Gobernadores «del Norte Grande» advirtieron que «ninguna ley debe establecer definiciones y disposiciones» que prohíban actividades productivas «realizadas en forma sustentable». Empresas y trabajadores creen que la norma es perjudicial.
Los gobernadores de diez provincias del norte del país lograron que se suspenda -hasta nuevo aviso- el debate sobre los proyectos de ley de humedales en Diputados.
En rigor, lo que se postergó fue el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda a partir de una solicitud de los jefes de los bloques, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio. La nota que presentaron los legisladores sugiere, antes de continuar con el tratamiento de la normativa, realizar audiencias “con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales”.
Los gobernadores
En la previa, ante el avance de la discusión en la Cámara baja, los mandatarios “del Norte Grande”, que incluye las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, firmaron un comunicado fijando postura.
En él, advierten que las iniciativas propuestas para una ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales -tanto la del legislador Leonardo Grosso como la consensuada por los legisladores de Juntos por el Cambio, que incluye el proyecto de los diputados Jorge Vara y Ximena García- avasallan sus jurisdicciones porque, según la Constitución Nacional, “el dominio originario de los recursos naturales le corresponde a las provincias”.
Asimismo, manifestaron que “ninguna ley debe establecer definiciones y disposiciones que signifiquen la prohibición a las actividades productivas realizadas en forma sustentable”, que incluso también el Gobierno nacional está impulsando, como es el caso de los proyectos mineros del litio.
De hecho, los gobernadores más enérgicos en mostrar su preocupación por el avance en el Congreso de esta normativa fueron los de Jujuy, Gerardo Morales, de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil, que son las provincias en donde se encuentran los proyectos de producción del litio en los salares andinos, que son ecosistemas que entran en la definición de humedal que se hace en estas propuestas.
Otro proyecto
“No hay ninguna provincia que abdique de la responsabilidad de la conservación de sus humedales y los servicios ecosistémicos que prestan”, aseveraron los gobernadores en el documento. Igualmente indicaron que una iniciativa de COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) que “no fue analizada en el Congreso y representa la expresión más federal y de mayor consenso en los últimos años. Por ello debería ser tomada en cuenta en este debate”.
Cabe señalar que esta postura unificada se terminó de consensuar y dar forma mientras el grupo de gobernadores estaban de gira por Estados Unidos junto con el ministro del Interior, Wado de Pedro, con el objetivo de lograr, según se informó desde el Gobierno nacional, “acuerdos estratégicos de financiamiento para obras de infraestructura en el Norte Grande”.
Las empresas
En esa misma línea, se manifestaron empresarios mineros, cámaras provinciales de productores y de proveedores para la industria minera, también representantes del gremio de obreros mineros, con documentos, declaraciones y en algunas capitales -como la ciudad de Salta- con marchas y concentraciones para rechazar el avance de las propuestas para sancionar una normativa.
De esta forma, fue la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) la que adoptó una postura aún más drástica en su declaración: “los proyectos, de aprobarse, dejarían a nuestro país sin industria minera”.
La organización empresaria amplió este concepto al señalar que: “Su avance (de la ley de humedales) perjudicaría a la industria en producción en Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, pero también a proyectos en La Rioja, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, impactando en el sustento de cientos de comunidades”.
Empresas y Gremio aseguran que las industrias regionales se verían afectadas
Por otra parte, la entidad empresaria señaló que las normativas tratadas se superponen con la legislación vigente. “Todos los proyectos mineros en marcha han pasado por instancias de aprobación de sus evaluaciones de impacto ambiental (ley 24.585). En efecto, la legislación actual no permite emprendimientos que dañen al ambiente, independientemente donde estén instalados”, apuntó la CAEM.
Sensatez
En tanto, la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), apeló a que se genere “una resolución madura y equilibrada”, que “no segmenten el análisis de lo productivo con lo ambiental”. Asimismo, también los proveedores remarcaron que las provincias deben ser parte “protagónica del diseño y la implementación” de una ley de humedales, “en su carácter de titulares de los recursos naturales en virtud del artículo 124 de la Constitución nacional”.
Las provincias recordaron que hay otro proyecto “federal y de mayor consenso”
En paralelo, el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, se sumó al debate y señaló: “Los humedales son esenciales para el país como así también lo son la agroindustria, la minería y los hidrocarburos. No es prohibiendo o limitando el desarrollo como creceremos”, indicó.
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“Las industrias regionales de las provincias mineras existentes se verían afectadas”, advirtió el gremialista y recordó que “el Gobierno nacional, los gobernadores – de diferentes fuerzas políticas – promueven en el exterior para que se invierta en Argentina, lo cual es una incoherencia que sólo agrava la inseguridad jurídica”
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