El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, advirtió que la falta de un marco normativo coherente y políticas predecibles está frenando inversiones claves. La incertidumbre política y legal se suma a una caída de precios internacionales y un escenario electoral incierto.
Radiografía del sector: potencial inmenso, desarrollo mínimo
“La minería argentina tiene potencial, pero seguimos sin condiciones básicas para que se convierta en realidad”, sentenció Cacciola en su reciente exposición. Pese al creciente interés inversor, la indefinición normativa y la superposición de competencias entre Nación y provincias generan un contexto de parálisis.
Según CAEM, la Argentina se encuentra en una posición crítica: posee una geología excepcional, con grandes reservas de cobre, litio, oro y plata, pero su producción efectiva continúa por debajo de las expectativas regionales. En contraste, Chile y Perú consolidaron sus marcos regulatorios hace más de dos décadas, captando inversiones que hoy superan los 15.000 millones de dólares anuales.
El RIGI, una oportunidad que necesita complementos
Cacciola consideró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) representa “una oportunidad importante para equilibrar la carga tributaria y garantizar acceso a divisas”, pero aclaró que no puede resolver por sí solo la falta de seguridad jurídica. “El RIGI necesita estar acompañado por reglas estables y coordinación efectiva entre Nación y provincias”, subrayó.
El dirigente insistió en que sin una reforma profunda del sistema tributario y una política minera federal coherente, “ningún inversor asumirá riesgos de largo plazo”.
Leyes que traban y leyes que faltan
Uno de los puntos más sensibles del diagnóstico fue la crítica a la Ley de Glaciares, a la que calificó de “confusa y paralizante”. Cacciola propuso tres caminos: una nueva ley, un DNU reglamentario o un acuerdo institucional con aval de la Corte Suprema que despeje las ambigüedades actuales.
También expresó preocupación por el proyecto de Ley de Humedales, que podría “afectar la explotación de salares de litio” si no se clarifica su alcance territorial. En paralelo, reclamó una modernización del Código de Minería y la creación de un Consejo Federal de Política Minera, que actúe como espacio permanente de concertación.
Litio en expansión, oro en declive y cobre en espera
Según datos de CAEM, actualmente hay siete proyectos de litio en producción, mientras que seis proyectos de cobre avanzan hacia etapas de prefactibilidad o factibilidad. Sin embargo, la producción aurífera muestra un descenso sostenido por conflictos laborales, costos internos y demoras regulatorias.
Desde 2018, la producción de litio creció un 238%, impulsada por la demanda internacional de baterías eléctricas. En tanto, Argentina ocupa el cuarto lugar en reservas de oro en Latinoamérica, aunque con una explotación por debajo de su potencial.
El reparto fiscal y la mirada provincial
Cacciola cuestionó la actual distribución de los recursos fiscales mineros: el 62% queda en manos de la Nación y solo el 38% se reinvierte en las provincias productoras. Esta asimetría —dijo— limita la capacidad de las jurisdicciones para financiar infraestructura, caminos, energía y servicios básicos.
“Necesitamos que el desarrollo minero genere valor en las comunidades cercanas, priorizando proveedores locales y formación de trabajadores”, enfatizó. En provincias como Catamarca y San Juan, más del 70% de los proveedores mineros son pymes regionales, pero su consolidación depende de políticas estables y previsibles.
Lo que viene: definiciones políticas o retroceso
Para CAEM, el escenario está en una encrucijada. Los proyectos de cobre como Los Azules, El Pachón, MARA y Altar podrían transformar la economía nacional si se garantizan condiciones de largo plazo. Pero sin consensos políticos, advierten, el país seguirá exportando oportunidades en lugar de minerales.
“El desarrollo minero en Argentina dependerá de decisiones políticas firmes y consensuadas —cerró Cacciola—. Si no hay seguridad jurídica y acuerdos institucionales claros, perderemos inversiones y desarrollo”.
