La encrucijada del litio, el cobre y el oro

Argentina se encuentra hoy ante una oportunidad histórica. La creciente demanda global de minerales críticos para la transición energética —litio para las baterías de los vehículos eléctricos, cobre para la infraestructura de energías renovables— ha puesto al país en el centro de la mira de las mayores mineras del mundo. Con vastos depósitos a lo largo de la Cordillera de los Andes, desde Jujuy hasta Mendoza, el país reúne todas las condiciones geológicas para convertirse en un proveedor global de primer orden.

Sin embargo, el desarrollo minero argentino ha sido históricamente una promesa incumplida. Durante décadas, la combinación de restricciones legales, conflictos ambientales, incertidumbre macroeconómica y tensiones entre provincias mantuvo en suspenso inversiones por decenas de miles de millones de dólares. Proyectos como El Pachón, Los Azules, Altar, Josemaría y Filo del Sol —nombres que resuenan en las salas de directorio de Toronto y Londres — esperaron pacientemente en los portafolios de las empresas, a la espera de un cambio en las reglas de juego.

Ese cambio comenzó a gestarse con la llegada del gobierno de Javier Milei. La sanción de la Ley Bases en 2024, que creó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sumada a la reciente modificación de la Ley de Glaciares en el Congreso nacional, promete destrabar un oleoducto de capitales que podría superar los US$ 18.000 millones en inversiones ya comprometidas . Pero el camino no es sencillo. Una orden judicial de La Rioja paralizó temporalmente las actividades del proyecto Vicuña (que incluye Josemaría y Filo del Sol) al considerar que la empresa no presentó el impacto ambiental requerido por esa provincia para utilizar su red vial . Y mientras tanto, organizaciones ambientalistas ya están juntando firmas y armando una estrategia judicial para frenar la reforma de la Ley de Glaciares, anticipando una nueva batalla en los tribunales que podría prolongar la incertidumbre por años.

Este artículo analiza en profundidad el estado de situación de los principales proyectos mineros en la órbita del RIGI, el conflicto por Josemaría que tensa las relaciones interprovinciales, y el futuro incierto de la modificación de la Ley de Glaciares, que será judicializada y podría convertirse en el nuevo campo de batalla entre el desarrollo económico y la protección ambiental.

Capítulo I: El RIGI como catalizador de inversiones

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue concebido como la herramienta emblemática del gobierno de Milei para atraer inversiones de gran escala. Diseñado para proyectos que superen los US$ 200 millones en sectores estratégicos como minería, energía e infraestructura, el RIGI ofrece beneficios fiscales, arancelarios y cambiarios por un período de hasta 30 años .

La aceptación fue inmediata. En poco más de un año desde su reglamentación en octubre de 2024, el gobierno ya aprobó 13 proyectos distribuidos en ocho provincias, con compromisos de inversión que totalizan US$ 18.351 millones . La minería, el litio y el cobre en particular, se llevan la mayor parte de este pastel. Cinco de esos proyectos son mineros, con una inversión combinada que supera los US$ 7.500 millones.

Los proyectos mineros aprobados por el RIGI

A continuación, un recorrido por los principales proyectos mineros que ya recibieron la luz verde del Comité Evaluador del RIGI y que se encuentran en diferentes etapas de avance.

Los Azules (San Juan) – McEwen Copper

El proyecto Los Azules, ubicado en el departamento Calingasta, San Juan, es uno de los desarrollos de cobre más prometedores de Argentina. La canadiense McEwen Copper, controlada por el legendario minero Rob McEwen (fundador de Goldcorp), planea una inversión de US$ 2.672 millones para avanzar en tareas de exploración y futura explotación .

Se estima que el yacimiento contiene recursos por 12.700 millones de libras de cobre, con un grado de ley promedio de 0,48%. En febrero de 2026, la empresa confirmó que el proyecto sigue en etapa de factibilidad y que espera presentar la declaración de impacto ambiental ante las autoridades sanjuaninas antes de fin de año. La entrada en operación está proyectada para 2030, aunque los tiempos podrían acortarse si el RIGI acelera los procesos administrativos.

El Pachón (San Juan) – Glencore

Aunque no figura aún en la lista de aprobados del RIGI, El Pachón es un proyecto que despierta enormes expectativas. Controlado por el gigante suizo Glencore, se trata de un depósito de cobre y molibdeno ubicado en el límite con Chile, a 4.000 metros de altura.

Las reservas estimadas superan los 10 millones de toneladas de cobre, lo que lo convertiría en una de las minas más grandes del mundo. Sin embargo, el proyecto lleva más de una década en pausa, víctima de la incertidumbre legal y los conflictos con comunidades. Fuentes del sector indican que Glencore está reevaluando su cartera de activos y que una eventual adhesión al RIGI podría destrabar el proyecto, aunque la empresa aún no ha presentado documentación formal.

Altar (San Juan) – Aldebaran Resources

Altar es otro gigante cuprífero sanjuanino que aguarda su oportunidad. Ubicado a 15 kilómetros al sur de Los Azules, el proyecto es controlado por Aldebaran Resources, una empresa junior canadiense con el respaldo de Rio Tinto (que posee un 20% del capital).

Los recursos estimados alcanzan las 12.500 millones de libras de cobre, con leyes que varían entre 0,30% y 0,40%. La empresa completó en 2025 un estudio de prefactibilidad que arrojó una inversión inicial de US$ 2.400 millones para una operación a cielo abierto con una vida útil de 20 años. Si bien aún no fue aprobado por el RIGI, Aldebaran anunció en febrero de 2026 que está en conversaciones avanzadas con el gobierno para ingresar al régimen.

Josemaría y Filo del Sol (San Juan) – Vicuña Argentina S.A.

El complejo Vicuña, que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, es quizás el proyecto más emblemático y a la vez más problemático del momento. Ubicado en el departamento Iglesia, a escasos kilómetros del límite con Chile y con La Rioja, este distrito minero es considerado uno de los hallazgos de cobre y oro más importantes de los últimos 30 años . Controlado por la empresa Vicuña Argentina S.A., una sociedad entre la canadiense Lundin Mining (50%) y la australiana BHP (50%), el proyecto prevé una inversión que supera los US$ 7.000 millones.

El potencial del distrito es colosal. Según estimaciones oficiales, la producción anual promedio durante los primeros 25 años completos de operación alcanzaría las 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata. Durante el pico de producción de una década, las cifras ascenderían a más de 500.000 toneladas de cobre y 800.000 onzas de oro anuales, o el equivalente a 800.000 toneladas de cobre . La construcción estaba prevista para iniciar en 2027.

Sin embargo, como veremos en detalle más adelante, Josemaría está en el centro de un conflicto judicial que amenaza con paralizar todo el desarrollo. La Justicia de La Rioja ordenó la suspensión de actividades por 30 días y el bloqueo del camino de acceso que atraviesa esa provincia, al considerar que la empresa no presentó el estudio de impacto ambiental requerido por las autoridades riojanas .

Veladero (San Juan) – Barrick Gold

Veladero no es un proyecto nuevo, sino una ampliación de una mina ya existente. La canadiense Barrick Gold obtuvo en marzo de 2026 la aprobación del RIGI para la «Ampliación Fases 8 y 9 del Sistema de Lixiviación en Valle de Mina Veladero», con una inversión de US$ 380 millones.

El objetivo es procesar un volumen adicional de 1.626.034 onzas de oro que no podrían ser tratadas con las instalaciones actuales, extendiendo la vida útil de la mina más allá de los siete años estimados actualmente. La empresa aseguró que el 20% de las inversiones se destinará a proveedores locales, cumpliendo con las exigencias de integración nacional del RIGI . El inicio de operaciones de la ampliación está previsto para el último trimestre de 2026.

Diablillos (Salta y Catamarca) – AbraSilver

El proyecto Diablillos, ubicado en la Puna salteña, sobre el límite con Catamarca, es una mina de oro y plata que promete generar 1.200 empleos directos y una inversión de US$ 760 millones . La empresa AbraSilver recibió la aprobación del RIGI en febrero de 2026, de la mano del ministro de Economía Luis Caputo, quien anunció la novedad a través de su cuenta de X .

El proyecto se encuentra en etapa avanzada de factibilidad, con la finalización del estudio de factibilidad definitivo (DFS) prevista para el segundo trimestre de 2026. La compañía espera recibir la aprobación de la declaración de impacto ambiental por parte de las provincias de Salta y Catamarca en el corto plazo, para luego tomar una decisión final de inversión antes de fin de año .

Fénix (Catamarca) – Rio Tinto

El gigante minero anglo-australiano Rio Tinto está dando pasos firmes en el litio argentino. En abril de 2026, el gobierno aprobó la adhesión de la empresa Minera del Altiplano S.A. (controlada por Rio Tinto) al RIGI para la «Expansión Fase 1B» del proyecto Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca.

La inversión asciende a US$ 530 millones y permitirá elevar la producción de carbonato de litio desde las actuales 28.500 toneladas anuales hasta 38.000 toneladas anuales, un incremento de 9.500 toneladas por año . Se estima la generación de más de 1.600 empleos y exportaciones anuales por US$ 165 millones. Esta es la segunda iniciativa de Rio Tinto en ingresar al RIGI, luego del proyecto Rincón en Salta, aprobado en 2025 con una inversión de US$ 2.700 millones .

Gualcamayo (San Juan) – Minas Argentinas

Otro proyecto que recibió la aprobación del RIGI es Gualcamayo, ubicado en el departamento Jáchal, San Juan.

La empresa Minas Argentinas (controlada por el empresario español Juan José Retamero) planea una inversión de US$ 665 millones para extender la explotación de oro y plata mediante un esquema de mineralización diferente al actual, con un alto impacto en empleo directo .

Capítulo II: El conflicto de Josemaría

En medio de este panorama de optimismo inversor, una noticia sacudió al sector minero a mediados de abril de 2026. La jueza de Cámara de Chilecito, La Rioja, María Greta Decker, dictó una medida cautelar que ordena la suspensión por 30 días de las actividades vinculadas al proyecto Vicuña y prohíbe el tránsito por el camino de Guandacol, la principal vía logística hacia el yacimiento ubicado en territorio sanjuanino .

La medida, que se hizo efectiva el 14 de abril de 2026, fue adoptada a raíz de una presentación del Gobierno de La Rioja, que reclama la falta de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) integral presentada por la empresa Vicuña Argentina S.A. ante las autoridades riojanas . Según consta en el expediente, la empresa solo habría presentado un informe parcial, limitado al tramo del camino que cruza la provincia, lo que fue considerado insuficiente por las autoridades.

El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, fundamentó la medida al señalar que la empresa no cumplió con los requerimientos ambientales exigidos por esa provincia, pese a utilizar territorio riojano para la logística del emprendimiento. «El ambiente no reconoce fronteras políticas», declaró Azulay, al remarcar que los impactos del proyecto podrían afectar directamente a comunidades riojanas como Guandacol, Villa Unión y zonas aledañas . Entre las principales preocupaciones mencionó el tránsito pesado de camiones, la dispersión de partículas en el aire y el ruido. “Vicuña no se ha sentado con nosotros, lo hemos pedido informal y formalmente en múltiples oportunidades. Pretenden presentarnos una actualización de la DIA del camino como si fuera una cuestión separada. Usan 150 kilómetros de nuestro camino, de los cuales 60 pasan por una reserva natural. No tenemos por qué pasar por tontos cuando solo queremos que presenten la EIA”, detalló el funcionario.

La resolución judicial establece que sin estudio de impacto ambiental aprobado no podrá haber actividad, lo que obliga a la empresa a adecuarse a la normativa riojana para poder retomar las tareas. Se trata de una «medida autosatisfactiva» basada en el principio preventivo, que busca evitar posibles daños ambientales antes de que se produzcan . La Policía riojana ya controla el acceso al proyecto a través del camino de Guandacol, impidiendo la circulación hacia la zona durante el plazo de suspensión .

¿Qué implica esta paralización?

Es importante aclarar que la medida no implica una paralización total del emprendimiento. La magistrada autorizó a la empresa Vicuña a mantener una dotación mínima de personal destinada a tareas de mantenimiento, cuidado y salubridad. Asimismo, la suspensión de actividades y la prohibición de circulación quedarán sin efecto una vez que la firma presente la Evaluación de Impacto Ambiental requerida ante la autoridad competente de la provincia de La Rioja .

Sin embargo, el mensaje político es contundente. La Rioja está dispuesta a utilizar todas las herramientas a su alcance para exigir que se respeten sus derechos ambientales y que la empresa compense a la provincia por el uso de su infraestructura vial. El fiscal de Estado riojano, Emilio Rodríguez, no descartó que, si el conflicto continúa, el caso pueda escalar a instancias superiores, incluyendo la Corte Suprema de Justicia .

Para San Juan, la decisión representa un obstáculo significativo en el avance de un proyecto clave para el desarrollo minero y la generación de empleo. La provincia vecina invirtió millones de dólares en promocionar el proyecto y atraer inversiones, y ahora ve cómo un fallo judicial de otra jurisdicción pone en riesgo todo ese trabajo. El episodio también abre un escenario de tensión entre jurisdicciones, algo que el RIGI, al ser un régimen nacional, no contempla explícitamente .

El fondo del conflicto: autonomía provincial y recursos compartidos

El conflicto por Josemaría pone de manifiesto una de las grandes asignaturas pendientes del federalismo argentino: la coordinación entre provincias para el desarrollo de proyectos que trascienden los límites administrativos. Si bien el yacimiento se encuentra íntegramente en San Juan, la empresa utiliza un camino que atraviesa 140 kilómetros de territorio riojano para acceder a la mina. Además, parte de la infraestructura de apoyo y los campamentos se encuentran del lado riojano.

La Rioja argumenta que no puede permitir que una actividad económica de esta magnitud genere impactos ambientales en su territorio sin que la empresa presente los estudios correspondientes y sin que la provincia reciba una compensación adecuada. El gobierno riojano, presidido por Ricardo Quintela, ha sido históricamente crítico con la megaminería, aunque en los últimos años moderó su postura ante la necesidad de inversiones y empleo.

Por su parte, San Juan sostiene que el proyecto es estratégico para la región y que la empresa ya cuenta con todas las aprobaciones ambientales de la provincia anfitriona. El gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, intentó mediar en el conflicto, pero hasta el momento no logró destrabar la situación.

El episodio es una advertencia para otras empresas mineras que operan en zonas limítrofes. Si una provincia puede paralizar un proyecto de US$ 7.000 millones con una medida cautelar basada en la falta de un estudio de impacto ambiental para el uso de un camino, entonces la seguridad jurídica que promete el RIGI se ve seriamente comprometida.

Capítulo III: La modificación de la Ley de Glaciares

Qué cambió con la nueva ley

El 2 de abril de 2026, el Congreso nacional dio un paso decisivo al sancionar la modificación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), una normativa que desde 2010 prohibía la actividad minera en glaciares y periglaciares de todo el país. La reforma, impulsada por el Poder Ejecutivo y aprobada por ambas cámaras (Diputados y Senadores), introduce cambios significativos en la definición de «periglaciar» y en los procedimientos de autorización para proyectos mineros .

La versión original de la ley, sancionada en 2010 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, definía al ambiente periglaciar como «aquellas áreas con suelos congelados que actúan como reguladores de los recursos hídricos». Esta definición, considerada ambigua por los especialistas, fue utilizada por organizaciones ambientalistas y jueces para paralizar decenas de proyectos mineros en todo el país, desde Santa Cruz hasta San Juan.

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La nueva redacción acota la definición de periglaciar a «aquellas áreas con permafrost (suelo permanentemente congelado) identificado y caracterizado fehacientemente mediante estudios de campo». Además, establece que la actividad minera podrá desarrollarse en zonas periglaciares siempre que se realice un estudio de impacto ambiental específico y se adopten las medidas de mitigación necesarias. La ley también crea un registro nacional de glaciares y periglaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que deberá actualizarse cada cinco años.

El argumento oficial: desarrollo con responsabilidad

El gobierno nacional defendió la modificación argumentando que la ley anterior era excesivamente restrictiva y se basaba en criterios científicos obsoletos. El gobierno Nacional, manifesto «la reforma no autoriza la minería en glaciares, que siguen protegidos, sino que permite la actividad en zonas periglaciares con estudios previos y controles estrictos».

Los impulsores de la reforma señalan que países como Chile, Perú y Canadá, con vastas experiencias mineras en zonas de altura, cuentan con regulaciones ambientales exigentes pero no prohibitivas. La minería en periglaciares es técnicamente posible si se adoptan las medidas adecuadas, y muchos de los proyectos más importantes del mundo operan bajo esas condiciones.

Además, el gobierno enfatiza que los recursos minerales de la Cordillera de los Andes representan una oportunidad única para que Argentina genere divisas, empleo y desarrollo en regiones postergadas. El cobre, el litio, el oro y la plata son minerales críticos para la transición energética, y el país no puede darse el lujo de dejar esos recursos bajo tierra mientras otros países (como Chile y Perú) aprovechan los suyos.

La amenaza ambientalista: judicialización y recolección de firmas

Sin embargo, la batalla recién comienza. Organizaciones ambientalistas de todo el país, incluyendo FARN, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), anunciaron que impugnarán la reforma ante la Corte Suprema de Justicia. Argumentan que la ley viola el principio de progresividad ambiental consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos.

En declaraciones a los medio, una de las abogadas ambientalista que impulsa la junta de firmas explicó: «La Ley de Glaciares fue sancionada para proteger los recursos hídricos de todo el país, no solo los glaciares visibles. La nueva definición de periglaciar es tan restrictiva que prácticamente deja sin protección a la mayoría de las áreas de recarga de acuíferos en la cordillera. Vamos a llevar el caso a la Corte Suprema y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».

Además de la estrategia judicial, las organizaciones ambientalistas están llevando adelante una campaña de recolección de firmas para solicitar un referéndum popular que derogue la reforma. Según fuentes de FARN, ya han recolectado más de 500.000 firmas en todo el país, y esperan alcanzar el millón antes de fin de mes.

El gobierno, por su parte, minimiza el impacto de la campaña.

El impacto en los proyectos mineros

Si la reforma es judicializada y eventualmente suspendida por la Corte Suprema, el impacto en los proyectos mineros sería devastador. Muchos de los desarrollos más importantes del país, incluyendo Los Azules, Altar, Josemaría y Filo del Sol, se ubican en zonas de altura donde existen formaciones glaciares y periglaciares. Bajo la vieja ley, esos proyectos estaban prácticamente paralizados. Si la nueva ley cae, volverán a estarlo.

La incertidumbre legal es el peor enemigo de la inversión minera. Las empresas necesitan reglas de juego claras y estables por décadas, no sujetas a vaivenes políticos o judiciales. El RIGI ofrece beneficios fiscales y cambiarios, pero no puede garantizar la estabilidad regulatoria si una ley ambiental clave es constantemente cuestionada.

Un alto ejecutivo de una empresa minera con proyectos en San Juan, que pidió reserva de su nombre, señaló a este medio: «Estamos monitoreando muy de cerca lo que pasa con la Ley de Glaciares. Si la Corte Suprema la suspende, tendremos que reevaluar seriamente nuestras inversiones. No podemos poner US$ 2.000 millones o US$ 3.000 millones en un país donde las reglas cambian cada dos años».

Capítulo IV: El futuro de la minería argentina

La tensión entre federalismo y centralismo

El conflicto por Josemaría y la judicialización de la Ley de Glaciares revelan una tensión profunda en el modelo de desarrollo minero argentino. Por un lado, el gobierno nacional impulsa un modelo centralizado, con reglas uniformes (como el RIGI) y una clara preferencia por la atracción de inversiones. Por el otro lado, las provincias (dueñas originarias de los recursos naturales según el artículo 124 de la Constitución Nacional) y los movimientos ambientalistas exigen autonomía y control local.

El federalismo minero argentino es complejo. Cada provincia tiene su propio código minero y su propia autoridad de aplicación. San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy son provincias mineras por excelencia, con gobiernos que apoyan activamente el desarrollo del sector. La Rioja, La Pampa, Mendoza y otras provincias tienen posiciones más cautelosas o directamente restrictivas.

La modificación de la Ley de Glaciares y el RIGI son herramientas nacionales que buscan armonizar las reglas y destrabar proyectos, pero chocan con la realidad del poder provincial. El fallo de la jueza Decker en La Rioja es un recordatorio de que las provincias conservan herramientas legales para frenar proyectos que consideran lesivos para sus intereses.

El rol de las comunidades locales

Otro factor crítico es la relación de las empresas mineras con las comunidades locales. En los últimos años, los conflictos mineros en Argentina (como Famatina en La Rioja, o Esquel en Chubut) demostraron que el rechazo social puede ser tan efectivo como una ley para paralizar un proyecto.

Las empresas que operan bajo el RIGI están obligadas a cumplir con estándares internacionales de responsabilidad social, incluyendo la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas (conforme al Convenio 169 de la OIT). Sin embargo, la implementación de estos estándares en Argentina es deficiente, y los conflictos suelen terminar en los tribunales.

El caso de Josemaría es ilustrativo. Si bien la empresa realizó extensas consultas en San Juan, no hizo lo mismo en La Rioja, donde las comunidades de Guandacol y Villa Unión nunca fueron adecuadamente informadas sobre los impactos del proyecto en su territorio. La orden judicial de la jueza Decker podría haberse evitado si la empresa hubiera tendido puentes con las autoridades y comunidades riojanas desde el principio.

Perspectivas a futuro

A pesar de los obstáculos, el sector minero argentino mantiene un optimismo cauteloso. La combinación del RIGI, la reforma de la Ley de Glaciares y el contexto internacional de altos precios de los minerales críticos crea una ventana de oportunidad única.

En los próximos meses, se espera que varios proyectos más se sumen al RIGI. Fuentes del gobierno señalaron que hay al menos tres iniciativas de desarrollos petroleros nuevos en carpeta, que involucran entre US$ 8.000 millones y US$ 10.000 millones extra. En minería, se espera que proyectos como PSJ Cobre Mendocino (Mendoza) y El Pachón (San Juan) presenten su adhesión en el corto plazo.

Sin embargo, el desenlace de los conflictos judiciales será determinante. Si la Corte Suprema falla a favor del gobierno en el caso de la Ley de Glaciares, y si La Rioja y San Juan logran un acuerdo para destrabar Josemaría, entonces el escenario será muy favorable. Si, por el contrario, la reforma es declarada inconstitucional y el conflicto por Josemaría se prolonga, entonces muchas empresas reevaluarán sus inversiones y el país perderá una oportunidad histórica.