Una jueza ordenó suspender la clausura que había impuesto a la planta de agua de Shell. El municipio ignoró presentaciones, avanzó sobre facultades provinciales y impuso una multa de casi un millón de pesos. Cómo es la pelea por el manejo del agua.
La tradicional frase que reza que ‘la necesidad tiene cara de hereje’ podría aplicarse linealmente en la polémica por el uso del agua para la industria de Vaca Muerta que lleva adelante la municipalidad de San Patricio del Chañar, y por la cual la justicia neuquina acaba de fallar en contra de la comuna a la cual incluso le impuso las costas del proceso.
Para explicar cómo se llegó a la medida cautelar que se acaba de resolver, es necesario hacer un poco de historia. Empecemos por el principio.
La actividad en Vaca Muerta comenzó hace poco más de una década, hacia 2010 cuando se realizaron los primeros pozos. Desde entonces las operaciones se han ido no solo intensificando en cantidad de pozos, sino también extendiendo geográficamente.
Es así que desde 2018 hay una vasta actividad de perforación y producción en la zona cercana a San Patricio del Chañar, a unos 55 kilómetros de Añelo y casi a mitad de camino desde Neuquén capital.
Los pozos de Vaca Muerta se completan con la técnica de fracking o fractura hidráulica, que, como su término lo dice, implica el uso de agua, un recurso que es de propiedad del estado provincial como todos los recursos naturales y cuyo acceso, control e inspecciones están a cargo del ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén que cobra tanto por los permisos, visados y por cada metro cúbico de agua utilizada.
Ahora bien, desde 2018 al año pasado la actividad en Vaca Muerta creció e inesperadamente la municipalidad de San Patricio del Chañar emitió entre septiembre y octubre toda una serie de normas y actas de infracción para exigir a un grupo de petroleras y empresas de servicios que tienen presencia allí que paguen, pero ahora al municipio. Además de esto, se emitió una ordenanza que obliga a que contraten a una sola empresa.
Se trata de la firma Confluencia Ambiental, una compañía poco conocida en el sector ya que no se especializaba en la provisión de agua y de hecho, la comuna le otorgó el monopolio del pretendido servicio a pesar de que esta firma -vinculada a empresarios de la región- no tiene las instalaciones necesarias para brindar el dicho servicio.
En este contexto es que el juzgado de Faltas de San Patricio del Chañar emitió en octubre la resolución 13.486 por medio de la cual clausuró la planta de captación de agua de la petrolera Shell, una instalación que fue aprobada y que paga los cánones respectivos al ministerio de Energía. Además se emitieron clausuras a otras dos firmas.
La petrolera demostró en la medida cautelar que interpuso ante la jueza de fuero Administrativo María Cecilia Gómez, que la resolución del juzgado de Faltas se dio a pesar de una serie de descargos que la petrolera venía presentando.
El dato
930.000 pesos fijó la justicia como caución a la empresa. Equivale a la multa que busca cobrarle el municipio.
Pese a esos descargos en los que desde Shell se presentaron planos, estudios de impacto ambiental y demás permisos aprobados, el municipio emitió luego de ellos la orden de clausura por considerar “clandestina” la planta de agua y además le impuso a la petrolera una multa de casi un millón de pesos.
Si bien la disposición de la jueza permite a la petrolera volver a trabajar en la planta hasta tanto se agote totalmente la vía administrativa, el avance del municipio en un área de competencia provincial, ignorando presentaciones oficiales, imponiendo multas costosas y en especial irrumpiendo y paralizando instalaciones vinculadas a la industria hidrocarburífera, es visto como uno de los problemas más serios que hoy enfrenta Vaca Muerta.
Hasta el momento, en estos doce años de actividad del shale, los desarrollos en Neuquén se habían caracterizado por algo que al gobernador Omar Gutiérrez le encanta destacar en sus discursos y que es la previsibilidad y estabilidad jurídica de Neuquén.
Las medidas adoptadas por el municipio que lidera Leandro Bertoya vienen a romper ese clima de armonía ya que no solo los reclamos parten de Shell, sino también de otras petroleras con presencia en la zona.
El fallo de la jueza emitido el pasado 29 de diciembre fue una bocanada de aire para las empresas que advirtieron que la clausura dispuesta por el municipio no solo implicó una pérdida económica para las firmas, sino que también representa un riesgo para las inversiones previstas y con ellas los empleos por generar.
Es por esto que se supo que, paralelamente a esta cautelar, las empresas presentaron un pedido de inconstitucionalidad contra la ordenanza 1300/22 y los decretos 1152/22, 1180/22, 1466/22 y 1488/22, emitidos entre septiembre y octubre, que marcó los cambios en el uso, cobro y empresa a cargo del agua.
Incluso trascendió que desde algunas de las firmas involucradas no descartar acudir a la justicia penal ante la posibilidad de que estén ante hechos que cuadren en figuras delictivas.
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