Cerro Negro queda al borde de la clausura tras el operativo de Santa Cruz

El episodio adquirió una dimensión institucional mayor porque no se trató simplemente de una inspección rutinaria. La presencia de efectivos de la Policía de Santa Cruz, incluida la División Fuerzas Especiales e Infantería, marcó la magnitud del conflicto generado alrededor del acceso de los organismos provinciales al complejo. Funcionarios vinculados al área laboral y ambiental ingresaron finalmente al yacimiento para realizar controles sobre las condiciones de seguridad, documentación, equipos, sustancias peligrosas y cumplimiento de obligaciones laborales y ambientales.

El resultado fue un conjunto de observaciones que obligaron a detener preventivamente determinadas actividades. Entre los puntos señalados aparecen problemas vinculados con habilitaciones de vehículos, traslado e identificación de combustibles y sustancias peligrosas, funcionamiento y calibración de equipos utilizados para medir gases y otras condiciones consideradas relevantes para la seguridad operacional. La provincia también puso bajo análisis un potencial incidente relacionado con cianuro en el área de procesamiento, uno de los elementos que elevó todavía más la sensibilidad del procedimiento.

La situación adquiere especial relevancia por el peso que tiene Cerro Negro dentro de la minería santacruceña. La operación no solo genera producción de oro y plata, sino que sostiene una extensa red de contratistas, proveedores, trabajadores y empresas de servicios que dependen de la continuidad de la actividad. Por eso, una eventual paralización prolongada tendría consecuencias que excederían ampliamente los límites del yacimiento y alcanzarían a localidades cercanas y a una parte importante de la cadena de proveedores mineros de la provincia.

La Justicia habilitó el ingreso y la inspección terminó con seis ceses preventivos

El punto de inflexión se produjo cuando los organismos provinciales encontraron dificultades para acceder al complejo. Frente a esa situación, las autoridades recurrieron a la Justicia para obtener la autorización necesaria y concretar el procedimiento. El ingreso se realizó con acompañamiento policial y permitió que los inspectores pudieran recorrer instalaciones operativas y sectores del campamento que se encontraban bajo control de la compañía.

La utilización de una orden judicial convirtió el procedimiento en un hecho de características excepcionales para la actividad minera santacruceña. La discusión dejó de estar limitada a las observaciones técnicas que pudiera realizar un organismo de control y pasó a involucrar directamente la relación institucional entre la empresa y el Estado provincial, que sostiene que tiene facultades para fiscalizar las condiciones laborales, ambientales y operativas dentro del territorio santacruceño.

Durante la inspección fueron labradas distintas actas y se dispusieron seis ceses preventivos de actividades. Estas medidas no significan por sí mismas una clausura definitiva del yacimiento, pero sí representan una señal de gravedad porque obligan a la empresa a corregir o acreditar determinadas condiciones antes de recuperar plenamente la actividad en los sectores alcanzados.

Uno de los aspectos centrales del operativo estuvo relacionado con la seguridad de los equipos y vehículos utilizados en la operación. La provincia detectó unidades que, según las actas, no contaban con las habilitaciones correspondientes y también observó deficiencias vinculadas con el traslado y la identificación de combustibles y sustancias peligrosas. A esto se sumaron cuestionamientos relacionados con instrumentos destinados a la medición de gases, una cuestión particularmente sensible en una operación que cuenta con sectores subterráneos y donde la detección temprana de gases resulta fundamental para la seguridad de los trabajadores.

El componente ambiental agregó una segunda dimensión al conflicto. El secretario de Trabajo provincial, Javier Aravena, confirmó que dentro de las actuaciones se encuentra la investigación de un potencial derrame de cianuro en el sector de procesamiento. La sola existencia de una investigación de estas características eleva la presión sobre la compañía y obliga a establecer con precisión qué ocurrió, cuál fue la magnitud del episodio, qué medidas fueron adoptadas y si existió algún impacto fuera de las áreas controladas de la operación.

El Gobierno santacruceño también puso el foco sobre el cumplimiento de las obligaciones vinculadas con el empleo y los proveedores locales. La provincia intimó a la empresa por presuntos incumplimientos de las exigencias relacionadas con la contratación de trabajadores santacruceños y la participación de proveedores locales. El reclamo vuelve a colocar sobre la mesa una discusión histórica de la minería provincial: cuánto de la actividad económica generada por los grandes yacimientos permanece efectivamente en Santa Cruz y cuánto se canaliza hacia empresas y trabajadores provenientes de otras jurisdicciones.

El antecedente de 2024 vuelve a pesar sobre la operación

El conflicto actual no puede analizarse sin considerar el antecedente más grave que atravesó Cerro Negro en los últimos años. En abril de 2024, los trabajadores Jorge Sánchez y Daniel Paredes murieron mientras desarrollaban tareas en sectores subterráneos del yacimiento. El episodio generó una fuerte conmoción en Santa Cruz y derivó en la paralización temporal de la operación mientras se investigaban las circunstancias del hecho y las condiciones de seguridad existentes en la mina.

Desde entonces, la seguridad operacional quedó instalada como uno de los principales puntos de seguimiento sobre Cerro Negro. El antecedente explica, en buena medida, la dureza con la que las autoridades provinciales interpretan actualmente cualquier observación relacionada con equipos, controles de gases, procedimientos internos o condiciones de trabajo. Para el Gobierno santacruceño, las medidas preventivas no pueden quedar reducidas a simples advertencias administrativas cuando existe un antecedente reciente de consecuencias fatales.

La discusión también involucra a las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores del sector. AOMA, UOCRA y Camioneros siguen con atención la evolución del conflicto debido a que cualquier reducción de las operaciones tiene un impacto inmediato sobre las jornadas laborales, los servicios contratados y la estabilidad de los puestos de trabajo. En una industria de alta especialización y con una fuerte concentración de trabajadores y contratistas alrededor de cada proyecto, una interrupción prolongada puede trasladarse rápidamente hacia toda la cadena económica.

El desafío para la provincia consiste ahora en sostener el control sin generar una paralización que termine perjudicando a los mismos trabajadores, contratistas y proveedores que busca proteger. Cerro Negro representa una fuente importante de actividad económica para Santa Cruz y una operación de relevancia dentro del mapa minero argentino. Por eso, cada decisión sobre el futuro inmediato del yacimiento tendrá una dimensión laboral, económica, fiscal y política.

En paralelo, la posición de Newmont agrega incertidumbre al escenario. La compañía mantuvo hasta el momento una postura de bajo perfil frente a las declaraciones oficiales y al despliegue realizado en el complejo. La empresa comenzó a adoptar medidas sobre el personal considerado no esencial ante las restricciones que afectan determinadas áreas de la operación, mientras analiza las consecuencias de las medidas adoptadas por la provincia y las alternativas legales disponibles.

La situación también preocupa a los proveedores agrupados alrededor de la actividad minera. Las empresas locales que prestan servicios de transporte, mantenimiento, alimentación, construcción, ingeniería y logística dependen de los contratos vinculados con las operaciones mineras para sostener empleo e inversiones. Una suspensión prolongada de Cerro Negro podría afectar el flujo de pagos, la renovación de contratos y la capacidad financiera de pequeñas y medianas empresas que no cuentan con la espalda económica de las grandes compañías mineras.

En ese contexto, el reclamo por el compre local adquiere un peso adicional. Si el conflicto logra encaminarse y la actividad vuelve a desarrollarse con normalidad, la discusión sobre la participación de empresas santacruceñas en la cadena de abastecimiento probablemente seguirá siendo uno de los temas centrales entre la provincia y Newmont. Para las autoridades, la presencia de una gran operación minera debe traducirse en una mayor actividad económica local, mientras que para la compañía cualquier modificación en su esquema de contratación deberá compatibilizarse con sus estándares operativos, costos y requerimientos técnicos.

El escenario abierto en Cerro Negro también trasciende la relación particular entre Santa Cruz y Newmont porque ocurre en un momento en que Argentina busca ampliar sus inversiones mineras y consolidar nuevos proyectos destinados a incrementar las exportaciones. Las grandes operaciones existentes tienen un papel fundamental en ese proceso porque constituyen la infraestructura productiva que permite sostener proveedores, formar trabajadores especializados y generar experiencia operativa en las provincias mineras.

Por ese motivo, una crisis de estas características puede tener efectos que van más allá del impacto inmediato sobre la producción de oro y plata. Para Santa Cruz, Cerro Negro es una operación estratégica y una fuente relevante de actividad económica. Para Newmont, se trata de uno de sus activos importantes dentro del país y de una operación que debe funcionar bajo estándares corporativos internacionales. La disputa actual pone a prueba la capacidad de ambas partes para resolver diferencias sin que el conflicto institucional termine transformándose en una paralización prolongada.

El Gobierno provincial ya dejó en claro que no descarta avanzar hacia una clausura total si las observaciones no son solucionadas y documentadas de manera satisfactoria. La empresa, por su parte, deberá responder no solo sobre las condiciones técnicas señaladas durante la inspección, sino también sobre la situación laboral, la contratación local y las cuestiones ambientales que forman parte de las actuaciones.

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La resolución del conflicto dependerá, en buena medida, de la velocidad con la que Newmont pueda acreditar las correcciones exigidas y de la disposición de la provincia para evaluar esas respuestas. Mientras tanto, los trabajadores y las empresas contratistas permanecen en el centro de una disputa que comenzó como una fiscalización y terminó convirtiéndose en uno de los mayores enfrentamientos institucionales que atravesó Cerro Negro desde la crisis de 2024.