El presidente Javier Milei firmó el Decreto 865/2025, publicado en el Boletín Oficial, que convoca a Sesiones Extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. La Ley de Glaciares aparece entre los primeros temas del temario, en un movimiento político que apunta a destrabar inversiones por más de USD 15.000 millones en proyectos de cobre y litio. La convocatoria confirma lo adelantado por el sitio especializado SectorMinero.com.ar y anticipa un verano atravesado por reformas estructurales.
Diciembre deja de ser mes de cierre y se convierte en mes bisagra para la minería argentina.
Un decreto que reordena la agenda económica y coloca a la minería en el centro del debate
El Decreto 865/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado oficialmente este martes, redefine la dinámica legislativa de fin de año: al convocar al Congreso a Sesiones Extraordinarias del 10 al 30 de diciembre, el Ejecutivo envía una señal directa a los mercados y a las provincias cordilleranas. La Ley de Glaciares deja de ser una discusión postergada en comisiones y pasa a ocupar un lugar prioritario dentro de la agenda económica nacional.
En la Casa Rosada consideran que la normativa vigente, sancionada en 2010, se transformó en un obstáculo crítico para el desarrollo de proyectos mineros estratégicos —principalmente de cobre y litio— ubicados en la Cordillera de los Andes. La amplitud con la que hoy se interpreta el “ambiente periglacial” bloquea desarrollos ubicados en zonas sin hielo permanente, generando inseguridad jurídica y frenando inversiones que superan los USD 15.000 millones. El llamado extraordinario busca abrir el debate legislativo antes de fin de año y acelerar una corrección técnica que el sector productivo viene reclamando desde hace más de una década.
En una frase: para el Gobierno, la Ley de Glaciares dejó de ser un tema ambiental aislado y pasó a ser un cuello de botella económico que define inversión, empleo y dólares de exportación.
La Ley de Glaciares llega al Congreso: una definición técnica que puede destrabar miles de millones
Entre los primeros puntos del temario incluido en el decreto aparece explícitamente la revisión de la Ley de Glaciares. La propuesta del Ejecutivo apunta a precisar la delimitación del “ambiente periglacial”, reemplazando definiciones abstractas por criterios basados en evidencia geocientífica y cartografía actualizada, con participación de organismos técnicos como el IANIGLA y las provincias cordilleranas.
En la práctica, la falta de claridad normativa provocó que extensas zonas de alta cordillera —sin hielo, sin glaciares inventariados y sin evidencia periglacial activa— quedaran sujetas a prohibiciones absolutas para la minería, aun cuando los estudios de impacto ambiental demostraban viabilidad. Proyectos como Los Azules, El Pachón, Josemaría, Taca Taca, MARA y Altar, entre otros, enfrentaron demoras, judicialización o limitaciones derivadas de este marco impreciso.
Expertos como el geólogo y abogado Favio Casarín sostienen que la ley “nació mal y se aplicó peor”, no por su objetivo de proteger el agua, sino porque confundió protección con prohibición indiscriminada. La reforma no apunta a reducir la tutela sobre los glaciares, sino a ordenarla técnicamente, asegurando que la prohibición opere donde realmente existen glaciares o reservorios hídricos permanentes, y no sobre cerros secos que nunca funcionaron como reserva de agua.
Presupuesto, Inocencia Fiscal y reformas estructurales: la tríada que completa el paquete extraordinario
La Ley de Glaciares no llegará sola al recinto. El Decreto 865/2025 incluye también el tratamiento del Presupuesto Nacional 2026 y el proyecto de “Inocencia Fiscal”, una iniciativa destinada a reordenar plazos de prescripción, responsabilidad tributaria y carga administrativa sobre pymes y contribuyentes. El paquete apunta a cerrar el año con tres objetivos claros: dar previsibilidad macroeconómica, liberar el acceso a inversiones productivas y destrabar proyectos que dependen de un andamiaje legal demasiado rígido para un país que necesita dólares, empleo y exportaciones.
El decreto especifica, además, que en febrero se convocará a un nuevo ciclo legislativo para abordar tres reformas estructurales: la laboral, la fiscal y la penal. Esa transición convierte al verano 2026 en un punto de inflexión para el modelo económico que la administración Milei pretende consolidar, con la minería y la energía como pilares explícitos de la estrategia de crecimiento.
Las provincias mineras presionaban por este debate: San Juan, Catamarca y Salta piden definiciones claras
Hace más de cinco años que gobernadores, cámaras mineras, universidades y equipos técnicos reclaman una revisión del marco vigente. Las provincias cordilleranas alertan que la aplicación actual de la Ley de Glaciares genera una distorsión territorial que impide avanzar con proyectos evaluados ambientalmente y aprobados por organismos técnicos provinciales, pero trabados en la instancia judicial o por temor a litigios futuros.
San Juan —donde se encuentran Los Azules, Altar, El Pachón y Josemaría— es el epicentro de ese reclamo. Catamarca enfrenta desafíos similares en MARA y en zonas de alto potencial litífero. Salta también exige claridad para no frenar la expansión de proyectos en áreas precordilleranas sin glaciares. Para estos distritos, la aclaratoria no es un tecnicismo: es la diferencia entre una década de inversiones y empleo o una década de oportunidades perdidas.
El decreto presidencial funciona como un gesto político hacia esas provincias: la minería vuelve a la mesa legislativa como política de Estado, y no solo como una disputa ideológica entre “extractivismo” y “ambientalismo”. El mensaje es claro: sin un marco técnico razonable, la Argentina seguirá mirando desde afuera el boom global de minerales estratégicos.
Qué se juega el país en diciembre: cobre, litio y la ventana histórica de la transición energética
La Argentina está frente a una de las ventanas más grandes de su historia reciente para integrarse a las cadenas globales de minerales críticos. Con un déficit estructural de divisas y un escenario internacional que demanda cobre y litio para electrificación, almacenamiento energético, electromovilidad e infraestructura industrial, la posibilidad de destrabar proyectos hoy paralizados tiene un impacto económico directo en exportaciones, empleo y recaudación fiscal.
De aprobarse la aclaratoria, el país podría sumar decenas de miles de empleos de calidad, expandir exportaciones mineras y recuperar competitividad frente a Perú y Chile, que llevan años de ventaja en volumen de producción y estabilidad regulatoria. Si el debate se rechaza o se dilata sin definiciones claras, la Argentina corre el riesgo de quedar fuera de un ciclo global que no espera y que ya está redistribuyendo inversiones hacia jurisdicciones con reglas previsibles.
Claves para entender las Extraordinarias de diciembre
- El Decreto 865/2025 convoca a Sesiones Extraordinarias del 10 al 30 de diciembre.
- La Ley de Glaciares será uno de los ejes centrales del temario legislativo.
- La modificación podría destrabar proyectos mineros por más de USD 15.000 millones.
- La convocatoria confirma lo adelantado por el sitio especializado SectorMinero.com.ar.
- Se discutirán también el Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal.
- En febrero se debatirán reformas laboral, fiscal y penal como parte de un nuevo paquete estructural.
Lo que viene: el Congreso define si Argentina entra o queda afuera del boom de minerales estratégicos
Si la aclaratoria de la Ley de Glaciares se aprueba en diciembre, las empresas podrán retomar estudios, perforaciones y planes de inversión detenidos o ralentizados a la espera de definiciones normativas. Si el Congreso decide postergar la discusión o la empantana, el país profundizará la incertidumbre regulatoria que hoy frena financiamiento internacional y obliga a las compañías globales a mirar hacia otras jurisdicciones de la región.
La pregunta de fondo no es ambiental contra productivo; es si Argentina puede combinar rigurosidad científica, protección efectiva de glaciares y desarrollo sostenible en la cordillera. Diciembre será el termómetro real de esa capacidad política y técnica: del resultado de estas sesiones dependerá si el país ingresa plenamente en el boom de minerales estratégicos o elige, una vez más, quedarse al margen.
Análisis final: un movimiento político que define el modelo económico
Con este decreto, Milei deja en claro que la minería de cobre y litio es pilar central de su estrategia de crecimiento y de la negociación con las provincias. La decisión de colocar la Ley de Glaciares al frente del paquete extraordinario revela un cambio profundo: la Argentina comienza a discutir no sólo cómo proteger sus recursos naturales, sino cómo integrarlos de manera inteligente al desarrollo económico, con reglas claras, previsibles y compatibles con estándares internacionales modernos.
El Congreso será, una vez más, el campo de batalla donde se definirá si la Argentina apuesta por un modelo de crecimiento productivo, apoyado en la minería moderna, la energía y las exportaciones, o si continúa atrapada en marcos normativos diseñados para un país que ya no existe. La cuenta regresiva ya empezó y, esta vez, diciembre no será un mes de brindis y foto institucional: será el mes en que se ponga en juego el rumbo de la próxima década minera.
