuenta tributaria única y de que los saldos de los distintos impuestos queden estancos y retenidos en AFIP, lo que genera un costo adicional para los productores.
La intensa sequía que ha afectado a la producción agrícola en Argentina ha generado un aumento en la presión impositiva sobre los productores, lo que ha llevado a que el Estado se quede con un porcentaje cada vez mayor de la renta que generan.
Esto pone de manifiesto la necesidad de reformas en el sistema impositivo del país para hacerlo más justo para los actores que sí trabajan en este país.